De acuerdo con especialistas en distintas materias, en Guerrero la violencia se ha convertido en un método de represión y sometimiento ante el debilitamiento del Estado como órgano encargado de hacer valer y cumplir la ley, trayendo como consecuencia que quienes buscan actuar fuera del marco de la ley, es decir, de forma ilegal, respondan con más violencia, dejando en el fuego cruzado a la población civil que, además de ser víctima de los grupos criminales, es también víctima de un Estado incapaz de salvaguardar la integridad de sus gobernados al estar al servicio exclusivo de una élite que lo utiliza para beneficio propio.
De acuerdo con el doctor en sociología por la UNAM y especialista en Movimientos Indígenas y Organizaciones Sociales, Sergio Sarmiento Silva, dicha incapacidad de las autoridades gubernamentales en los distintos poderes ha obligado a que sea el ejército mexicano quien se asiente en este territorio para brindar la seguridad pública, deslindándose totalmente de su obligación y delegándola un ente que no le compete ni está facultado para ello.
Pese a que este fenómeno se ha normalizado, los objetivos continúan sin alcanzarse, por el contrario, ha provocado que la violencia se encone, evitando así que ni la paz, ni el control de la violencia se garantice. Lamentablemente, quienes llegan al poder carecen de una estrategia concreta para revertir dicho fenómeno, sólo recurren a la Federación, evidenciando la incapacidad de las clases políticas en turno.
A esto se suma la campante impunidad que prevalece. En Guerrero existe un alto y peligroso porcentaje de impunidad, es decir, no se sanciona a los infractores de la ley, dándoles manga ancha para hacer y deshacer a placer. Muestra de ello es que durante los primeros cuatro meses del año Guerrero registró 535 asesinatos, 114 más que el año anterior en el mismo periodo, colocándolo como uno de los estados con mayor índice de homicidios dolosos.
¿Por qué, pues, no se aplica el Estado de Derecho en Guerrero? De acuerdo con Ventura Godoy, maestro en derecho penal por la Universidad Autónoma de Guerrero, la respuesta es porque “también existe un cartel de los partidos políticos que defienden los mismos intereses (que algunos grupos delictivos) y recurren a las mismas prácticas como tomar carreteras. Eso provoca la impunidad”.
Lo peligroso de esta situación, que viene replicándose desde años atrás, es que quienes se disputan el poder político en Guerrero han hecho de la violencia un método tradicional para conseguirlo, provocando que los sectores civiles que quieren mejorar su endeble condición social y material, debido a la profunda pobreza enraizada en todos los municipios de este estado, se vean obligados a defenderse bajo un mecanismo similar, surgiendo así una lucha armada contra los grupos caciquiles; véase el caso de las policías comunitarias que surgen ante la incapacidad del gobierno para resolver conflictos sociales.
Ante esta situación, los grupos sociales que ven el poder político como una herramienta para poder transformar su entorno mejorando las condiciones materiales deben enfrentarse a una violencia descontrolada, por una lado, la de los grupos delictivos que imperan, por el otro, la negligencia y complicidad del aparato gubernamental al servicio de una élite, así como la represión directa de los grupos caciquiles que se han adueñado de ese poder político y no están dispuestos a dejar que cambie de manos.
Veamos, por ejemplo, el caso de Salgado Macedonio, que, pese a perder la candidatura a gobernador, logró imponer en su lugar a su hija y actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. Si bien es cierto que, cuando Salgado Macedonio militaba en el PRD buscó destronar al PRI, ahora es él y el grupo que representa el que se ha encumbrado al amparo de Morena. La consecuencia lógica de estos fenómenos es que las necesidades del pueblo continúen olvidadas y se atienda solo los intereses de quien controla el poder político, permitiendo que la pobreza se profundice cada vez más.
La única solución viable es que el pueblo se organice, a pesar de que el actual gobierno federal aborrece la organización social. Si bien es cierto, este tipo comportamientos de repudio dañan la vida política del país porque no hay quien ayude a las personas al estar aislados y el Estado tampoco puede hacerlo ante su conflicto de intereses. Pero esto no es nuevo, la historia de nuestro país no ha demostrado que las elites han logrado desarticular los intentos de organización con represión a sangre y fuego.
Dijo Marcel Ollivier que es inevitable que el primer gesto de una clase que se libera sea el vengarse de sus opresores de la víspera. Y mientras más cruel sea la opresión, será más cruel la venganza. Mientras existan clases oprimida, habrá que esperar terribles explosiones el día en que tales clases se liberen del yugo que pesaba, hasta entonces, sobre ellas. Y sería una singular hipocresía querer reprocharles ese deseo de venganza, demasiado natural.
Estamos a tiempo de evitar ese estallido violento y vengativo. La opción viable que le queda al pueblo de México, y particularmente de Guerrero, es la lucha social organizada, manifestarse y exigir lo que es suyo como lo hacían Conrado Hernández y Mercedes Martínez, quienes, por dedicar su vida a organizar y politizar al pueblo pobre de Guerrero, fueron brutalmente asesinados junto con su pequeño hijo.
Ante esta realidad tan cruenta que padecemos los mexicanos, debemos pues, dejar de ser polvo humano y convertirnos en una roca sólida y fuerte, capaz de romper inercias para beneficio de la clase trabajadora de nuestro país, que somos la inmensa mayoría, más de 80 millones de mexicanos que padecemos pobreza todos los males que ella arrastra consigo.
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