Los programas sociales se han instrumentado por los gobiernos para mantener controlada y sometida a la población, pues para el sistema capitalista son como válvulas de escape de una olla exprés.
En nuestro país, los programas sociales se han usado con ese fin, pero los políticos y empresarios descubrieron en los programas una nueva manera de incidir en la población para obtener ventajas electorales, para jalar agremiados y simpatizantes a los partidos políticos que mantienen el gobierno; se ha sofisticado tanto la estructura de esos apoyos sociales que ahora esos programas definen una elección estatal o local.
En México, los programas sociales iniciaron en el año 1943 con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en 1952 se creó el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y en 1964 el Instituto Nacional Indigenista (INI), de los cuales hasta la fecha, los dos primeros siguen subsistiendo, incluso con la misma denominación; no así el tercero, el cual se ha modificado con el tiempo, siendo actualmente el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), sin que la esencia de lo que dice proteger haya cambiado.
No debemos dejarnos engañar con el cuento de que si no votamos por tal o cual, vamos a perder los programas sociales; no puede ser porque quien llegue al Gobierno federal está obligado a respetar la Constitución.
Los programas mencionados han servido para mantener a la sociedad en una profunda tranquilidad, mirando las dolencias que aquejan a la población como asuntos ordinarios al fin que los beneficiarios tienen algunos problemas resueltos; eso ha hecho que una gran parte de la población se mantenga indiferente ante la situación inhumana en la que viven muchos otros mexicanos; o sea, una vez que son beneficiados por los programas, poco les importa que un vecino o que un familiar no cuente con esos mismos apoyos.
De 2000 a 2018, se llevó a cabo la consolidación de los programas sociales, los cuales se modernizaron conforme a las necesidades que la población siguió requiriendo, tales como: el Programa de Empleo Temporal (PET) en el año 2002; en 2007, el Programa Oportunidades (Prospera); en 2013, el Programa Nacional de Prevención de Delitos (PNPD) y en 2018, el Programa Sembrando Vidas.
Fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien comenzó con los programas que ayudaban de manera directa a los mexicanos, todos estos programas se han sustentado gracias a los impuestos que todos los mexicanos aportamos al erario.
Aún recuerdo que cuando era adolescente fui uno de los beneficiados del programa Oportunidades. Quien administraba el recurso para gastos escolares era mi mamá y recuerdo que uno, al ser beneficiado del programa, tenía la obligación de seguir estudiando y asistir a una serie de pláticas y revisiones médicas que estaban calendarizadas para tener la garantía de seguir recibiendo el programa.
Ahora con el Gobierno de la 4T, los programas sociales han cambiado de nombre y el mecanismo de entrega es otro, pero no hay una exigencia por parte del gobierno para que los beneficiados verdaderamente lo inviertan en su educación; tampoco hay vigilancia de que continúen estudiando y tampoco hay preocupación de que asistan a revisiones médicas, pues al Gobierno de López Obrador no le interesa nada de eso; lo único que pretende conseguir con esas ayudas directas es el voto de los beneficiarios.
Esas ayudas sirven para los fines políticos del actual gobierno federal, así lo manifiestan varios testimonios que dicen que perderán esos apoyos si no votan por el partido oficial. Eso es causa de un gran miedo en la población porque no quieren perder lo poco que obtienen.
Estos programas sociales no nacieron con la actual administración, ni tampoco podrán desaparecerlos, toda vez que desde marzo del año 2020, el Senado elevó a rango constitucional los programas sociales a favor de diversos grupos vulnerables: el artículo 4 de la Constitución garantiza la extensión progresiva de seguridad social para la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad y garantiza el apoyo económico a personas con discapacidad permanente, priorizando a menores de dieciocho años, indígenas, afromexicanas y aquellas en condición de pobreza.
O sea, los mexicanos no debemos dejarnos engañar con el cuento de que si no votamos por tal candidato o partido, vamos a perder los programas sociales; eso no puede ser porque cualquier persona que llegue al Gobierno federal estará obligada a respetar lo que dice la Constitución. Además, tengamos en cuenta que esos apoyos sociales los pagamos todos con nuestros impuestos; no salen de la bolsa de ningún político, pues por muy buen líder que se crea, nunca podrá multiplicar los pesos que están en sus bolsillos.
Como mexicanos, debemos defender los programas sociales, pues es un derecho constitucional, pero al mismo tiempo debemos exigir mejores condiciones para todas nuestras comunidades, pues no es justificable cambiar una cosa por otra, ya que necesitamos infraestructura para que todos tengamos servicios básicos, infraestructura de salud, educativa, deportiva, cultural, etcétera.
No podemos permitir que se nos intimide y se nos obligue a votar por algún partido bajo la amenaza de que el programa se nos quitará. Sigamos defendiendo lo que por derecho nos corresponde.
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