La semana pasada, justo un día antes del inicio de la veda electoral por el tema de la revocación de mandato, durante la transmisión en vivo en sus redes sociales, el presidente municipal de Los Cabos, Prof. Óscar Leggs Castro, comentó un caso que se da en el municipio referente al pago de impuestos de un hotel, concretamente al predial.

Mencionó que Catastro realiza actualizaciones de los contribuyentes en el registro de sus propiedades para brindar seguridad jurídica, por lo que realizó llamamientos a algunas empresas inmobiliarias por algunos datos que no correspondían con los registros de construcción que inicialmente se autorizaron, y que en años recientes — se le olvidó decir que en la anterior administración municipal de su partido, Morena — se redujeron, bajando considerablemente el monto de pago en el predial del hotel, dejando de pagar alrededor de 5 millones de pesos a las arcas municipales.

En el video publicado por el alcalde, él hace referencia que la empresa mencionada se ha negado a pagar el monto que sería de mucha ayuda para realizar obras en las colonias que carecen de la red de agua potable y drenaje, principalmente, y que el propio presidente municipal considera el acceso a éstos como uno de los derechos más importantes que se debe garantizar. Mi intención no es exhibir el nombre y los detalles del caso, simplemente tomar el ejemplo, porque, así como ocurre con éste, la situación se replica a lo largo y ancho del territorio nacional: las grandes empresas buscan reducir o evadir impuestos.

El nuestro es uno de los 15 países más ricos del mundo y, al mismo tiempo, una economía que no genera equidad social. Veamos. En México, el 10% más rico concentra el 59% de los ingresos (El País, 8 de diciembre de 2021), nota en la que se agrega que el 1% de la población agrupa el 29% de los ingresos, según lo plasmado en el informe Regional de Desarrollo Humano 2021 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En el mismo texto, se añade que el 10% de la población mexicana acapara el 79% de la riqueza, situación que no solamente aqueja a nuestro país, sino que a nivel mundial la mitad más pobre apenas posee el 2% de la riqueza mientras que el 10% absorbe el 76%.

En términos porcentuales respecto al PIB, el ingreso fiscal en México es uno de los más bajos dentro de los países integrados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 2021, según datos preliminares del Servicio de Administración Tributaria (SAT), representó el 13.7 por ciento, mientras que en 2020 fue de 14.5 por ciento, registrando una reducción de 0.8 puntos porcentuales (El Financiero, 22 de enero de 2022). De acuerdo con la OCDE, en 2019 la recaudación respecto al PIB representó el 16.5%, ocupando México el último lugar de los 35 países que fueron analizados (El Financiero, julio 2021). Se agregó en la cita anterior que Dinamarca encabeza la lista al recaudar por impuestos el 46.3 por ciento; Francia, 45.4; Alemania, 38.8; promedio OCDE, 33.8.

Es decir, en México gran parte de los ingresos se concentra en una población reducida, asimismo la riqueza; al mismo tiempo, la recaudación por impuestos es una de las más bajas, situación que afecta, sin lugar a duda, a la gran mayoría, dado que ésta carga con gran parte de los impuestos conocidos como el IVA, IEPS, ISR, y demás, pero que al mismo tiempo no cuentan con los ingresos mínimos para satisfacer muchas necesidades, entre ellas la vivienda, alimentación y servicios. Existe pues, una desigualdad.

Por lo que se requiere de una reforma al sistema fiscal, donde paguen más quienes ganan más, y donde los más pobres paguen menos. En los países nórdicos a las empresas les asignan un alto porcentaje de impuestos, por lo que el Estado cuenta con el mecanismo para recaudar y aplica los recursos al desarrollo económico y social de toda la sociedad.

El ejemplo que da a conocer el presidente municipal de Los Cabos es entonces cierto: los ricos no pagan impuestos. Sin embargo, él se limita a solamente exhibir en público una situación en particular, sin proponer ni impulsar una nueva reforma recaudatoria a nivel nacional. ¿Algo se hace al respecto en la actual administración morenista? Solo un gobierno realmente identificado con las causas de los más pobres será capaz de tomar medidas tan radicales.