Es de conocimiento popular que la administración pasada, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, se enfocó en dar ayudas a las personas de la tercera edad, así como becas a los niños y jóvenes. Sin embargo, los recursos que recauda la federación son finitos, es decir, tienen un límite, que al pasarlo sería imposible continuar por ese camino.
En las últimas dos décadas, los órganos reguladores han sido instrumentos para fortalecer la democracia y la competitividad del país.
Los recortes al gasto público son característicos de la 4T, pues la norma de gasto de su gobierno se basa en la “austeridad republicana”. Derivado de los recortes aprobados en el año 2022, se pronunciaron personalidades importantes, tales como Aquiles Córdova Morán, analista político y líder de los antorchistas a nivel nacional, quien mencionó:
“El plan de ‘pobreza franciscana’ se ve más como una amenaza que como una verdadera promesa que tenga que cumplirse, porque les hace temer que en realidad venga una nueva ola de recortes presupuestales a las partidas destinadas al gasto social como salud, educación, seguridad, agua potable, desarrollo municipal y otros de naturaleza parecida que ya hoy se encuentran en situación crítica.
En pocas palabras, temen que la ‘pobreza franciscana’ acabe empobreciendo más a los pobres, que son los que acabarán pagando las obras faraónicas y los programas electoreros de Morena”.
Al respecto, el dirigente del antorchismo en el estado de Michoacán, Omar Carreón Abud, dijo que “en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024, estas ayudas, sólo en lo referente a las pensiones para personas adultas mayores, llegarán a 465 mil millones de pesos. Es más, como el dinero que pagan los mexicanos con sus impuestos no va a alcanzar, la deuda del país llegará a 1.3 billones de pesos, lo que significa un incremento de 11.8 % con respecto a este año de 2023”.
En la actualidad, estas declaraciones se vuelven vigentes, pues en la “construcción del segundo piso de la 4T” que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, los recortes aparecen nuevamente y sale a relucir la “austeridad republicana”, pero ahora no viene sola, sino que viene acompañada de un golpe a los organismos autónomos.
Recordemos que el pasado 5 de febrero Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión el paquete de reformas de simplificación orgánica que forman parte del “Plan C”, en el que se propone la iniciativa de desaparecer al menos siete organismos autónomos con el argumento de que “se busca ahorrar recursos y que estos organismos se incorporarán a la administración pública federal” y que “las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se cree en términos de la legislación aplicable”.
Se trata de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), cuyas funciones serían absorbidas por la Secretaría de Economía (SE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la Secretaría de Energía (Sener); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sería eliminado y sus atribuciones pasarían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) serían del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) sería eliminado y sus funciones las asumiría la Secretaría de la Función Pública (SFP); el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) pasaría a la Secretaría de Educación Pública (SEP), es decir, los órganos mencionados desaparecerían y sus atribuciones serían absorbidas por las secretarías de Estado de las que “derivan”.
Para entender la dimensión de esta propuesta, es necesario explicar que los órganos autónomos son parte de un sistema de pesos y contrapesos que ha permitido construir la democracia mexicana en los últimos treinta años. Forman una constelación de organismos públicos que no dependen ni reportan al Ejecutivo, con objeto de cumplir sus funciones sin la interferencia directa del presidente de la república.
El Inai (que es uno de los implicados) explica que los organismos autónomos son indispensables para que exista un equilibrio del poder en los países. Contribuyen a garantizar los derechos y consolidar la democracia de las naciones.
“En las últimas dos décadas, los órganos reguladores han sido instrumentos para fortalecer la democracia y la competitividad del país. Sin ellos, México no estaría beneficiándose de la inversión y de la generación de empleos derivados de la relocalización”, expuso el CCE.
Entendiendo la importancia de que existan este tipo de organismos, cobra mayor relevancia el hecho de que Morena, con la mayoría en el Senado, haya aprobado la iniciativa que, presentada en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, logró la eliminación de los siete organismos autónomos antes mencionados.
Nuevamente son los ciudadanos los afectados por estos tijerazos, pues con la eliminación de estos organismos se prevé sumar a las arcas del gobierno alrededor de 4 mil 422 millones de pesos que, junto con otras economías, se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar a costillas de que no se pueda garantizar el acceso a la información pública, a asegurar la competencia económica y a regular los mercados energético y de telecomunicaciones. Asimismo, elimina la instancia independiente que mide la pobreza en el país.
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