A simple vista resulta incomprensible el hecho de que nuestro país se ubique entre las veinte economías más grandes del mundo y, contrariamente a lo que debería esperarse dada esa posición en la producción de la riqueza, tenga un sistema educativo que, en lugar de mejorar, continúa con muchas y visibles carencias que provocan un retroceso con respecto a los resultados medibles que se han obtenido en años anteriores en las evaluaciones internacionales.
Para el pueblo pobre, los programas de apoyos directos como las becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro no resolvieron los problemas que obligan a niños y jóvenes a dejar la escuela; sólo fueron de utilidad para el Gobierno.
El retroceso de la educación en México no es un invento de la oposición neoliberal, como inmediatamente tratan de justificar los funcionarios y el titular del Ejecutivo federal; es el resultado que arroja un ejercicio que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —de la cual México forma parte desde mayo de 1994— a través del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés).
El organismo internacional que califica a México dentro de las primeras veinte economías globales, la número doce para ser precisos, de acuerdo con el último informe, es el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, el silencio del Gobierno acerca de su concepción sobre esta institución provoca suspicacias, ya que se deja visible la forma de calificar las fuentes que ofrecen información sobre la realidad del país; cuando son noticias malas, son neoliberales y cuando son buenas, no, a pesar de ser tanto una como la otra, producto de la necesidad que tienen las potencias capitalistas para obtener información de los diferentes aspectos de un país en vías de desarrollo como el nuestro.
Debemos recordar que los últimos resultados del desempeño escolar en México (PISA 2022, OCDE), específicamente en las áreas de comprensión lectora, habilidades matemáticas y ciencias, dejaron ver un retroceso en la adquisición de conocimientos.
Por ejemplo, en lectura se obtuvo un promedio de cinco puntos menos, en ciencias nueve y en matemáticas catorce puntos por debajo de lo que se obtuvo en dicha prueba en el año 2018.
No se trata de un estancamiento de la educación, hay que ser más precisos; en realidad es un retroceso que pone en peligro, primeramente, el futuro de las generaciones que egresan de las instituciones educativas públicas y que se encontrarán en el mundo laboral con condiciones completamente desconocidas e incluso adversas que, con toda seguridad, complicarán su situación económica al no consolidarse en un trabajo permanente en caso de encontrar alguno, errabundos, obligados a conformarse con empleos mal pagados.
No es la misma situación para los hijos de las élites económicas de nuestro país.
Ellos no pueden conformarse con la deficiente educación que ofrece la escuela pública y todas sus carencias; debido a la privilegiada posición en la que se encuentran, pueden acceder a las instituciones que cuentan con la infraestructura y con todos los elementos necesarios para preparar a los futuros empresarios y políticos, en cuyas manos y en función de sus intereses estará en realidad el destino de los mexicanos.
La educación en nuestro país continúa siendo clasista aunque el Gobierno no lo acepte; sigue preparando a los individuos de acuerdo a su posición social, a unos cuantos para dirigir y gobernar y, por otro lado, a la inmensa mayoría de estudiantes, que son los hijos del pueblo trabajador, para la búsqueda de empleos o algunas otras actividades que les permitan sobrevivir, formando parte de la carne de cañón que será utilizada en el proceso de explotación propio del sistema capitalista de producción.
Ese es un escenario real, la deficiente preparación y la carencia de empleos lo hacen posible; a esas condiciones se enfrentan miles de egresados de las escuelas públicas en nuestro país.
Además, debemos considerar que no todos los alumnos logran concluir sus estudios; una gran cantidad se vieron obligados a dejarlos, complicando aún más el panorama al que se enfrentan. Se calcula que 1.2 millones de estudiantes abandonaron la educación obligatoria entre 2020 y 2023.
La Secretaría de Educación Pública admite que durante el ciclo escolar 2022–2023, la tasa de abandono escolar en México se elevó a 10.2 % en educación media superior, 3.9 % en secundaria y 0.2 % en primaria en el país.
