Durante el desarrollo histórico de la humanidad, tener una vivienda ha sido una condición indispensable para sobrevivir y desarrollarse como seres humanos en términos de seguridad, autonomía e independencia. En México y en el mundo, la vivienda constituye una base para la estabilidad de los individuos y de las familias, es el centro de nuestra vida social.
Una de las mejores cosas que puede tener una familia es un pedacito de patria donde tenga un hogar, un lugar dónde vivir, dónde dormir, dónde estar segura, es decir que se tenga un lugar donde se pueda vivir en paz.
El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en las disposiciones internacionales sobre derechos humanos como un elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en diferentes instrumentos internacionales de los cuales México forma parte.
Una vivienda digna es una propiedad donde sus ocupantes están seguros de manera placentera y donde pueden disfrutar de la vida en familia, la Ley de la Vivienda en México explica que “se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios de riesgo de desastres, su prevención y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos”.
A pesar de la importancia que reviste el tema, han sido escasos los esfuerzos que se han realizado para reflexionar y atender el problema sobre la vivienda, por parte del gobierno que nos representa. Desafortunadamente, no todos los mexicanos cuentan con la dicha de tener una casa propia.
De acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cerca del 70 por ciento de la población mexicana vive de manera informal; esto al vivir con familiares, en viviendas rentadas o prestadas o al autoconstruir su vivienda, hoy en día el 85 por ciento de la generación llamada millennials viven acompañados por falta de acceso a un patrimonio propio, jóvenes y adultos que han formado ya una familia y viven en las casas de sus padres.
En el país, 14 millones de familias, equivalente a la mitad de la población mexicana, no tienen medios para comprar o construir una vivienda, situación que empeoró en las últimas décadas por la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos económicos, señaló la organización Hábitat para la Humanidad, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En las zonas rurales la situación se profundiza a ocho de cada 10 hogares están condiciones lamentables de los espacios y materiales. Y en las zonas urbanas seis de cada 10 no tienen lo elemental para considerarse vivienda digna.
La adquisición de una vivienda es accesible solo para quienes perciben más de cinco salarios mínimos, cifra que representa en nuestros días más de 20 mil pesos mensuales, pero hoy la clase obrera; empleados y trabajadores informales ganan sólo siete mil pesos al mes aproximadamente, sin considerar la inflación de todos los productos en primer lugar de la canasta básica y por lo tanto en el acero y materiales para la construcción. Todo esto gracias al sistema que nos gobierna, el cual, sigue y seguirá concentrando la riqueza en unas cuantas manos, negándose a los pobres la posibilidad de comprar un terreno en donde construir su hogar o la adquisición por medios oficiales de una casa Infonavit o de interés social.
En México, la accesibilidad a una vivienda digna es altamente desigual y representa un riesgo importante para el desarrollo pleno de la población. Los más pobres tienen muchas menores posibilidades de habitar un hogar digno, debido a los frenos económicos por sus bajos ingresos y la dificultad para acceder a servicios financieros. Esta situación implica un riesgo para el desarrollo social y económico, y afecta principalmente a la población más pobre de México
En México no existen políticas públicas que garanticen la solución del problema de la vivienda, ante esta injusticia, el Movimiento Antorchista, a lo largo de 49 años, en su lucha contra la pobreza generada por la inequitativa distribución de la riqueza, se ha dedicado a unir, organizar y educar políticamente al pueblo trabajador, y amparado por el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece “que toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”, ha gestionado ante los gobiernos estatales e incluso entre particulares la adquisición de terrenos a bajo costo para que miles de pobres en todo el país puedan acceder y construir una vivienda, los mexicanos deben seguir organizados en los grupo de solicitantes de vivienda, como una opción para garantizar la vivienda para los pobres.
La adquisición de terrenos a bajo costo para las familias pobres, así como la regularización y escrituración de las colonias populares en Morelos es un paso significativo en la lucha por la transformación de los mexicanos.
A México le urge un cambio estructural que garantice para todos los mexicanos; trabajo, salarios bien remunerados, una política fiscal progresiva y la reorientación del gasto social ejercido en educación, vivienda, salud, cultura, para que el pueblo tenga una mejor calidad de vida.
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