Anteriormente mencionamos que para desarrollar la actividad científica era indispensable la participación de instituciones, organismos y ciudadanía en general. Esto se concluye del hecho de que la ciencia es una actividad social, y es la sociedad en su conjunto la que debe colaborar desde sus respectivos sectores al progreso de la investigación, la determinación, la divulgación y la práctica científica.
Entre estos organismos sociales, sobresale y adquiere particular responsabilidad uno: el Estado. La instrucción de las ciencias se realiza a través de las instituciones educativas, por ende, interesa ahondar en la cuestión, enfatizando en las instituciones públicas, a cargo del Estado. Habrá quien se pregunte:
¿Por qué el aparato estatal figura como principal responsable de la instrucción social y de la divulgación científica de una nación? Esto se debe a dos cuestiones, una, relativa a la materia teórica y dos, la relativa a la materia práctica:
I. La cuestión teórica concierne al asunto legislativo. El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultable en el Diario Oficial de la Federación, dicta:
“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia”.
II. La cuestión práctica corresponde a la facultad del Estado para hacer valer los derechos consagrados en la Carta Magna, a través de la recaudación, administración y aplicación de recursos económicos y humanos para el cumplimiento y satisfacción de dichas necesidades sociales.
Vale preguntarse entonces: ¿En qué grado cumple el Estado mexicano con estos parámetros? Katarina Tomasevski, en su trabajo “Indicadores del Derecho a la Educación”, nos ofrece una serie de criterios útiles para el análisis de la respuesta. En su obra, la autora yugoslava propone cuatro puntos evaluativos, denominados comúnmente como “4A”: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Revisemos pues algunos datos.
Sobre la asequibilidad, Tomasevski la concibe como cumplida si los Estados logran materializar dos obligaciones:
1. La educación como derecho civil y político: el derecho a la educación demanda del gobierno la creación de establecimientos educativos que respeten la libertad del ser.
2. La educación como derecho social y económico; que los gobiernos aseguren la gratuidad y obligatoriedad educativa para todos los niños y niñas en edad escolar.
1. La educación como derecho civil y político: la asequibilidad abarca ámbitos normativos, culturales, políticos y económicos. Para que la educación se efectúe y ejerza con plenitud e integralidad, las instituciones educativas deben ser respetuosas con las variaciones étnicas, religiosas y sexuales; accesibles económicamente al ser gratuitas y al alcance de todos los miembros de la sociedad; niños y niñas, jóvenes, adultos, ancianos y docentes mismos.
Las instituciones educativas deben, pues, ambientar su quehacer a las necesidades culturales, lingüísticas, físicas, étnicas de los alumnos, haciendo una especial valorización de su diversidad.
La fundamentación de dicho planteamiento parte de la indivisibilidad de los derechos humanos, los cuales deben establecerse como salvaguardas para garantizar su efectuación en la educación.
2. La educación como derecho social y económico: En lo referente a la gratuidad de la educación pública, no hay organismos gubernamentales ni instituciones autónomas que estudien, calculen o analicen en qué grado cumple el gobierno federal con el artículo 3° constitucional. Por ende, no existen cálculos estadísticos, necesarios como recurso evaluativo que oriente a corregir las ineficiencias del sistema educativo mexicano.
Con motivo de la insuficiencia y políticas regresivas en el presupuesto del sector educativo, centros escolares de nivel básico y medio principalmente, han incurrido en la violación del derecho a la gratuidad educativa.
Para el año 2022 se destinaron 883 mil 929 millones de pesos para el gasto público en educación, monto que representa el 3.1 % del PIB, el nivel más bajo a partir de 2010. (Expansión, 27 de enero 2022).
Los déficits presupuestales afectan directamente en la capacidad de funcionamiento de los centros e indirectamente en la economía de los estudiantes y sus familias. Al no poder solventar gastos operativos, condicionan sus labores diarias y periódicas a la precariedad y recurren a la colaboración económica de los padres de familia de los matriculados.
Al referirnos a la accesibilidad, el Estado mexicano garantiza y genera cada vez menos condiciones para el acceso de jóvenes en edad de estudiar a los centros educativos públicos, al no mejorar la calidad de las instituciones en el ámbito infraestructural y de calidad; los alumnos se ven menos interesados a priori o consideran que instruirse académicamente no es determinante para alcanzar un buen nivel en su calidad de vida a largo plazo.
Por otra parte, existe otro factor, del cual el Estado también es el principal responsable; los jóvenes se ven en la necesidad de abandonar sus estudios porque cohabitan en condiciones de marginalidad social, donde se muestran vulnerables a entornos de violencia, drogadicción y embarazos prematuros.