De esos millones de niños y jóvenes que abandonaron la escuela, podemos tener la seguridad de que ninguno pertenece a los hijos de ese selecto grupo que concentra la riqueza en nuestro país, ningún familiar de los Slim, de los Azcárraga, Larrea Mota, Salinas Pliego, Bailleres o Aramburuzabala. Todos los que se vieron obligados a dejar sus estudios inconclusos son hijos de personas humildes que batallan día tras día por ganarse el pan y para los cuales la educación de los hijos se convierte en una cuestión difícil y a veces vital.
La pregunta obligada es: si la economía de nuestro país se encuentra clasificada dentro de las primeras veinte a nivel mundial, ¿por qué la escuela pública se encuentra en condiciones lamentables cuya resultante es el retroceso académico y el abandono escolar?
Debería suceder que esa riqueza que produjeron los trabajadores se utilice para elevar el nivel de vida de sus familias, resolver sus carencias y garantizar un sistema de salud y educativo, entre otros, que permitan el desarrollo armónico de los mexicanos y la formación de sus capacidades sociales que es el contenido principal de la educación.
Para que la educación cumpla ese propósito, el de transmitir eficientemente los conocimientos de la humanidad a las nuevas generaciones, cultivar sus cualidades interiores como las convicciones, principios morales, orientaciones, rasgos de carácter, y desarrollar sus capacidades físicas y artísticas, son necesarias ciertas condiciones sociales y materiales, mismas que están determinadas por el carácter del régimen social, por las posibilidades que este brinda para su desarrollo y, como hemos podido constatar a lo largo de estos años, este gobierno en turno está al servicio del régimen y este es simplemente el predominio de los ricos sobre los pobres.
En realidad, no se está abatiendo la falta de infraestructura necesaria en la mayoría de las instituciones públicas de nuestro país y tampoco la precaria situación económica de las familias mexicanas que provocan el abandono escolar.
El programa “La Escuela es Nuestra” no resolvió el problema de la falta de laboratorios, audiovisuales, salas de cómputo equipadas, talleres para la preparación laboral y bibliotecas, que son indispensables para la educación de calidad.
Los 28 mil 358.3 millones de pesos que el gobierno asignó para dicho rubro estuvieron destinados solo al mantenimiento de las instalaciones educativas, que no es lo mismo.
Además, este programa permitió al gobierno eludir su responsabilidad en materia educativa y la hizo recaer sobre los padres de familia, quienes hicieron lo que estuvo a su alcance. Sin embargo, son los gobiernos los que deben destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes.
Eso implica la construcción de la infraestructura necesaria para colocar a las escuelas públicas de México a la altura de las instituciones de primer mundo y de las necesidades actuales.
Para el pueblo pobre, los programas de apoyos directos como las becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro no resolvieron los problemas que obligan a los niños y jóvenes a dejar la escuela; sólo fueron de utilidad para el Gobierno, pues creó un fuerte clientelismo electoral, una masa cautiva de votantes bajo la voluntad de una cúpula política defensora de los ricos.
Puede comprobarse sin mucha dificultad cómo, a pesar de esos apoyos selectivos, continúa la deserción por motivos económicos en las instituciones educativas.
Mientras en nuestro país no se aplique una política de impuestos progresivos, no se observará una disminución de la desigualdad económica, pues esta medida representa la posibilidad de un mejor reparto social de la riqueza.
Mientras esto no suceda, serán insuficientes los apoyos monetarios directos y los aumentos al salario mínimo, pues continuará prevaleciendo la enorme distancia entre los que tienen y los que no, lo cual obliga a los desposeídos a la desventajosa venta temprana de su fuerza de trabajo.
Mientras no se garanticen las condiciones materiales de las escuelas para que se encuentren en consonancia con las necesidades educativas contemporáneas del mundo y no se eliminen los nuevos planes educativos como “La Escuela es Nuestra”, retrógrada en su esencia, continuará vigente el rezago educativo bajo la mirada complaciente del gobierno y empresarios.
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