Una de las políticas sociales que han aplicado los Gobiernos de Morena son las transferencias monetarias directas a los estudiantes del nivel medio superior y a los adultos mayores.
Estos programas son las joyas más presumidas porque, a decir de dichas administraciones, tienen una “cobertura muy amplia”, aunque los datos no son muy claros.
Pero ahora no me quiero referir a ellos, considerando que ya otros compañeros lo han hecho de una manera precisa y amplia. hoy me ocuparé de los datos reveladores de Pachuca y su zona metropolitana, donde, al igual que un número importante de hidalguenses, muchos de sus habitantes son excluidos de varios programas sociales instrumentados por el actual Gobierno.
Si no se invierte en el desarrollo de colonias populares, no es por falta de tierra, sino porque los sin techo no son prioridad y porque el negocio está en las inmobiliarias, que se llevan grandes ganancias.
De manera facciosa, el Gobierno arguye que es indispensable contar con la certeza jurídica de su predio, o sea, su escritura, para poder acceder a dichos programas; es ahí donde han encontrado la excusa perfecta para no incluir a miles de hidalguenses en programas para mejorar su hogar o dotarlos de servicios básicos. Para demostrar lo dicho, analicemos algunos datos.
En primer lugar, está el grave problema de la falta de vivienda que enfrenta esta región del estado, que alberga a 663 mil 183 habitantes, de los cuales 165 mil 795 (25 %) viven en hacinamiento (Censo Inegi 2020).
Este fenómeno obedece a dos causas principales: cuando los hijos se casan y se quedan viviendo con los padres, o bien a la llegada de familiares provenientes de otras regiones del estado o del país; los municipios con mayor recepción son Mineral de la Reforma y Zempoala, que concentran el 66 % de la inmigración (Cevi 2023).
Estando así las cosas, sería lógico pensar que el Gobierno priorizara invertir en programas como la ampliación de vivienda (para los que tengan terreno suficiente) y en el desarrollo de nuevos fraccionamientos populares para la clase trabajadora, que con su bajo salario, de apenas 9 mil 215 mensuales, en promedio (Censo Inegi 2020), está por debajo de la media nacional de 11 mil 516 (bienestar.org.mx).
Pero, todo lo contrario, la Comisión Estatal de Vivienda anunció que para este año ejercerá la flamante cantidad de ¡215 acciones en todo el estado!, solicitando, para ser sujeto del beneficio, la escritura pública del predio.
Así, simplemente se descarta a vecinos de Santa Julia, La Loma, La Palma, Santa Gertrudis y una zona del cerro de Cubitos en la capital, o la parte alta de San Guillermo la Reforma, Azoyatla o Carril Ancho en Mineral de la Reforma, zonas con altos índices de marginación.
Entonces, ¿a dónde irán a parar esas acciones? Seguramente a las manos de los incondicionales del actual Gobierno.
En el segundo caso, la respuesta es más desoladora porque, a decir de los actuales funcionarios, en esta parte del estado ya no hay tierra para fraccionar. Pero entonces, los fraccionamientos de reciente creación en Mineral de la Reforma, Zempoala y Pachuca, ¿quién los autorizó?
Y, si ya no hay tierra, ¿construirán casas en el aire? La respuesta es lógica: si no se invierte en el desarrollo de colonias populares, no es por falta de tierra, sino porque los sin techo no son parte de sus prioridades y porque el negocio realmente está en las inmobiliarias, las cuales se llevan grandes ganancias.
En este sistema neoliberal, todo se ha vuelto mercancía, y en esa ansia de ganancia, en varias ocasiones sus construcciones son de mala calidad, dejando a sus clientes con serios problemas de servicios públicos, como en el fraccionamiento Villa Margarita, donde la empresa se declaró en bancarrota, el municipio no recepcionó el desarrollo, y la gente sigue careciendo de algunos servicios básicos como un buen sistema de agua potable.
Otro programa que apenas circuló por varios grupos de WhatsApp de distintas colonias fue el de calentadores solares a mitad de precio; una oferta tentadora, pero que nuevamente solicitaba la escritura del predio, no contar con otro programa similar y reunir un sinfín de requisitos en tiempo récord (cuando se dio a conocer al público faltaban tres días para cerrar la convocatoria).
Por supuesto, tales requisitos no son casuales: al contrario, se hacen con todo cálculo para que la gente no pueda acceder a los supuestos beneficios.
Pero no sólo en las viviendas hay problemas de falta de atención; también hoy, con el inicio de las lluvias, se pone en evidencia nuevamente la falta de inversión en las calles de Mineral de la Reforma y Pachuca, que están completamente destrozadas.
El 63 % de las calles que cuentan con pavimento o asfalto presentan algún daño (Sopot 2022) y en la capital, según datos de la Secretaría de Obras Públicas, el 78 %.
Además, sumemos las que siguen sin pavimentarse, y es aquí donde uno se pregunta: ¿no sería más urgente la inversión en pavimentación y arreglo de calles que en el arreglo millonario del palacio de Gobierno? ¿Es más importante la inversión millonaria en el recinto ferial?
Quizás para el Gobierno sí, pues de esa manera continúa con la práctica de la antigua Roma: panem et circenses (pan y circo) para el pueblo.
Estando así las cosas, es necesario hacer del pleno conocimiento al Gobierno del estado que las políticas aplicadas en su actual administración no benefician a las mayorías, y es indispensable que el Gobernador esté enterado de que hay miles de hidalguenses que requieren de atención seria y respetuosa de su Gobierno.
Por lo anterior, acudiremos a su informe con el firme propósito de llamar su atención para que las demandas, hasta hoy planteadas e ignoradas por sus funcionarios, encuentren respuesta positiva.
Que nadie se quede en sus casa: todos al informe el próximo 6 de septiembre.
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