El bachillerato es el nivel educativo con la tasa de abandono más alta. De acuerdo con la SEP, para el ciclo 2021-2022, el abandono escolar para educación media superior alcanzó 9.2 %, mientras que para educación primaria y secundaria fue de 0.4 % y 2.5 % respectivamente. (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2022)
El parámetro de aceptabilidad se define como un conjunto de criterios de calidad de la educación relacionados a la 1) seguridad, 2) la salubridad escolar y 3) cualidades profesionales de los maestros. En este punto, cabe mencionar, que nos detendremos sólo a puntualizar el criterio relativo a la seguridad, por motivos de espacio.
1. Seguridad: Es posible clasificar varios tipos de violencia, ONU Mujeres, enuncia los siguientes: Violencia de género: se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas con razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad, el abuso de poder y la existencia de normas que otorgan beneficios de manera selectiva.
- Violencia económica: consiste en efectuar la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos económicos, impidiéndole acceder a ellos total o parcialmente.
- Violencia psicológica: es aquella que se materializa al provocar miedo a través de medios no físicos, generando sentimientos en la víctima como la intimidación, la amenaza, pavor, tristeza o desesperación. Violencia emocional: consiste en minar la autoestima de una persona; ya sea a través de críticas constantes, infravalorando sus cualidades y capacidades, insultando o sometiendo a la víctima a otros tipos de abuso verbal.
- Violencia sexual: se perpetua cuando se obliga a una persona a participar en un acto sexual sin su consentimiento.
De todo esto y más, los alumnos se encuentran vulnerables no sólo en centros educativos cuyos contextos internos en sumos casos son malos e incapaces de garantizar un ambiente escolar ordenado y sano.
También y más complejo aún es el contexto externo en el cual los jóvenes coexisten, desarrollan aptitudes y adoptan valores determinados. México es un país que padece altas tasas de violencia e incidencias delictivas.
Esto se debe principalmente a la existencia y constante desarrollo del crimen organizado y la desigualdad económica, que genera peculado y corrupción social. Prueba de ello, el actual sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, contabiliza 180 mil 609 homicidios, con un promedio diario de 95 casos. Esto significa que cada quince minutos una persona es privada de la vida en el país. (Infobae, 4 de marzo de 2024).
Al referirnos finalmente a la adaptabilidad, como la capacidad de adaptación de las instituciones para con los alumnos y sus contextos, modificando materiales y condiciones concretas a necesidades educativas específicas.
Para ilustrar, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) proyecta que el 29 % de las escuelas de educación básica registró problemas estructurales y otras carencias relacionadas, mientras que 2 % mostró daño estructural. Y aunque el 66 % de los centros no tiene este tipo de daño, sí presentaron al menos una carencia de otro tipo; solo 3 % de las escuelas de educación básica no tienen carencia alguna.
Se suman 17 millones de estudiantes y 750 mil maestros que asisten a escuelas con carencias. De un total de 145, 704 escuelas de educación básica, 33% funcionan con estructuras atípicas que no se apegan a la normatividad establecida; 45 % no están conectadas al desagüe y 20 % no están integradas a una red de agua potable. Además, 5 % continúa sin acceso a servicios de electricidad.
Así pues, el mejoramiento cualitativo de la educación pública en México depende fundamentalmente de un cambio de las relaciones de producción en la sociedad.
Las actuales relaciones económicas frenan e incapacitan a las instituciones públicas y a los mexicanos para acceder a una educación gratuita, crítica, científica y masificada a todas las capas sociales, dado que esto se presupone como inviable y antagónico a la lógica mercantil globalizada que es desorganizada e irracional.
Para que los Estados, a través de sus instituciones públicas de educación efectúen mejoras sustanciales en las mismas, es indispensable reconocer y fomentar la divulgación científica.
Esto, sin embargo, se logrará con la concientización y participación activa de las masas trabajadoras, profesionistas y estudiantes. Los profesionales en general y los docentes en particular, como sector social minoritario más cercano a la investigación, la ciencia y la enseñanza, tienen en su quehacer una responsabilidad mayúscula para con el resto de los estratos sociales: educar, pero no de manera abstracta y pasiva, siendo cómplice de las calamidades sociales que yacen fuera de las aulas, sino con conciencia política y de clase. Los educadores son por naturaleza agentes del cambio social, portadores de saberes y disciplinas, llevar a los jóvenes dichos conocimientos es su deber histórico.
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