Entre las 32 entidades federativas de México, el estado de Puebla está ubicada en el número 11de las que más presupuesto destinan a la seguridad pública, desde octubre de 2021 el presupuesto era de 959.2 mil millones de pesos.
Usted, que lee este artículo, pensará que por ello el resultado para todos los poblanos debiera ser vivir en uno de los estados más seguros del país; sin embargo, la correspondencia no existe, porque precisamente en octubre la entidad se colocaba en el número 8, con el mayor índice de inseguridad, según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
De acuerdo con datos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Puebla tiene un presupuesto asignado de mil 285.54 millones de pesos para seguridad, sin embargo, sólo destina 326.3 millones para atender diferentes rubros como son: desarrollo y certificación de elementos policiales, sistema de justicia, ciencias forenses, el servicio de emergencia 911, la búsqueda de personas, profesionalización, certificación y capacitación, infraestructura y equipamiento y prevención social, la cual, por cierto, recibe el segundo presupuesto más bajo, después del Registro Público Vehicular (REPUVE).
A mi juicio, el Gobierno del estado debería destinar mayor presupuesto a la prevención social de la violencia y la delincuencia, que se traduce en el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como en combatir las causas y factores que la generan.
En el área de feminicidios, Puebla ocupa la posición 12 a nivel nacional, después de que en 2020 obtuvo el vergonzoso sexto lugar cuando se contabilizaron 52 casos; a pesar de haber salido de esa lista, el logro no es más significativo, pues según datos de la Fiscalía General del Estado los casos de acoso y abuso sexual van en aumento, y cada día se reportan cerca de 24 casos de violencia familiar.
Para desgracia de todos los poblanos, este año no pinta mejor en seguridad, a pesar de haber un aumento en el presupuesto. Según el reporte de incidencia delictiva del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), tan sólo en el primer trimestre de 2022, los homicidios dolosos en la entidad aumentaron un 20.64 por ciento; el robo a transportista incrementó en un 102.78 por ciento; los homicidios culposos crecieron en un 16.49 por ciento; el robo a negocio 16.5 por ciento y el robo a transeúnte incrementaron en un 13.83 por ciento.
Lamentablemente, la incidencia delictiva ha golpeado a todos las zonas del estado; por ejemplo, la tasa de carpetas de investigación de homicidios dolosos, por cada 100 mil habitantes aumentaron 98.5 por ciento en la Mixteca y un 60.51 por ciento en Angelópolis, una de las zonas más influyentes del estado.
Las autoridades gubernamentales de Puebla pensarán que todo este ambiente y clima de inseguridad y violencia pasa desapercibido para los poblanos, pero no es así. Los resultados de la última encuesta realizada por el INEGI, a finales de 2021, aplicada a personas de 18 años en adelante y cuyo objetivo es la medición de percepción, conocimiento y experiencias sobre seguridad pública en zonas urbanas, reflejaron que el 81.9 por ciento percibe como insegura su ciudad, el 90.6 por ciento se siente inseguro en el transporte público.
El 54 por ciento de las personas encuestadas manifestó que el desempeño de las autoridades gubernamentales es poco o nada efectivo, el 41.8 por ciento cree que la situación de seguridad empeorará. El 64.1 por ciento desconfía de la policía municipal y el 51.2 por ciento desconfía de la policía estatal; y si tomamos en cuenta el hecho suscitado el pasado 9 de mayo, contra el Movimiento de Resistencia Indígena Unido por Coyomeapan, en el que tras un ataque de la policía estatal resultaron muertas tres personas, la confianza será menor.
Los hechos violentos acontecidos en los primeros días del mes de mayo, como la muerte de un compañero comerciante antorchista, a manos de un grupo delincuencial conocido por el uso excesivo de violencia no sólo por los vecinos, sino además por los propios integrantes de la policía municipal, y las tres muertes de los indígenas de Coyomeapan a manos de la policía estatal, son claras manifestaciones de que las políticas adoptadas hasta el momento, en seguridad y materia económica, (no olvidemos que la inseguridad y la violencia son reflejo de la desigualdad social y un reparto inequitativo de la riqueza), no son las correctas y mucho menos contribuyen a reducir los factores y causas que generan violencia, sino todo lo contrario.
El jueves 12 de mayo, miles de poblanos del Movimiento Antorchista marcharon a la Fiscalía del Estado de Puebla para exigir cárcel a los homicidas de Víctor López, de los muertos de Coyomeapan, y pedir al Gobierno local que emprenda un plan serio de seguridad en la entidad.
La violencia y la injusticia no son situaciones a las que el ser humano debe acostumbrarse, cuando estos rasgos se acentúan en la cotidianeidad de los hombres, el pueblo está obligado a emprender la lucha para que se le garantice el ejercicio pleno de sus derechos y se le asegure un ambiente de paz y orden.
Ya lo dijo José Martí, que por cierto el 19 de mayo fue su 119 aniversario luctuoso: “en el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana”.
Ya todos vivimos en un ambiente de inseguridad e impunidad, y no podemos permitir que la violencia pulule por toda la entidad. Si no hay justicia pronta y expedita para nuestro compañero caído y para los muertos de Coyomeapan, los antorchistas de todo el estado, tomarán las calles para exigir justicia, para exigir que se les devuelva a los hombres decoro y dignidad.
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