La reciente reforma judicial en México ha sido presentada como una solución a los problemas estructurales que enfrenta la justicia en el país. Sin embargo, un análisis más profundo revela que estas reformas no solo son insuficientes para transformar la situación de los trabajadores y del pueblo pobre, sino que, en realidad, consolidan el poder de la clase dominante: la burguesía. Siguiendo la línea de pensamiento de Karl Marx, podemos afirmar que el derecho y la legislación están ligados a las relaciones de producción de cada época, y en el contexto actual, estas reformas se articulan en función de los intereses de quienes ya tienen el poder. A pesar de las promesas del gobierno de la Cuarta Transformación de priorizar a los pobres, la realidad cotidiana de la población sigue sin mejorar.
Los programas de apoyo económico, aunque necesarios en su momento, no han sido suficientes para transformar las condiciones materiales de vida de los mexicanos. En términos de salud, educación y seguridad, el avance ha sido escaso, lo que refleja que las reformas anunciadas no son más que un maquillaje de un sistema que sigue favoreciendo a la élite.
La reforma judicial, al ser impulsada desde una perspectiva que no cuestiona las bases del sistema capitalista, se convierte en una herramienta más para la perpetuación del status quo.
Las condiciones materiales de la vida de los pueblos son las que deberían realmente dictar las políticas del Estado y, por ende, del derecho; es claro que esto está muy lejos de la realidad, quien ostenta el poder es quien dicta cómo se desarrolla y se desenvuelven las reglas y leyes municipales, estatales y federales.
En un sistema capitalista como el mexicano, la burguesía se beneficia de un marco legal que protege sus intereses, por tanto, la reforma judicial, al ser impulsada desde una perspectiva que no cuestiona las bases del sistema capitalista, se convierte en una herramienta más para la perpetuación del status quo. Los cambios propuestos no alteran la estructura de poder existente, sino que le otorgan nuevos instrumentos para controlar y manipular la justicia en beneficio propio.
Es crucial entender que la reforma judicial no se desarrolla en un vacío; se inscribe en un contexto donde la clase dominante se asegura de mantener sus privilegios. Al no tener verdaderos contrapesos se fortalece el aparato judicial de un solo lado; entendamos que dicha maniobra facilita los intereses de cierta élite mexicana y hasta extranjera y se impongan sobre los derechos de la clase trabajadora. Los jueces y magistrados, en su mayoría parte de la misma clase por obvia conveniencia social y económica que se beneficia del sistema, no tiene motivo alguno para actuar en contra de sus propios intereses y mucho menos de la clase en el poder. Así, los conflictos laborales, las demandas por derechos humanos y las exigencias de justicia social seguirán siendo desestimadas, mientras las élites políticas y económicas continúan utilizando el sistema judicial para proteger sus propios intereses.
La reforma judicial es, en este sentido, un castillo en el aire que promete un cambio sin abordar las raíces de la problemática social. La falta de acceso a la justicia para los sectores más vulnerables no se resolverá simplemente con un nuevo marco legal, sino que requiere un cambio radical en la estructura socioeconómica del país. La justicia debe ser accesible y estar orientada a la defensa de los derechos de los trabajadores, no a la protección de los intereses de una minoría. Además, es importante resaltar que el discurso de “primero los pobres” se ha utilizado como un recurso para justificar políticas que, en la práctica, no generan un impacto significativo en la vida de las personas. La retórica puede ser convincente, pero la experiencia diaria de millones de mexicanos contradice las afirmaciones del gobierno. La precariedad laboral, la falta de acceso a servicios de salud dignos y la creciente inseguridad son solo algunos de los problemas que persisten, a pesar de los esfuerzos anunciados. En conclusión, la reforma judicial en México es un intento más de enmascarar la realidad de un sistema que, lejos de servir a la clase trabajadora, favorece a quienes ya tienen el poder. Las promesas de cambio son vacías si no vienen acompañadas de una revolución por demás profunda de las estructuras que perpetúan la desigualdad.
Sin un verdadero compromiso con la transformación social, cualquier reforma legal seguirá siendo un mecanismo al servicio de la clase dominante, dejando a los trabajadores y al pueblo pobre en la misma situación de desamparo y exclusión.
La justicia, en lugar de ser un derecho universal, se convierte en un privilegio para unos pocos, perpetuando así un periodo o un ciclo muy extenso de injusticia que solo puede romperse cambiando de modelo económico, donde no prive la concentración de la riqueza producida, riqueza que produce día a día la clase trabajadora de México y el mundo entero, riqueza que solo ven pasar por sus manos, creando un sentimiento de insatisfacción en cada trabajador de manera individual, pero no así colectiva, pero que cada individuo no concientiza y no le queda claro cual es el la raíz de trabajar hasta el hartazgo y no poder disfrutar lo que produce en el largo ciclo productiva de su vida.
Para que verdaderamente cambie de raíz cualquier situación de opresión (como la reforma judicial) la clase trabajadora, la propiedad capitalista debe ser reemplazada por la propiedad social que constituye la negación de aquella, del mismo modo que la propiedad capitalista representó la negación de la pequeña propiedad privada basada en el trabajo; bajo la propiedad social los medios de producción se unen nuevamente a la fuerza de trabajo, pero ya en las condiciones de una producción social.
Esa propiedad social, socialista por su esencia, surgirá como resultado de una revolución proletaria en la que el proletariado no solamente se libera a sí mismo de la explotación capitalista, sino que también libera, a todas las demás capas de trabajadores.
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