En tiempos recientes, la democracia en México ha sido reducida, en la percepción de muchos, a un mero acto de acudir a las urnas. Tras emitir su voto, el ciudadano regresa a sus actividades cotidianas, dejando en manos de las autoridades electas la tarea de gobernar, legislar y procurar justicia. Sin embargo, en una democracia real, la participación ciudadana debe ir mucho más allá de este ritual electoral.
Una sociedad democrática se fortalece con la organización social en múltiples formas, ya que esta es la herramienta más efectiva para contrarrestar los excesos de los gobernantes.
La democracia no termina en las urnas, y el camino hacia una sociedad más equitativa pasa por la organización y el compromiso político.
El involucramiento activo de la ciudadanía es esencial para evitar los actos arbitrarios y para amplificar las voces de quienes sufren injusticias. La verdadera medida del progreso de una sociedad no es solo su economía, sino también el respeto que las autoridades tienen hacia sus gobernados.
El desarrollo social en México debería facilitar la integración de propuestas ciudadanas en el ámbito gubernamental, permitiendo que estas se reflejen en la distribución de recursos y el gasto social. No obstante, la realidad dista mucho de este ideal.
Quienes han alcanzado cargos públicos gracias al voto popular, en muchos casos, se han vuelto sordos a las demandas del pueblo. Las peticiones legítimas, por muy respetuosas que sean, suelen ser ignoradas, y cualquier grupo que busque organizarse para reclamar derechos es rápidamente descalificado y atacado.
El actual Gobierno federal es un claro ejemplo de esta dinámica. Desde antes de asumir el poder, se ha dedicado a desacreditar toda forma de organización popular.
Hemos sido testigos de cómo, desde los más altos niveles de la política, se lanza una retórica virulenta contra movimientos ciudadanos: padres de niños con cáncer, médicos despedidos, productores rurales, madres buscadoras y organizaciones sociales han sido objeto de ataques, simplemente por exigir sus derechos básicos.
En este contexto, surge la urgente necesidad de un cambio profundo. No basta con organizar protestas o emitir reclamos esporádicos; debemos avanzar hacia una estructura política que represente verdaderamente los intereses de la ciudadanía.
Es momento de formar un partido político de nuevo tipo, un partido del pueblo que no sea un refugio para oportunistas en busca de poder, sino una fuerza compuesta por mujeres y hombres comprometidos con el bienestar del pueblo.
Este nuevo partido debe ser una alternativa real, consciente de la situación actual y abierta a aprender de los éxitos de otros países sin caer en la mera imitación. Necesitamos un partido que priorice las soluciones a los problemas más acuciantes de nuestra sociedad, que escuche las demandas de los menos favorecidos y que no tema confrontar a quienes detentan el poder cuando sea necesario. Solo así podremos empezar a cambiar la situación del pueblo mexicano.
En conclusión, la democracia no termina en las urnas, y el camino hacia una sociedad más equitativa pasa por la organización y el compromiso político. Es hora de dar el siguiente paso y forjar una nueva fuerza política que represente verdaderamente al pueblo, que escuche sus reclamos y actúe con el único objetivo de mejorar la vida.
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