Entre los muchos pendientes que le dejó el expresidente López Obrador a su sucesora, Claudia Sheinbaum, destaca la situación del campo mexicano, que lleva años agravándose. El agro en nuestro país ha sido abandonado por los gobiernos en turno, incluidos los de la autollamada Cuarta Transformación.
Desde hace mucho tiempo, el campo mexicano enfrenta cuatro problemas fundamentales que no se han podido resolver: migración y repatriados, tendencias proteccionistas y mercados agroalimentarios erráticos, pobreza y desigualdad, y gobernabilidad rural. A esto se suma la pobreza estructural, con cifras que han permanecido inalteradas durante veinte años y un deterioro que sigue en aumento.
Es urgente reconocer al campo como un sector prioritario para garantizar la autosuficiencia alimentaria y proteger la soberanía nacional.
Al asumir la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum señaló que mantendrá el programa Sembrando Vida, así como otros programas paliativos de su antecesor. En otras palabras, continuará con una política que muchos consideran fallida. Aunque estos programas se promovieron como grandes logros, no han contribuido significativamente a mejorar las condiciones del campo mexicano, pese a la propaganda con la que se difundieron.
Con la llegada de Morena al gobierno federal, el sector agrario sufrió duros golpes en forma de recortes presupuestales, cancelación de créditos y falta de apoyos técnicos. Por ejemplo, en 2018, el presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación era de 72 mil 125 millones de pesos, pero para 2021 se redujo a 49 mil 291 millones, un recorte del 31.7 %, equivalente a 22 mil 834 millones.
Asimismo, la Financiera Nacional de Desarrollo otorgó 74 mil 736 millones en financiamientos en 2018, pero en 2021 esta cifra cayó a sólo 48 mil 130 millones, un recorte del 36 %. Finalmente, la Financiera Rural fue cerrada bajo el argumento de corrupción.
Las consecuencias de estas políticas erráticas han golpeado tanto al campo que su recuperación parece difícil, a menos que se le reconozca como un sector prioritario para el país y se modifiquen las estrategias actuales.
La caída en la producción nacional, en la superficie de siembra y en los instrumentos para su desarrollo impacta la autosuficiencia alimentaria, aumentando la dependencia de importaciones y poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y nacional.
Actualmente, la agricultura representa solo el 3.7 % del PIB nacional, según el Inegi, reflejando su disminución en la economía. Además, las condiciones laborales en los campos agrícolas del norte del país, como Baja California, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua, son un tema recurrente. Jornaleros agrícolas trabajan en condiciones indignas y explotadoras: sin protección adecuada contra plaguicidas, contratados mediante “enganchadores” para evadir responsabilidades legales, y enfrentando irregularidades como trabajo infantil y de personas de la tercera edad.
Entre 2006 y 2017, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó 2,557 inspecciones en los campos agrícolas, detectando 55,807 irregularidades. Sin embargo, sólo se ha pagado el 2.5 % de las multas impuestas, ya que las empresas recurren a procedimientos legales para evadirlas. Problemas como el manejo inadecuado de plaguicidas y la falta de equipo de protección persisten.
Estos retos exigen soluciones de fondo, no sólo discursos. Es urgente apoyar a los pequeños productores, proporcionarles asistencia técnica, créditos accesibles, proteger al sector agrícola de importaciones indiscriminadas y evaluar la eficacia de los programas vigentes.
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