Las diferencias entre el Gobierno de Colima, encabezado por la gobernadora, Indira Vizcaíno Sánchez, y el Ayuntamiento de Manzanillo, presidido por la alcaldesa, Griselda Martínez Martínez, mantienen en vilo la entrega, bajo la figura de comodato, de 20 patrullas a favor del municipio referido.
Lo anterior, porque con el argumento de falta de transparencia en el convenio de comodato, Martínez Martínez se niega a aceptar la dotación de las 20 unidades. En un comunicado de prensa, mencionó que aún hay "muchos detalles" que no han sido transparentados y se desconocen algunos aspectos del documento que tendría que firmar en caso de que acepte las patrullas.
Estas unidades vehiculares, destinadas a la seguridad pública, provienen de un arrendamiento financiero, con recursos del Fondo para la Seguridad, que realizó el Gobierno local unas semanas después de que la gobernadora, Indira Vizcaíno asumiera la gubernatura, con el objetivo de entregarlas a la Policía Estatal, a la Fiscalía General del Estado y a los ayuntamientos.
Con el "arrendamiento financiero", el Gobierno local adquirió 157 patrullas por cerca de 300 millones de pesos que serán cubiertos durante los próximos tres años; sin embargo, la alcaldesa de Manzanillo se negó a aceptar 20 unidades previstas para el Ayuntamiento a su cargo.
“Hasta exgobernadores y medios de comunicación quieren presionarme para que yo reciba estas patrullas que, sabemos, son de una empresa del Estado de México y que su representante es un prominente priista del grupo de Peña Nieto, y que esa empresa nació, justamente, en el gobierno del expresidente, por lo que debemos estar alerta”, arguyó.
Destacó que el que una empresa vinculada a un grupo de priistas, la instrucción de que las patrullas estén sujetas a una referencia satelital y que esta información la tenga el arrendador, además de las unidades sean rentadas en lugar de comprarlas y que después sean propiedad del Gobierno municipal, son temas que le preocupan y que propician su negativa a aceptarlas.
“Siempre será mejor para las administraciones públicas comprar los bienes en lugar de arrendarlos, pues es más económico; rentando se paga tres veces más caro de lo que cuestan las unidades y se queda uno sin ellas”, apuntó.
Explicó que la propia titular del Secretariado de Seguridad del Estado, le informó que las patrullas que se entregarían estaban en esta condición de arrendamiento, dispuesto así, 15 días antes de que concluyera el mandato del gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez.
Ante estas acusaciones la secretaria General del Gobierno, María Guadalupe Solís Ramírez, mencionó el pasado 18 de enero, que hasta la fecha la presidenta Griselda Martínez no había respondido al oficio que le fue enviado, por lo cual tendrían que reasignar las unidades que eran para Manzanillo. También explicó que ella tenía conocimiento que el monitoreo digital, estaría a cargo del Secretario Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública.
Por su parte, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, informó que el proceso de adquisición de patrullas fue aprobado por el Secretariado Ejecutivo Nacional y que el proceso administrativo fue revisado por su equipo de entrega- recepción, por ende, todo está en regla y que la mayor parte de recursos que se utilizarán para esta adquisición es federal.
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