La madrugada de este viernes 5 de diciembre se aprobó, de manera apresurada y sin mucha discusión, en el Senado de la república la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992.
Los cambios propuestos generaron mucha preocupación entre algunos sectores de la población, por lo que es conveniente ver el surgimiento del problema y analizar hasta dónde ha llegado en estos momentos.
Las reformas impulsadas por el gobierno de la 4T no tocan para nada el sistema de privatización y mercantilización del agua, dejan en pie los privilegios de los grandes concesionarios e incluso se amplían.
La iniciativa de reforma fue enviada por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado mes de octubre al Congreso de la Unión. Según la mandataria, las modificaciones legales tienen como objetivo “garantizar que el agua sea un derecho humano, no un privilegio y no una mercancía. La esencia del cambio en la Ley de Aguas es que no haya acaparamiento del agua en manos de unos cuantos y que no se venda para beneficio privado”.
En apariencia, parece que el objetivo buscado es noble y correcto, pues la Ley de Aguas Nacionales de 1992 creó un sistema de concesiones para permitir que los recursos hídricos, propiedad de la Nación, según el artículo 27 de la Constitución de la república, pudieran entregarse en grandes volúmenes a particulares y empresas agropecuarias, industriales y comerciales, pagando casi nada o muy poco al erario nacional.
Con el paso de los años, este sistema de concesiones administrado por la Conagua permitió el acaparamiento del agua en manos de unos cuantos empresarios y la sobreexplotación de los recursos hídricos del país, además del surgimiento de un “mercado negro” del agua porque los concesionarios generalmente la revendían sin ningún control. A este hecho se refería la presidenta de México.
Según un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana, el 1 % de los multimillonarios mexicanos concentra el 22 % de toda el agua dulce disponible en México, a través de concesiones de mantos acuíferos, cuencas y presas; siete empresas concentran el 70 %, entre las que destacan la comercializadora Kimberly Clark, Grupo Salinas y el grupo minero ArcelorMittal.
Dicha ley de 1992 también posibilitó la privatización de los sistemas de agua potable y alcantarillado en muchas grandes ciudades y zonas metropolitanas del país.
En el año 2012 se realizó una reforma constitucional para establecer en el artículo cuarto de la Constitución de la república el derecho humano al agua y, desde entonces, en los transitorios de la reforma, se ordenó al Congreso de la Unión crear una Ley General de Aguas, para establecer las facultades y niveles de coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipios para hacer realidad que todos los mexicanos tuvieran acceso al agua potable. Dicha ley nunca fue elaborada.
De acuerdo con cifras recientes del Inegi, en la actualidad cerca del 10 % de los mexicanos (entre 12.5 y 15 millones de personas) carece de acceso directo al agua potable, especialmente en zonas rurales y marginadas, mientras que el 48 % de la población urbana sufre de escasez de suministro diario.
Vistas así las cosas, parece urgente y necesaria la creación de una nueva ley de Aguas que impida que este recurso natural vital para la supervivencia de los mexicanos continúe concentrándose para beneficio de unos pocos.
El problema es que las reformas impulsadas por el gobierno de la 4T no tocan para nada el sistema de privatización y mercantilización del agua, dejan en pie los privilegios de los grandes concesionarios e incluso se amplían, por ejemplo, ahora el artículo 118 de la nueva ley establece que la Conagua podrá autorizar a las grandes industrias el derrame de sus desechos sólidos y tóxicos sobre los cuerpos de agua, como ríos o pozos subterráneos, si así lo considera conveniente.
La iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, presentada por la doctora Claudia Sheinbaum, originalmente prohibía de manera tajante la posibilidad de vender, traspasar, ceder o heredar los derechos sobre concesiones de agua, sin hacer ninguna distinción entre grandes empresas, pequeños propietarios, ejidatarios, comunidades u otro tipo de asociaciones sin fines de lucro.
Así, por ejemplo, se afectaba a los pequeños propietarios y a los ejidatarios que ya no podrían vender, ceder o heredar a sus hijos los derechos sobre el agua junto con sus parcelas.
Para obtener dichos derechos sobre el agua, el nuevo propietario o posesionario debía realizar un costoso y tardado trámite para obtener una nueva concesión de la Conagua, siempre que hubiera disponibilidad, o sea, dejando a la pura voluntad de la dependencia otorgar o no dicho permiso.
Esta fue una de las razones que motivaron la movilización de los campesinos en varios estados de la república, pues les dejaba en la total indefensión a ellos y a sus hijos. Con la presión por la toma de carreteras y casetas de peaje, el gobierno aceptó modificar algunos artículos del dictamen original de la Ley de Aguas Nacionales, para establecer que sólo en casos de uso agropecuario y doméstico se mantendrá la posibilidad de transmitir los derechos de agua entre particulares.
Sin embargo, dejó en pie los engorrosos trámites ante las oficinas centrales de la Conagua, con lo que en realidad nada garantiza que este beneficio vaya a respetarse en el futuro. Con estas ligeras modificaciones la aprobó el Senado de la república.
Por otro lado, a los grandes concesionarios y empresas privadas no se les tocó ni con el pétalo de una rosa, pues de ninguna manera fue considerado revisar o redistribuir el volumen de agua explotada por ellos para redireccionarla a los municipios, comunidades y colonias que carecen del acceso al agua potable.
Más bien se les favoreció con la creación de un “fondo de reservas de agua” que es una manera disimulada de llamar al mercado de agua, en el cual las transnacionales podrán establecer acuerdos por su cuenta con ejidatarios o pequeñas comunidades para explotar más agua de la que tienen permitida.
Asimismo, se dejó fuera una real vigilancia técnica sobre las concesiones, pues según la Coordinadora Agua para Todos, el 97 % de las concesiones de agua lleva más de diez años sin ser supervisada por ningún técnico de la Conagua, mientras que el 90 % de los concesionarios ni siquiera tienen medidores para verificar que el volumen de agua consumida sea el autorizado.
Todo esto nos permite observar nuevamente que la economía de tipo capitalista y neoliberal goza de cabal salud en México y que el actual gobierno no quiere realizar ninguna modificación esencial de este sistema económico depredador, diseñado para concentrar y acumular la riqueza en manos de unos cuantos poderosos, porque en realidad les sirve a ellos. Un cambio tan trascendental como el que planteó inicialmente la presidenta Claudia Sheinbaum no dejará de ser más que buenas intenciones.
A fin de cuentas, las movilizaciones de los campesinos dieron algunos resultados, como lo dije arriba, al lograr mantener la posibilidad de vender, ceder o heredar sus derechos de agua.
Sin embargo, no lograron eliminar lo enfadoso y costoso de los trámites burocráticos que deben realizar. Se trató de un movimiento espontáneo con cierto éxito, pero las cosas en el país sólo van a cambiar cuando exista un partido de los trabajadores, que le dé continuidad y unidad a este tipo de luchas hasta construir un país distinto.
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