Seguramente los mexicanos medianamente informados nos hemos dado cuenta de que en México, casi a diario, se menciona al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la radio o la televisión. Otros medios como periódicos, revistas e internet, continuamente lo citan como fuente confiable y actualizada de información estadística y geográfica.
En nuestro país, el Inegi está considerado como un organismo público, autónomo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía, que permita dar a conocer las características de la República Mexicana y ayudar a la toma de decisiones. Por lo que analistas serios aseveran que ignorar los datos que publica tiene altos costos. Según varios columnistas y líderes sociales, el actual Gobierno federal ha cometido varios errores precisamente por no escuchar a los expertos y algunos de el a través de sus colaboraciones llaman al pueblo a darse cuenta lo que cuesta ignorar a los especialistas y organismos.
De esta manera, los que buscamos soluciones a fondo de toda la problemática por la que atraviesa nuestro país, estamos obligados a tomar seriamente los informes del mencionado organismo, pues las cifras dejan ver que los errores que está cometiendo el gobierno de la 4T los está pagando el pueblo trabajador. Veamos algunas cifras del Inegi.
El 25 de febrero, a través de varios medios de comunicación, el Inegi informó. De los 12 millones de personas que salieron del mercado laboral en abril de 2020, la recuperación se mantiene alrededor de 9.1 millones para el primer mes de 2021, con lo que quedaría pendiente la integración de 2.9 millones de trabajadores. Las personas subocupadas, es decir, que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda, pasaron de 4.1 millones en enero de 2020 a 7.8 millones en enero de 2021, con un aumento de 3.7 millones de personas. La ocupación informal en enero de 2021 ascendió a 28.9 millones, al tiempo que la Tasa de Informalidad Laboral se situó en 55.6%, cifra inferior en 0.6 puntos porcentuales comparada con enero de 2020.
En la misma fecha el Inegi señaló que el Producto Interno Bruto de México (PIB) cayó un 8.2% en 2020 respecto al año anterior debido a la pandemia del coronavirus. La reducción del PIB ocurrió por la caída de las actividades industriales y de servicios. Analistas financieros señalan, que la estigmatización de los empresarios por parte del Gobierno federal, tanto nacionales como extranjeros, ha generado un desplome en la confianza y la certidumbre de la inversión privada, lo que se ha traducido en un nulo crecimiento durante el primer año de la 4T (2019) y en una caída estrepitosa de alrededor de 9% del PIB en 2020.
Por otro lado, expertos en temas económicos hablan de fuga de capitales mexicanos al extranjero y sugieren medidas que el Gobierno federal debe implementar para que el empresariado mexicano mantenga sus inversiones en el país. Sin embargo, en días recientes, en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado señalando que en sexenios pasados empresas extranjeras del sector energético utilizaban al gobierno para sacar provecho, por lo que veían a México como tierra de conquista, pero aseguró que eso se terminó y los manda "a robar a otro lado”.
Hay que aceptar que ese discurso presidencial encuentra cierto apoyo en una realidad que muchos mexicanos conocen o intuyen y que les molesta y lastima profundamente al muy visible predominio del capital extranjero en las principales ramas de la actividad industrial, la Banca y el comercio del país, un predominio que le garantiza muchos privilegios y abusos en detrimento de la equidad social y de la soberanía nacional. Pero ampliado el señalamiento presidencial, se pone en evidencia lo que encierra y desde mi punto de vista es un juicio erróneo y destinado al fracaso, más bien se trata de un recurso electorero ya que, su intención de erradicar la inversión privada como tal en nuestro país, implicaría destruir el sistema capitalista para poner en su lugar un sistema nuevo que el país desconoce. Sería, por tanto, un proyecto social que busca imponerse por sorpresa o a la fuerza, mediante una dictadura personal secundada solo por los más fanáticos morenistas y, tal vez, por una parte de nuestras fuerzas armadas.
La humanidad sabe que es un error suprimir de tajo la propiedad privada y sustituirla sin más por la propiedad social. Los países como Rusia, China y Cuba han acabado reconociendo esta verdad y han tenido que retroceder algunos pasos para abrir espacio al mercado y a la producción privada y, de ese modo, reforzar sus economías y salvar sus conquistas sociales. Estas duras lecciones pero irrefutables, enseñan que no se deben suprimir voluntaristamente y de un solo golpe la propiedad privada, si no se quiere fracasar rotundamente en los propósitos de reivindicación social.
A pesar del lamentable panorama que señala el Inegi, entre otros organismos nacionales e internacionales, en México estamos a tiempo de lograr un acuerdo entre el poder público y la empresa privada sobre la base de un plan nacional de desarrollo que elimine los extremos de miseria y riqueza, dé un impulso poderoso al desarrollo de la economía nacional y eche las bases, sólidas y firmes, para la conquista de la verdadera soberanía nacional. En caso de seguir ignorando a los expertos, cualquier señalamiento como el grito radical del presidente López Obrador, puede ser un éxito propagandístico, pero es un grave riesgo y será otro de los errores que acabará pagando el pueblo.
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