No es del desconocimiento de la población, háblese a nivel nacional e internacional, que México es de los países más desiguales del mundo, sobre todo si se considera la capacidad de riqueza que se produce de manera interna. Según el Índice de Competitividad Internacional 2022, de las 43 economías más importantes del mundo, México se ubica en la posición número 7º según su nivel de desigualdad, solo por detrás de Sudáfrica, Colombia, Panamá, Costa Rica, Brasil y Guatemala.
La desigualdad económica, entendida como el reparto inequitativo de la riqueza producida en una sociedad o país, es la causa fundamental de los problemas sociales que asolan a la mayoría de los países pobres, incluso en aquellos denominados “países en desarrollo”, como es el caso de México. La pobreza, la insalubridad, el analfabetismo y deserción escolar, el déficit habitacional, la informalidad laboral, etc., son algunos de los efectos que surgen en las sociedades desiguales económicamente.
En días recientes se han disparado las alarmas de un efecto más: el de la inseguridad y el narcotráfico. Medios nacionales e internacionales dan noticia de escenas preocupantes como el caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, el pasado agosto, y más recientemente el caso de los jóvenes del municipio de Villanueva, Zacatecas. Aunque es cierto que el narcotráfico ha tenido una actividad creciente desde hace ya varias décadas, teniendo como principal víctima de sus actividades a los jóvenes, es claro que es una situación preocupante ante las nulas acciones de los distintos niveles de gobierno para solucionar este problema.
La precariedad laboral, el deterioro social, las dificultades económicas y la falta de recursos provocan que el narcotráfico se convierta en un proyecto de vida de miles de jóvenes, así como un “opción” de ascenso social, lo cual es una ilusión. Las muertes por homicidio en los jóvenes entre 15 a 24 años ascendió a 6 mil 390 en 2022, y a 9 mil 227 de 25 a 34 años, según INEGI; asimismo, los homicidios se han convertido en la principal causa de muerte en personas de 15 a 44 años, estando por encima de causas como accidentes, enfermedades y suicidios. Incluso en 2021, en plena pandemia, murieron más jóvenes asesinados de 15 a 34 años que por covid-19 (INEGI, 2022).
La falta de condiciones económicas, educativas, culturales y sociales empujan a miles de jóvenes a las manos del crimen. Se han convertido en carne de cañón al ser presas fáciles para la delincuencia organizada, utilizados para cometer delitos y ser desechados en enfrentamientos o en las cárceles, atraídos por altos sueldos que les permiten acceso a diversas condiciones materiales. No debe ser sorpresa que la narco-cultura haya permeado hasta las generaciones más jóvenes, incitándolas a adoptar modas y conductas que los lleven a la delincuencia e ilegalidad.
Ante este panorama desolador, el Presidente de la República, durante todo su sexenio, se ha encargado de mantener el discurso de que la situación del país ha mejorado con respecto a los sexenios pasados; cada “Mañanera” monta un monólogo de sus hazañas: el combate a la corrupción, el “fin del neoliberalismo”, una economía galopante, el cero nepotismo, un sistema de salud de “primer mundo”, la austeridad república y la pobreza franciscana, etc., y claramente, el tema de la inseguridad no podía quedarse fuera. Sin embargo, entre el discurso alusivo a su persona, y la realidad de los 129 millones de mexicanos, hay un abismo de distancia. Basta con mirar los encabezados de los diferentes medios de información, que día tras día, semana tras semana, muestran la desgarradora realidad que padecen los niños y jóvenes de México.
La realidad es clara, el gobierno ha fallado en su estrategia de seguridad; ha sido rebasado y no parece ver una estrategia clara para resolver el problema de la inseguridad. Para atender este problema se deben crear políticas que atiendan las causas estructurales, las causas que originan la desigualdad económica y social que orillan a los jóvenes a transitar hacia el crimen y la delincuencia; dejar de crear políticas improvisadas o programas de gobierno clientelares con fines partidistas, que hasta la fecha no muestran resultados tangibles en la disminución de la violencia. Se requieren soluciones integrales que permitan un desenvolvimiento real de los niños y jóvenes donde se materialicen sus potencialidades; una atención real a la educación y las condiciones básicas para que no tengan la necesidad de abandonar los estudios académicos. Mientras no se contemple nada de esto, la tragedia que invade a la niñez y a la juventud seguirán siendo problemas pendientes y sensibles para nuestro país.
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