Oaxaca acaba de ser golpeado por un sismo que dañó más de 8 mil viviendas en 125 municipios y provocó derrumbes en 10 carreteras estatales. Este desastre natural se suma a la serie de males que hoy tienen a este importante estado en una profunda crisis, muestra una vez más el nulo contacto que tiene el presidente de la República con la realidad. Un estadista no se dedica a engañar a quienes sufren afectaciones con insustanciales videos en los que no se emite una sola directriz operativa, sino que destina los recursos necesarios para enfrentar con rapidez y eficacia este tipo de siniestros.
México, según el Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), es de los países con mayor actividad sísmica en el mundo, con un promedio de 90 episodios por año. Por ello, en 1999 se creó el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), destinado a la rehabilitación y reconstrucción de infraestructura, vivienda de la población de bajos ingresos, así como de selvas, áreas naturales protegidas, ríos y lagunas, un año después, se estableció también destinar recursos para la prevención, esto dio como resultado que estuviera compuesto por dos instrumentos presupuestarios: el FONDEN, para la reconstrucción y el FOPREDEN, para la prevención, con sus respectivos fideicomisos. En el 2005, con el propósito de aumentar la cobertura de este fondo, el gobierno de México le otorgó facultades para desarrollar mecanismos financieros para la retención y transferencia del riesgo, como producto de ello, en 2006 fue conseguido con el Banco Mundial, el primer bono catastrófico de México.
En 2018, el FONDEN contaba con un presupuesto de 26,644 millones de pesos y el FOPREDEN, con un presupuesto de 350 millones, pero con la austeridad de la 4T, estos pasaron a 3, 644 y 180 millones en el 2019 y 3 mil 353 y 647 millones de pesos en 2020, respectivamente. Pero no solo eso, este pasado mes de mayo, los diputados de MORENA propusieron desaparecer junto con otros 42, el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales. La iniciativa plantea desaparecer el concepto de ley y derogar el artículo 37 constitucional que delimita su operación, manteniendo el artículo 9 que contempla la obligación de los estados y municipios de prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados por desastres naturales.
Es claro pues, que la obtención de recursos para atender las afectaciones por estos fenómenos naturales, mediante los proyectos de cooperación del Banco Mundial, a través de "mecanismos para transferir los riesgos", en buen español significaron restar importancia a la necesidad de asignar un monto adecuado del erario para preservar la vida de los mexicanos, trasladando el financiamiento a los grandes corporativos que hacen negocio con los países mediante la contratación de un seguro. Pero a pesar de ello, resultado obvio el gobierno obradorista en materia de atención a desastres naturales ha significado un peligroso retroceso, pues en una primera etapa se han reducido en un 85% los recursos destinados al FONDEN y en una segunda, se propone cancelar el fideicomiso de este programa, trasladando la responsabilidad a los estados y municipios, sin aclarar cómo se atenderán en el futuro este tipo de siniestros.
Para muestra de que esto no es solo una opinión, acompaño mi crítica con un hecho. Oaxaca es víctima de este retroceso, pues los avances en materia de reconstrucción de vivienda e infraestructura educativa tras los sismos del 2017 y 2018 son prácticamente nulos. En el informe del tercer trimestre del 2019 del Programa Nacional de Reconstrucción PNR- ya en periodo de la 4T- se contabilizan 80 mil 705 viviendas afectadas en las cuales solo se cuenta con un avance de 27% en la reconstrucción y, de 121 planteles educativos afectados, solo en 49 se habían contratado los servicios para la reconstrucción, con un avance físico del 10% al corte de septiembre, pero en los 79 restantes, aún no se realizaba el proceso de contratación.
Estamos presenciando el agravamiento de nuestra ya de por sí complicada realidad, porque la administración del país está en manos de un partido que se formó de los más funestos miembros de la clase política ya en bancarrota, que con tal de acceder al poder, elaboró un proyecto de gobierno basado en el discurso demagógico que puso en el centro de su discurso a las masas populares olvidadas por siempre, mediante la implementación de programas asistencialistas y proyectos de inversión que garantizaran su capital político, cuya elaboración improvisada se sostuvo siempre en los deseos de López Obrador y no en la realidad presupuestaria de nuestro país. Por lo que ahora que los cálculos económicos han fallado, la suicida necesidad de sostener su proyecto político, los orilla a cancelar programas y partidas presupuestales para sectores cruciales so pena de que su proyecto perezca antes de que termine el sexenio. Esa es la razón para la disminución del presupuesto para educación, salud y ciencia, y para la cancelación del Ramo 23 y de los 43 fideicomisos que atienden temas cruciales, entre otros. Porque estos recursos, acompañados de un discurso oficial que mantenga en el ánimo de los mexicanos la esperanza de un gobierno, por primera vez comprometido con los pobres, permitirán sostener los programas insignia de la 4T, sin importar que sectores y aspectos cruciales de la vida de nuestro país sean desatendidos, atentando contra la vida y los derechos constitucionales de los ciudadanos.
¿Qué hacer ante las medidas de quienes prometieron corregir las cosas, pero en vez de hacerlo, ponen en peligro la vida de los mexicanos? En primer lugar, entender que la poca participación de la clase trabajadora en la política de nuestro país, ha permitido que se haya formado una clase gobernante que ha beneficiado solo a las clases económicamente privilegiadas, provocando que amplios sectores sociales que viven en la pobreza, ante la urgente necesidad de un cambio que trajera mejoras en su vida, apoyaran al primer proyecto político que les prometiera la atención que nadie les dio antes. Es decir, la poca experiencia política dejó que millones de inconformes se dejaran engañar por quienes hoy nos gobiernan. En segundo, que es urgente corregir y participar ahora sí en la vida política de México, exigir que los recursos de que dispone el gobierno se inviertan de inmediato en nuestras necesidades más apremiantes, para lo cual necesitamos organizarnos y hacer uso de la única arma que tenemos, nuestro número, exigiendo que las promesas de solución se hagan efectivas.
Por tanto, los oaxaqueños debemos exigir que se apliquen los recursos del Bono Catastrófico de 9,500 millones de pesos, contratado por nuestro gobierno el pasado mes de marzo. De no obtener respuesta positiva a nuestras justas demandas, debemos exigir al gobierno del estado que solicite e invierta recursos extraordinarios para esta catástrofe que se suma a los males que hoy tienen a nuestro estado en crisis. Ha llegado la hora de exigir nuestros derechos.
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