Una de las cuestiones de alta gravedad que abona a la delicada situación que vive nuestro país, es la falta de credibilidad del Gobierno. En la actualidad, casi la totalidad de los ciudadanos tiende a desconfiar de modo automático cuando escucha una promesa, afirmación o compromiso de boca de un funcionario público, esto sin distinción de niveles; naturalmente que esta reacción ciudadana no es gratuita. La mentira oficial ha sido, desde siempre, un recurso para eludir presiones y para burlar los deseos de la sociedad civil, no solamente en la toma de decisiones más importantes que le atañen, sino también en su exigencia en el cumplimiento de sus derechos constitucionales: a la educación, a la vivienda, a la salud, al trabajo, etc., cuyo cumplimiento recae obligatoriamente en el Estado y, dado que esto no ocurre en la realidad, la falta de credibilidad, es cada vez mayor.
Ahora bien, la reiterada falta de cumplimiento por parte de muchos funcionarios públicos a la palabra empeñada, a sus promesas y a sus compromisos; su esmero en dejar claro cada vez más, que su interés primordial es llegar al puesto buscado para desde ahí beneficiarse él y su grupo más cercano; ha hecho que la ciudadanía, agobiada por la crisis económica, social y política que la sume en la más lacerante pobreza, busque la forma de contrarrestar esta situación y hacer a un lado, por la vía del voto o del repudio, a los funcionarios y políticos que pretenden seguir burlándose del pueblo.
Por eso resulta una verdadera provocación la conducta de varios funcionarios públicos que, en estos días de terrible e irritante crisis, se dedican sin ton ni son a eludir los problemas con promesas que, de antemano, tienen el propósito de no cumplir o en el peor de los casos niegan tajantemente la solución a las demandas más elementales a los ciudadanos que los eligieron y reprimen cualquier brote de organización de los mismos.
Pareciera que las autoridades consideran la iniciativa social, manifestada a través de grupos peticionarios de mejoras materiales para sus pueblos o colonias, una actividad ilegítima y, en muchos casos subversiva, que hay que suprimir resueltamente por la vía de la negativa reiterada y aún de la amenaza franca o encubierta para que no se organice.
En Yucatán las cosas no son distintas, en más de una ocasión, grupos de antorchistas nos hemos apersonado en palacio de gobierno y ante distintas dependencias del gobierno estatal para plantear las demandas elementales de nuestros agremiados: vivienda, baños, pavimentaciones de calles, caminos, insumos agropecuarios, paquetes de materiales para artesanos, lotes para vivienda, conversión de la preparatoria Felipe Carrillo Puerto de Tiholop de incorporada en pública, contratación de la plantilla docente que ha trabajado por más de ocho años sin sueldo alguno en ese plantel, creación de escuelas de nivel preescolar y preparatoria en distintos municipios del estado, conclusión del proceso de regularización de lotes habitacionales en colonias de Kanasin, etc; hasta el día de hoy, nada se ha cumplido, a pesar de que son compromisos contraídos por parte de la Secretaría de Gobierno.
En los municipios las cosas no pintan mejor. En Tixcacalcupul, Tekax, Chemax y Peto, los presidentes municipales, se ha comprometido una y otra vez a resolver las demandas de obra social que se les han planteado y una y otra vez no cumplen; en otros, como Chankom, Chikindzonot, Ticul y Temozón, ni siquiera reciben la solicitud, alegando que no pueden hacer compromisos y que la atención y solución es a individuos y no a grupos u organizaciones, lo cual además atenta contra la Constitución; en ambos casos, el único perjudicado es el ciudadano humilde al que no solamente le niegan la solución de sus demandas, sino también se le reprime o se le persigue, si se organiza para exigir sus derechos.
Ante este panorama de menosprecio y de falta a cumplimiento a los compromisos contraídos por parte de las autoridades estatales y municipales correspondientes y, ante la negativa resuelta por la vía de los hechos hacia los ciudadanos humildes organizados en el Movimiento Antorchista, el día miércoles 15 del presente mes, 1500 antorchistas marcharemos por las principales calles de la capital del estado, en demanda de atención y soluciones a nuestros legítimos planteamientos de obra social.
Ningún interés mezquino nos mueve a los antorchistas, nuestra denuncia obedece a la falta de soluciones y de cumplimiento por parte de las autoridades, en perjuicio de más de 20 mil yucatecos que representamos; y si la pretensión de esos funcionarios públicos es seguir apostando a la falta de memoria de los ciudadanos, se equivocan, al pueblo ya no se le puede seguir tratando como a un niño porque ya tiene mayoría de edad y no está dispuesto a bajar la cabeza; al contrario, ese trato despótico y humillante que se le ha venido dando, hoy hace que se levante y exija respeto a sus derechos constitucionales.
No hay que olvidar que la falta de credibilidad resulta ser síntoma y característica de un gobierno autoritario, elitista y burocratizado, hacemos votos para que, quien dirige los destinos de éste estado, tenga oídos receptivos a nuestras legítimas demandas y el pueblo yucateco salga ganando.
Hoy se presenta una oportunidad inmejorable, para demostrar que las cosas en este tenor pueden cambiar y que la palabra empeñada se va a cumplir; en caso contrario, el antorchismo convoca a todos los mexicanos pobres que nos quieran escuchar, a organizarse y luchar, a unir fuerzas con sus iguales, para la defensa de su vida y sus intereses y poder cambiar este estado de cosas, pues solamente la unidad indestructible del pueblo será el escudo y la defensa eficaz contra los abusos, las exigencias desmedidas y la presión política de la que es objeto. Nada más, pero nada menos.
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