Todos sabemos que la gran fiesta democrática que vivió el país en julio de 2018, fue importante porque permitió que parte del electorado, que se decía desengañado y frustrado, recuperara la confianza en nuestro sistema democrático, precisamente porque las elecciones dieron paso a una nueva fuerza política que prometía gobernar en beneficio de los más pobres. Con esta divisa atrajo la simpatía popular López Obrador.
Por ello nos parece oportuno examinar alguno de los factores que facilitaron la emergencia de tal fenómeno. Me refiero a la legislación electoral que dio marco y cauce a ese impulso renovador, marco jurídico fruto de muchas luchas libradas en nombre de la democracia que tanta falta nos hacía en México.
Baste considerar cuatro aspectos de la ley electoral que favorecieron el éxito del partido hoy gobernante: a) Morena llegó al poder participando en las elecciones arropada en la coalición ‘Juntos haremos historia’, alianza electoral con el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo; b) Morena y sus aliados contaron con un millonario presupuesto para sus gastos de promoción; c) los candidatos de la coalición, buena parte de ellos principiantes en estas lides, pudieron darse a conocer por la gran masa a través de anuncios en espectaculares, en transportes públicos y portadas de revistas, y d) buen número de sus cuadros habían participado anteriormente en los congresos locales y el federal con la figura de diputado plurinominal, también llamado de primera minoría (el candidato que obtuvo el mayor porcentaje de votos después del ganador).
Muchos estudiosos de las dificultades que se han debido sortear para construir la democracia que hoy tenemos (perfectible en muchos aspectos es cierto), combate que inició desde 1988 y dura hasta la fecha, esperarían que Morena, una vez en el poder, se dedicaría a salvaguardar y consolidar ese marco jurídico. Confiarían que lo haría por su autoproclamada vocación democrática, pues el entramado de leyes comprobó su aptitud para que la voluntad popular se expresara con holgura, pues todos fuimos testigos de que permitió que las voces de descontento fluyeran como pequeños arroyos hasta formar el gran río que llevó al triunfo a la coalición ‘Juntos haremos historia’.
Vemos con sorpresa que no es así, que Morena en Puebla está impulsando varios cambios en la legislación electoral tendientes a obstaculizar la participación de otros actores políticos, con especial dedicatoria al Movimiento Antorchista Poblano. Por ejemplo, la denominada ley Biestro quiere quitar al gran perdedor, o sea, plantea que se eliminen los diputados plurinominales, también busca prohibir que los partidos recién registrados realicen alianzas para presentar candidatos. Aunado a lo anterior el mismo gobernador Miguel Barbosa envió al congreso una iniciativa para reformar el artículo 32, del Código Electoral de Puebla, para que se prohíba la propaganda de los candidatos en espectaculares, portadas de revistas o libros, el transporte público, sitios de taxis, terminales de autobuses o cerros. Para dar sustento a sus propuestas los morenos invocan la ya conocida cantaleta de la austeridad, de que el gobierno debe ahorrar.
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