En los recientes datos de la Medición de Pobreza Multidimensional 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Oaxaca aparece como el segundo estado a nivel nacional con rezago educativo, sólo por debajo de Chiapas, señalando que 1 millón 302 mil 700 personas se encuentran en esta situación.
En este año, ya son tres ataques violentos en contra de las casas del estudiante de Oaxaca que están adheridas a la FNERRR; o sea, las autoridades no les brindan oportunidades para que estudien, pero tampoco los protegen contra agresiones.
La cifra es alta y estremecedora si tomamos en cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 3º el derecho universal a la educación y que esta debe ser obligatoria, gratuita, inclusiva, pública y laica. Partiendo de esto, se puede decir que en Oaxaca se está violentando el derecho a la educación del 30.5 % de la población.
El rezago educativo, según el Coneval, detalla que “una persona presenta rezago educativo si no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente al momento en que debía haberla cursado”, es decir, si un niño de seis años (edad para ingresar a la primaria en México) no se gradúa de primaria, ya está en las filas del rezago educativo; lo mismo sucede si un joven llega a los dieciséis años de edad sin completar la secundaria o, finalmente, cuando cumple 22 años de edad, sin terminar la educación media superior.
Podemos decir que lo que sucede en el estado de Oaxaca es una catástrofe, pues hay miles de personas que no cursaron sus estudios en tiempo y forma, aunque la educación es un derecho que se le debe garantizar a todos.
¿Qué lo genera? La pobreza y la desigualdad social, así como las condiciones económicas y la inestabilidad laboral, que dificultan la continuidad escolar (Inegi 2024).
Es el resultado de los problemas económicos que atraviesan las familias, derivado de que no les alcanza el ingreso para adquirir lo necesario para vivir: salud, vivienda, alimentación y educación; por eso, las familias se ven obligadas a que los hijos trabajen desde muy temprana edad; de esta forma se agrandan las filas de la deserción escolar y el rezago educativo.
Para muestra, podemos tomar los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh), donde Oaxaca aparece en el segundo lugar con menores ingresos a nivel nacional, con un promedio de ingresos mínimo de 3 mil 327 pesos mensuales.
Esto reafirma que las familias oaxaqueñas no tienen el recurso necesario para la educación de sus hijos, pues en esa misma encuesta se menciona que, del total de ingresos, el 40.4 % se destina a la alimentación y sólo el 8.6 % a la educación. Es decir, que las familias, como es de esperarse, aseguran la alimentación (sin tocar el tema de la seguridad alimentaria) y ya no les alcanza para la educación de sus hijos.
Viendo esta realidad tan estremecedora, cualquier gobernante cuya intención, aunque sea mínima, de contribuir a revertir los números del atraso educativo, y que los problemas económicos de los padres no sean un factor determinante en la educación de los hijos, brindaría más opciones, como puede ser la construcción de albergues estudiantiles que mitiguen los gastos de educación.
Los albergues estudiantiles, tomando como referencia la información brindada por la Federación de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr), son casas donde se les da hospedaje y alimentación a los hijos del pueblo trabajador que, por sus ingresos económicos, no pueden pagar renta y alimentación en los lugares donde están las preparatorias y universidades; les brindan también talleres culturales y deportivos. En pocas palabras, se convierten en la oportunidad para que puedan formarse como profesionistas.
Esto es lo ideal; sin embargo, en la realidad se hacen cosas totalmente diferentes. En este año, ya son tres ataques violentos en contra de las casas del estudiante de Oaxaca que están adheridas a la FNERRR; o sea, las autoridades no les brindan oportunidades para que estudien, pero tampoco los protegen contra las agresiones que sufren.
El 23 de enero, un grupo de porros desalojó violentamente a los estudiantes del Albergue Cultural y Estudiantil “Villas de Monte Albán”; el 26 de abril, los policías de Miahuatlán de Porfirio Díaz desalojaron ilegal y violentamente a los moradores del albergue estudiantil “Juan Manuel Celis Ponce”; la noche del 5 de agosto, sujetos encapuchados y portadores de armas de fuego, a bordo de camionetas todoterreno y, por si fuera poco, ante la presencia indiferente de la policía municipal, irrumpieron ilegalmente en el Albergue Cultural y Estudiantil “Villas de Monte Albán”, además de vandalizar una pequeña tienda de abarrotes propiedad del Movimiento Antorchista.
Quedan claras, pues, las medidas que toman los gobernantes de Oaxaca respecto a los problemas de educación que existen en el estado.
Para alivio de unos y pesar de otros, los jóvenes aguerridos de la FNERRR, junto al Movimiento Antorchista, han emprendido una lucha a nivel local, estatal y nacional para pedir que se detengan los ataques en contra de las casas del estudiante.
Es por ello que el pueblo de México salga a defender la existencia de las casas para que sus hijos tengan la oportunidad de concluir sus estudios, ya que las autoridades de Oaxaca no apoyan a los estudiantes, pero sí los reprimen y violentan.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario