La Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla presentada por el gobernador morenista Miguel Barbosa Huerta, dibuja claramente el carácter dictatorial de su administración, pues con ella pretende controlar política y económicamente a los ayuntamientos, a la Auditoría Superior del Estado (ASE), al Instituto Electoral del Estado (IEE) y otros órganos autónomos.
Con la aprobación de esta ley, el gobernador decidirá sobre el gasto de los poderes, de ayuntamientos y otros órganos autónomos: realizará recortes presupuestarios, aplicará las "medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo", ajustará el gasto de servicios personales y condicionará la contratación de personal, la creación de plazas o la apertura de áreas, unidades o departamentos; es decir, buscará concentrar en su gobierno el poder absoluto.
Esta política de control total, de fortaleza del gobierno y debilitación de los Ayuntamientos y órganos autónomos, además, revela con mayor descaro que los intereses que defiende el morenista no son los del pueblo trabajador, sino que sigue la línea de un gobierno federal que ha mostrado desamparo hacía las clases populares y que se ha dedicado a aprobar leyes que le ayuden a perpetuarse en el poder como grupo político. De ahí que en esta ley encontremos más interrogantes, inconsecuencias y violaciones al estado de derecho, principalmente en el caso de los ayuntamientos. Menciono sólo tres, que considero evidencian lo antes mencionado.
1.- La iniciativa de ley atenta flagrantemente contra la autonomía de los municipios, protegida en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2.- Los ayuntamientos son quienes mantienen el contacto directo con la población, conocen las necesidades, la realidad que se vive en cada comunidad y, con base en ello, proponen la ejecución de determinadas obras ante el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun), que es un órgano regido por la Ley Orgánica Municipal y que está compuesto mayoritariamente por ciudadanos, autoridades locales y encabezado por el alcalde, para su aprobación o en su caso modificación, de acuerdo a las necesidades más apremiantes. Si el mecanismo para garantizar que las obras que se realicen resuelvan las necesidades más sentidas por la población ya existe, además de que están auditadas y vigiladas por la Auditoria Superior del Estado de Puebla y deben presentar una serie de comprobaciones ante Finanzas del estado para evitar irregularidades, que es la "preocupación" del gobierno, entonces ¿para qué necesita el gobierno estatal intervenir en las decisiones del Ayuntamiento? Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿bajo qué criterio, Barbosa aprobará o no la ejecución de obras en los municipios? ¿El de las estadísticas oficiales que están desfasadas de la realidad por muchos años o el criterio político?
3.- El artículo 125 de la ley presentada por Barbosa advierte que: "el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría establecerá en la Ley de Egresos, las disposiciones generales a que habrá de sujetarse al emitir el Programa Estatal de Reducción de Gasto Público, así como la Secretaría de Administración al emitir las Medidas de Racionalidad y Eficiencia en el Ejercicio del Presupuesto de Egresos". ¡Más recortes! Las participaciones de la administración de Huitzilan de Serdán, municipio ubicado en la Sierra Nororiental, sufrieron al mes de junio un "ajuste" del 35 por ciento por concepto de participaciones del ejercicio fiscal 2019. Los ajustes del año fiscal 2020 en curso, también ya se están aplicando: el primero es del 22 por ciento y el segundo de 16 por ciento. Esta situación se replica en más de la mitad de los ayuntamientos, incluso, en la primera semana de julio, los presidentes municipales antorchistas de Huitzilan, Tepexi, Ocoyucan, Ixcaquixtla, Ahuatempan, Atexcal, Tecomatlán y Cañada Morelos, se manifestaron en Casa Aguayo ante la ola de "ajustes" a sus participaciones, sobre todo porque se realizaron en plena crisis por la pandemia provocada por el Coronavirus.
Y por si fuera poco, la ley establece que será la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) la que ajuste el gasto en Servicios Personales y condicione la contratación de personal; además de que los ayuntamiento deberán gastarse el recurso asignado en tres meses, porque de lo contrario, lo tiene que regresar para que gobierno estatal lo ocupe en "corregir desviaciones del balance presupuestal para recursos disponibles negativos, y en segundo lugar, a los programas prioritarios en los términos que establezca el Ejecutivo Estatal". Se limita, se asfixia, se debilita a las administraciones municipales, y con ello no sólo se frena su operatividad, sino que las están dejando desprotegidas y sin recursos para que puedan realizar obras o entregar apoyos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía y, que al mismo tiempo, detonen el desarrollo de los pueblos; en cambio, se fortalece el autoritarismo del gobierno estatal.
La ley dice que el gobierno poblano ocupará el recurso que no gasten los municipios en programas prioritarios que establezca, pero ¿qué garantía tienen los poblanos de que estos programas funcionen y verdaderamente ayuden al pueblo?. En lo que va de la administración de Barbosa, los resultados en cuanto a ejecución de obras es casi nulo, incluso, él señaló que no era prioridad en estos momentos de pandemia, cuando se necesita de la creación de empleos, ya que la gente no puede permanecer en confinamiento porque no tiene qué comer; dijo que es la prioridad la pandemia. ¿La pandemia? Pero si su gobierno no ha aplicado las medidas necesarias de apoyo alimentario para garantizar el confinamiento y reducir el número de contagios, no ha dotado de los insumos necesarios para la atención de pacientes covid, lo que nos ha llevado, a casi nueve meses, a sumar más de cinco mil muertos por esta enfermedad.
La política de Morena, que es la de Barbosa y la del gobierno federal, asesta un nuevo golpe al pueblo trabajador, a través del control y los recortes a los ayuntamientos. Sin obras, sin apoyos, sin la atención a las necesidades más apremiantes, el pueblo se queda desprotegido y a expensas de lo que el gobierno le quiera dar. Frente a esto, el pueblo no se puede quedar así: salgamos a defender la autonomía de nuestros ayuntamientos, a defender nuestros derechos establecidos en la Constitución, tomando la decisión correcta en las próximas elecciones de 2021, y no votando por el partido que ha llevado al país a una crisis que está sumiendo a los mexicanos en la miseria más lacerante: Morena. Cambiar el rumbo de nuestro estado y del país, está en nuestras manos.
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