La salud de los mexicanos es uno de los derechos que establece la Constitución en su artículo 4, cuya letra dice que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud… y el estado tiene la obligación de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas”.
El mismo precepto señala que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.
Los factores que deterioran la salud son múltiples, siendo la causa principal de todos ellos la pobreza, la cual se ha incrementado a pesar de ser la bandera de los políticos que buscan el poder, como Morena que prometió acabar con la pobreza con su combate a la corrupción. La pandemia vino a evidenciar el desinterés del actual gobierno federal por cuidar de la salud y de la vida de los mexicanos y exhibir la simulación en la atención de esta obligación constitucional.
En esta ocasión, me refiero al factor ambiental que, en los últimos tiempos, ha alcanzado niveles que deterioran la salud humana y demás seres vivos. A finales de 2022, el gobierno poblano del extinto Miguel Barbosa, con el argumento de disminuir los niveles de contaminación, decretó la verificación vehicular obligatoria a partir de enero de 2023, poniendo como condición que los propietarios de vehículos previamente deberían ponerse al corriente con el pago de multas y otros adeudos pendientes relacionados con la posesión del auto, la cual generó inconformidad del transporte público y privado por considerarlo una política recaudatoria, más que una verdadera medida y preocupación por proteger la salud y la vida de las personas.
Hubo movilizaciones de diversas organizaciones relacionadas con el transporte y propietarios particulares, que denunciaron que el Gobierno estatal no estaba atacando el problema de la contaminación, porque no se establecían medidas contra las industrias que no solo contaminan el aire, sino también el agua de los ríos y cauces naturales y sí atentaba contra la economía tan golpeada por la pandemia de los transportistas y poseedores particulares de vehículos. Y demandaron ante las autoridades que, si había verdadero interés en abatir la contaminación y proteger la salud humana, la verificación fuera gratuita.
Si vemos al interior del estado, en todos los municipios nos daremos cuenta de que un buen sector de los poseedores de vehículos tiene unidades de modelos muy viejos y que los hacen caminar solo porque son una herramienta de trabajo, pero que difícilmente pasarán la verificación porque no cuentan con la tecnología exigida en los centros de verificación, por ejemplo, los catalizadores de gases. Es decir, se perjudica a los más pobres.
Sobre esa falta de sensibilidad y preocupación de las autoridades estatales y municipales para pulsar las condiciones que existen al interior del estado y tomar medidas preventivas para cuidar de la vida de los ciudadanos, pondré como ejemplo el desconocimiento que prevalece entre la población sobre la reglamentación vial y la falta de orientación en diferentes aspectos que ponen en riesgo no solo a los ocupantes de vehículos, sino también a los peatones. Si las autoridades tienen verdadera preocupación por la salud y vida de las personas, deberían atender algunos de los siguientes aspectos y no solo ver el lado recaudatorio de sus medidas.
1. Los otorgamientos de licencias de conductor deberían hacerse con examen previo y no solo darlas cumpliendo con algunos documentos y el pago.
2. Realizar jornadas de educación vial en las escuelas (padres y alumnos) y con la población, para que los conductores respeten los límites de velocidad, respeten el paso de peatones y no manejen alcoholizados, que se evite que los menores conduzcan motos y automóviles, etc.
3. Que se dé mantenimiento a las vialidades (carreteras y calles) porque los baches son un factor de riesgo para conductores y peatones.
4. Que se coloque señalética horizontal y vertical en las vialidades.
5. Que se exija el uso de casco a los conductores de motos.
Estas acciones deben ser realizadas por la autoridad y ser vigilantes del derecho de movilidad que tienen los peatones, con especial atención a los discapacitados, niños y adultos mayores.
Esto es necesario porque no hay que ignorar el gran número de pérdida de vidas humanas y de las consecuencias que dejan los accidentes viales. La reportera Guadalupe Juárez señala que el “Inegi contabilizó 838 muertes ocasionadas por accidentes en Puebla entre 2018 a 2021, de los cuales el 25% de los fallecidos eran peatones” (01/08/ 2022, página digital manati.mx). Esta misma fuente, afirmó que “una persona muere cada dos días en Puebla debido a accidentes viales”. El colectivo Manu vive y la Liga de Ciclistas Master de Puebla denunciaron ante la Fiscalía General del Estado que “26 ciclistas murieron en percances viales en Puebla capital durante 2022 (Milenio 16/02/2023).
Como puede verse, hay bastantes pendientes en este tema que las autoridades deben atender para prevenir accidentes y con ello cuidar de la vida y la salud de las personas y no solamente acudir a abanderar los vehículos accidentados y levantar los cuerpos, que por cierto son constantes las quejas de los familiares por la tardanza y protocolos.
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