En un país donde necesariamente conviven y coexisten personas muy privilegiadas con otras en pobreza extrema, donde la desigualdad es muy marcada y trae consigo muchos males para el país entero, como consecuencia de esta inequidad que se ha endurecido en los últimos años después de la pandemia sanitaria, se crean conflictividades, fracturas, tensión política y mucha, mucha inseguridad. Esta última es una consecuencia muy pronunciada y tiende a acelerar los males de nuestra sociedad como la violación de los derechos humanos.
La desigualdad y la pobreza no es lo único que determina que una ciudad sea más o menos violenta, sin embargo, las condiciones de pobreza y de exclusión social permiten el desarrollo de formas de violencia de un grupo a otro, o entre individuos, que se acelera con la inactividad del gobierno para aminorar o erradicar este fenómeno.
En este sentido, el documento “Cuatro años perdidos en materia de seguridad”, del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que se realizó este año, inicia con el argumento de que la seguridad en México está prendida de alfileres, ya que el Gobierno federal llegó al último tercio de la administración con un saldo caracterizado por desgaste institucional, centralización de las decisiones, operación y cero planeación, mayor fragilidad presupuestal, retórica abundante, toma de decisiones al margen de la ley y rendición de cuentas incompleta y parcial.
Menciona, además, que la nación en el año 2022 ocupó el primero lugar en tasa anual de extorciones, narcomenudeo, trata de personas, violaciones y otros delitos que atentan con la vida, la integridad y la libertad personal; el cuarto lugar en tasa anual de feminicidios y el quinto lugar de tasa anual de homicidios dolosos.
Y cada día, de los últimos meses, nos hemos levantado con noticias alarmantes como el secuestro de 14 trabajadores de la Secretaría de Seguridad estatal que se trasladaban, en pleno día, del principal cuartel militar de Chiapas a Tuxtla, los 65 alcaldes y funcionarios locales han sido asesinados bajo el gobierno de AMLO, los actos delictivos que se han cobrado muchas vidas en el estado de Guerrero, una oleada siniestra de cuerpos desmembrados, decapitados y embolsados en Veracruz, Guerrero, Yucatán, Michoacán y Tlaxcala, entre otros estados en menor cantidad.
Es evidente que no se tienen estrategias ni políticas de seguridad, no se tiene un contrapesos político y social reales, por lo tanto, no hay cambios en el combate a la delincuencia e inseguridad en nuestro país. El mandatario nacional y las autoridades correspondientes, no han logrado encauzar las tareas de la Guardia Nacional en defensa de los derechos humanos, de sus programas de Seguridad Pública, de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, de Seguridad Nacional y de Protección Civil, además de que no cuentan con seguimiento ni actualizaciones que les permitan ejecutar el propósito por el cual fueron creados.
La violencia que se vive en todo el país por el crimen organizado, al no encontrar eco, sigue creciendo y cobrándose la vida del pueblo y de los hijos del pueblo, pues ahora la delincuencia está en las aulas.
La delincuencia encontró eco con los hijos de familias que no logran sustentarse con los salarios familiares y buscan tener dinero de manera fácil o simplemente entró a las escuelas por la falta de vigilancia por parte de las autoridades. Ejemplo de ello son los casos de Veracruz donde en una semana la violencia arrebató la vida de cinco menores, tres de ellos acribillados por una docena de sicarios; en Tierra Caliente de Guerrero, donde un comando armado irrumpió en la comunidad de El Durazno, en Coyuca de Catalán, abriendo fuego contra maestros y alumnos en las instalaciones de una escuela primaria y que cobró las vidas de 10 personas, entre ellos un menor de 11 años; en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, que se cobró la vida de 16 personas y la de un estudiante en la Escuela Preparatoria 231, asesinado a manos de la delincuencia; en Tampico, Tamaulipas, con cinco escuelas marcadas como ‘foco rojo’ por inseguridad; en Cárdenas, SLP, se suspendieron clases ante el temor de la ciudadanía por sus hijos; en Quintana Roo donde padres de familias están preocupados tras el regreso a clases por la marcada inseguridad y las últimas noticias donde niños y niñas han tomado en sus diminutas manos la vida de animales domésticos, prueba de cómo la ideología sistémica, como fuego abrazador, consume cuerpo y mente de nuestros infantes.
Estos son solo casos ejemplares de que la delincuencia no espera, pero también están los actos delictivos y de inseguridad que se viven en las calles diariamente. La gente no está segura ni ha encontrado justicia en ninguno de estos casos y en cambio, la respuesta que encuentran por parte de las autoridades es de represión y más violencia. Pero esto, desgraciadamente, pareciera que es total y completamente normal.
La gente ya no se sorprende, ya no se inconforma, ha tomado el asunto de la violencia como algo cotidiano y eso es sumamente peligroso, pues caemos redonditos en el juego y plan de este sistema y gobierno que nos manipulan y nos quieren callados, temerosos y violentos.
Ya decía Engels, que los actos de violencia son siempre y en todas partes las condiciones económicas y los recursos de poder de que se dispone los que ayudan a la violencia a triunfar y sin los cuales esta deja de ser violencia. La violencia no puede verse como un caso aislado, sino que es el resultado de las condiciones económicas (y políticas he de agregar) de una sociedad, condiciones que se miden por el desarrollo económico o social de pobreza y desigualdad. México carece de ambos, no cuenta con políticas económicas ni sociales que mitiguen la creciente pobreza, desigualdad y violencia y para poder acabar con estas tres cosas, es necesario conocer sus causas para así crear políticas objetivas para eliminarlas.
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