No endeudar al país y el manejo responsable de las finanzas públicas fue el lema que repitió Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su administración, pero llegó el final del sexenio y los datos demuestran que no sólo aumentó la deuda, sino que no hubo un manejo responsable de las finanzas del Estado.
El sexenio pasado cerró con el mayor monto de deuda pública desde que se tiene registro público por parte de Hacienda.
Esto, comparado con una familia cualquiera, se da cuando el jefe de casa saca un préstamo en alguna institución bancaria y todo se lo gasta en francachelas, dejando a la familia en ruinas y en completo abandono.
El sexenio pasado cerró con el mayor monto de deuda pública desde que se tiene registro público por parte de Hacienda. En términos monetarios, suma 17.4 billones de pesos, equivalente al 51.4 % de la economía. Esto indica que el tamaño de la deuda que ha adquirido el gobierno representa un poco más de la mitad del ingreso total que generó la economía durante el año 2024.
Si comparamos frente a la deuda pública que dejó Enrique Peña Nieto, entonces tenemos que la deuda pública se incrementó en 23 % (3.2 billones de pesos) respecto a 2018. El aumento de la deuda se debe a que el gobierno pidió más préstamos en moneda nacional, elevándola en un 45.5 % (4.1 billones de pesos) frente a lo que dejó EPN en 2018.
Si dividimos el total de la deuda pública entre el total de la población mexicana, al cierre del sexenio de AMLO cada mexicano debe 131 mil 738 pesos por concepto de la deuda pública. Esto es 17.5 % (19 mil 596 pesos) superior a lo que debíamos los mexicanos al cierre del sexenio de Peña Nieto, cuando se debían 112 mil 141 pesos por persona.
En el primer trimestre del año, el costo financiero de la deuda pública ascendió a una cifra no vista al menos en las últimas dos décadas para un mismo periodo, aseguró el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Durante ese periodo se pagaron 302.7 mil millones de pesos en intereses, comisiones y otros gastos asociados a la deuda pública, el mayor monto en un primer trimestre desde 2006, cuando se creó el registro, señala un reporte publicado por el Instituto con datos de la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con el reporte Hacienda en la mira, esta cifra fue superior en 11.7 % real a la reportada en el mismo periodo de 2024.
Al 31 de marzo de 2025, el saldo de la deuda del sector público federal, que incluye al gobierno federal, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la banca de desarrollo, ascendió a 18.84 billones de pesos, un incremento real de 3.1 %. Reforma, 7 de mayo de 2025.
Por otra parte, el estudio del IMCO destaca que el déficit presupuestario del primer trimestre se contrajo casi 75 % durante el mismo periodo.
Al igual que en los últimos siete años (2018-2024), en 2025 el gasto del sector público federal fue superior a sus ingresos, incurriendo en un déficit presupuestario de 120.6 mil millones de pesos. No obstante, este déficit es 74.6 % menor, en términos reales, al registrado en el mismo lapso de 2024.
En el análisis, el IMCO destaca que el gasto en infraestructura del sector público federal cayó 33.5 % real anual en el mismo periodo (excluyendo la inversión a cargo de Pemex), al pasar de 147.6 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2024 a 101.8 mil millones en el mismo periodo de este año.
Por su parte, el Monitor de Finanzas Públicas de BBVA México, publicado este martes, destacó que se reportó una caída abrupta de los ingresos petroleros, los cuales estuvieron por debajo de lo programado en el primer trimestre de 2025. Reforma, 7 de mayo de 2025.
Deber por deber no tiene ningún caso. El endeudamiento no es malo en sí mismo para las finanzas públicas, pues representa una fuente de financiamiento. Sin embargo, si no es usado con responsabilidad, cumpliendo con las metas o límites que se establecen por ley, así como si no se le da un uso responsable, entonces pudiera no generar el efecto esperado y representar sólo una carga financiera.
Todo aquel financiamiento que solicite el gobierno debe ser destinado a la ejecución de obras que produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos. Deber por deber no es la solución.
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