En los últimos 15 días se han registrado en Hidalgo -al igual que en otros estados del país- dos fenómenos naturales (primero el huracán “Grace” y luego el desbordamiento del río Tula) que por la magnitud y gravedad de los daños provocados, han traído consigo consecuencias graves sobre todo para la población más vulnerable, sin que ninguno de los niveles de gobierno, haya acudido en su auxilio de manera seria, responsable y suficiente; a no ser para tomarse la foto y hacer declaraciones grandilocuentes con el claro y casi único propósito de dar la impresión ante los propios afectados y el país entero de su gran sensibilidad y preocupación por sus gobernados. A consecuencia del huracán “Grace”, en los municipios de Tenango de Doria, San Bartolo Tutotepec y Huehuetla (quizá el más afectado), cientos de viviendas se han quedado sin techo; decenas de productores de maíz y frijol para autoconsumo, así como pequeños productores de café perdieron sus cultivos a consecuencia de la intensidad de los vientos registrados; caminos y “carreteras” -ya bastante dañados por la falta de inversión en mantenimiento y rehabilitación- han quedado totalmente destruidos volviéndose aún más complicado, lento y tortuoso el transporte de personas y mercancías. Hay que señalar aquí, que a pesar del esfuerzo que han hecho las brigadas de trabajadores del ayuntamiento y la escaza maquinaria que este ha podido contratar con sus propios recursos, estos han resultado insuficientes frente a la magnitud de los daños causados y a que las lluvias no han cesado de caer hasta ahora. Y lo más reciente, el desbordamiento del rio Tula que provocó la inundación del hospital del IMSS causando la muerte de 15 o 17 (aquí tampoco las autoridades logran ponerse de acuerdo) enfermos de covid-19 a consecuencia del corte del suministro de energía eléctrica que impidió asistirlo con oxígeno, la evacuación del resto de los pacientes enfermos y su traslado a distintos nosocomios de la región incluida la capital del estado; se calcula que por lo menos 40 mil damnificados fueron afectados por las inundaciones, sufriendo daños en su persona y sus bienes pues también tuvieron que abandonar sus domicilios y pertenencias. El mismo centro de la población y con ello decenas de comercios, también resultaron inundados. Todavía ayer sábado, once de septiembre, un importante grupo de manifestantes tuvo que apostarse a las afueras de un hospital del IMSS en Pachuca para exigir que los enfermos evacuados fueran atendidos como es su derecho.
Muchos hidalguenses y seguramente muchos mexicanos, no dejamos de preguntarnos: ¿qué hacen entonces los sistemas nacional y estatal de Protección Civil? ¿Para qué sirve entonces el monitoreo permanente de ríos y presas por parte de Conagua para alertar a la población en caso de riesgo? ¿No era posible prever y alertar a la población de manera rápida y oportuna de los riesgos de una inundación y sus consecuencias? ¿Por qué a última hora a pesar de las lluvias torrenciales registradas durante varios días? ¿Qué el hospital del IMSS no contaba con una planta alterna que garantizara el suministro de energía eléctrica en caso necesario? Los desastres naturales cada vez más frecuentes y graves no pueden evitarse, pero si es posible disminuir sus efectos con una política preventiva más responsable, oportuna y pensando más en salvar vidas como ocurre en otros países.
Frente a estas y otras desgracias, seguimos escuchando los mismos discursos demagógicos de siempre, sólo que ahora en muchas peores condiciones a consecuencia de la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) por parte de los diputados de Morena y el Gobierno de la 4T. Aunque el presidente de la república asegure desde el púlpito de la mañanera “que ahora se está atendiendo a los damnificados como nunca”, “que no hace falta el Fonden para atender a la gente”, lo cierto es que a ninguna de las zonas afectadas por el huracán y el desbordamiento del río Tula está llegando ningún tipo de ayuda proveniente del gobierno federal y/o estatal. Ha empezado a llegar el apoyo y la solidaridad de la sociedad civil -que como siempre en estos casos- capaz de organizarse para brindar solidaridad a sus hermanos en desgracia. “Antes –oigo decir a muchos– aunque sea una despensa, medicamentos, agua, colchonetas, apoyos para reconstruir vivienda, nos llegaba de inmediato, ahora ni eso”. Ahora, sólo discursos demagógicos y la promesa de que se van a aplicar censos para identificar a las familias afectadas. El gobierno se olvida de que hay necesidades que deben atenderse de inmediato y que no pueden esperar la aplicación de un censo.
Pero además de este desdén y falta de sensibilidad frente a tanta desgracia por parte de los gobernantes; se pone al descubierto la falta de una política seria de carácter preventivo ante este tipo de desastres y la falta de responsabilidad para actuar con mayor oportunidad. No basta con que ahora el Servicio Meteorológico Nacional nos diga que lanzó 45 alertas por lluvias en Tula y nadie escuchó; como tampoco que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, nos venga a decir a través de los medios y su cuenta de Twitter que: “no habrá impunidad, pido a las autoridades competentes que deslinden responsabilidades ante estos hechos. No debe existir especulación, y la sociedad debe conocer la verdad” (Sol de México del domingo 12 de septiembre). No es suficiente que el gobierno del estado reconozca que hay más de tres mil viviendas afectadas (hay quienes dicen que son más de cinco mil) por las inundaciones en nueve municipios. Desde luego que no debe haber especulación ni impunidad, es necesario también que la población conozca la verdad de los hechos y se deslinden responsabilidades; pero sobre todo es conveniente que la desgracia de miles no esté siendo utilizada con fines políticos, pues no hay que olvidar que el próximo año habrá elecciones para gobernador en Hidalgo. Es urgente y necesario, así lo exige la realidad, que se implementen acciones concretas ya, para beneficio de la población afectada.
Aparte de los censos a modo que hicieron los “siervos de la nación” en la sierra otomí-tepehua y la declaración del gobierno de la 4T de que se apoyaría a cada uno de los afectados por el huracán con una cantidad de $35,000.00; no hay ninguna acción concreta, ni grande ni pequeña, para atender a los damnificados; ninguna acción para reparar caminos, reconstruir viviendas, rehabilitar redes de agua averiadas, etc.; apoyos individuales con dinero en efectivo para comprar conciencias y garantizar los votos para las elecciones a gobernador del próximo año en Hidalgo.
Es urgentísimo que los hidalguenses, como todos los mexicanos, extraigamos lecciones de estos desastres y aprendamos de ellas. Es urgente que entendamos que no bastan las promesas, como tampoco las ayudas ocasionales con el dinero de nuestros impuestos; que no son suficientes una despensa, agua y/o medicamentos en caso necesario. Es conveniente que entendamos a la luz de los desastres, que lo que necesitamos es un gobierno que se ocupe y preocupe en forma permanente por el bienestar de la población; que se ocupe de garantizarnos a todos un empleo bien remunerado que nos alcance para cubrir por lo menos nuestras necesidades básicas; necesitamos un gobierno que se ocupe de recaudar impuestos no sólo de los trabajadores sino sobre todo de quienes acaparan la riqueza que producimos entre todos y por esa vía garantizar para toda la población: salud, educación, vivienda y servicios básicos de calidad; cultura y deporte. Es decir, una mejor calidad de vida material y espiritual. Para lograrlo, es necesario que nos organicemos y eduquemos, tal y como lo señala desde hace 47 años el Movimiento Antorchista Nacional. Ésa es la tarea del momento.
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