Desde sus inicios de la proclamada cuarta transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se propusieron, además de hacer reformas constitucionales, desaparecer las instancias de función regulatoria, conocidas como Organismos Constitucionales Autónomos (OCA): las entidades de derecho público, con personalidad jurídica, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades legítimas de la Administración Pública. Estos se rigen por el Derecho administrativo (Arts. 98-2 y 99 LRJSP).
De acuerdo con la nota de El Universal (20-Feb-2019), los organismos autónomos más importantes son:
El Banco de México (Banxico): Es el banco central, facultado exclusivamente de emitir la moneda de un país, garantizar el poder adquisitivo de la moneda y promover el sano desarrollo del sistema financiero, regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros.
Funge como asesor del Gobierno federal en materia económica y, particularmente, financiera. Igualmente, participa en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales (Expansión. 09/dic/2009).
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), encargado de producir, integrar y dar a conocer la información estadística de la población, económica y geográfica de México. Entre sus funciones destaca la creación de una infraestructura de datos en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Asimismo, realiza los censos nacionales de población y vivienda, los económicos, así como los censos agrícola y ejidal. También, integra el Sistema de Cuentas Nacionales de México y elabora los índices nacionales de precios al consumidor y de precios al productor.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tiene como objetivo la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Mexicana, los tratados internacionales y las leyes. Entre sus funciones se encuentran: recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos e investigarlas; también, formular recomendaciones públicas, denuncias y quejas ante las autoridades federales.
El Instituto Nacional Electoral (INE), es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales; es decir, la elección del Presidente de la República, diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión. Tambien organiza, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el organismo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) dispone de los ingresos que deriven de las contribuciones y tiene a su cargo la organización legal para la distribución de hidrocarburos y energía eléctrica. Vigila que se lleve a cabo el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolífero y petroquímico.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se encarga de promover, proteger y garantizar la competencia y libre concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
También puede ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y libre concurrencia, regular el acceso a insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es la autoridad en materia de competencia económica en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, cuyo objetivo es promover y regular la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, con apego a lo establecido en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Por lo visto, cada organismo cumple una función regulatoria determinada. Sin embargo, el presidente mexicano publicó durante el primer año de su gobierno que, “los organismos autónomos serán purificados para evitar corrupción y conflicto de intereses”. Asimismo, señaló: “se van a purificar estas instancias que estaban totalmente al servicio de intereses particulares” (Conferencia de prensa. 20/Feb/2019).
¿Esta susceptible iniciativa del Gobierno federal conllevaría a cuestiones delicadas que afecten la vida política y social del país? Seguramente si.
Pero, ¿cuál sería el verdadero “móvil oculto” o los “argumentos” de Morena y López Obrador, los que le motivan a extinguir dichos organismos?
Se arguye (solamente) que duplican funciones, cuyo costo es elevado, y que son instrumentos de simulación creados por gobiernos anteriores. (Animal político. 7 de mayo de 2021).
Jesús Ramírez Cuevas (coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República) plantea: “Como parte de la reforma administrativa del gobierno de México, las funciones de organismos autónomos regresarán a las Secretarías de Estado. Con ello se ahorran miles de millones de pesos en instancias que no defienden a los ciudadanos, sino a grupos de interés, planteó López Obrador”. (@JesusRCuevas).
En contraste, en la entrevista con el diario Excélsior (26-04-2021), el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, advirtió (previo a las elecciones del 6 de junio) que, en caso de perder la mayoría, buscarían convocar a un periodo extraordinario para sacar una reforma electoral antes de que entrara la nueva Legislatura.
Ante esta disyuntiva, no hay más razón expresa que sustente el desacuerdo del Ejecutivo federal respecto a la permanencia de estos órganos, sino, más bien, una verdadera desaprobación.
En este sentido, el doctor Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que estamos hablando de organismos creados desde la Constitución y que tienen como antecedente a las agencias reguladoras de otros países. “...Surgen con la finalidad de administrar algunas áreas o sectores estratégicos del estado, que no deberían estar en manos del gobierno”, refirió. “Son un logro y una conquista de la ciudadanía; son órganos que garantizan y protegen nuestros derechos frente al gobierno y son órganos de los ciudadanos, no del gobierno”.
También, Eduardo Pérez Motta, socio de la firma SAI Derecho & Economía, resaltó la importancia de la autonomía: “los órganos reguladores deben ser de carácter técnico, la única lealtad que deben tener los comisionados y miembros de autoridades es al mandato de la ley porque así es como generan confianza que requieren los mercados para poder operar eficientemente. Su único trabajo es hacer cumplir la ley, no hacer política”, aseveró.
Llevar a los órganos autónomos al seno de las secretarias de Estado significaría convertirlos en órganos políticos, dejando de lado la razón original basada en las decisiones técnicas de regulación, evaluación y control (El Financiero. 08/01/2021).
“No puede ser que una dependencia, que es controlada por el gobierno, sea al mismo tiempo que vigile, ponga contrapesos y sirva para garantizar un ejercicio de un derecho ciudadano y de un derecho fundamental y reconocido en la Constitución”, manifiesta Peschard Mariscal (Forbes, 12-enero-2021).
Viene al caso recordar la controversial campaña de desprestigio de López Obrador en contra del árbitro electoral y de su titular Lorenzo Córdova (previo a las campañas electorales), de la impunidad de sus “servidores de la nación” contratados como promotores del voto de Morena, el uso de los programas sociales para coaccionar el voto de los beneficiarios y, de una posible alteración de los resultados en caso necesario, restándole facultad a la instancia correspondiente. ¡Los hechos ya los conocemos!
En fin, aunque por el momento se han detenido los mecanismos de extinción de estos organismos que “gozan de independencia”, seguramente posterior a la “asimilación popular” de la victoria fraudulenta, dado el modus operandi (referido en el Artículo “Los riesgos de una crítica incongruente” por el ingeniero Aquiles Córdova Morán, 30-jun-2021), pondrán en tela de juicio la permanencia o no de estos.
Por lo demás dicho, se puede deducir lo siguiente: primero, que Morena y AMLO buscan regresar al pasado, como cuando el PRI tenía el dominio de las elecciones y el control de la oposición; cuando los recursos públicos se usaban con fines electorales; cuando los “procedimientos legales” se adecuaban de acuerdo a los intereses del propio gobierno. Hay pues, una fuerte inclinación del Estado en tener injerencia absoluta y sin restricciones en los distintos niveles de mandos y jurisdicciones; zaherir la democracia para eliminar a toda costa el contrapeso que cumplen las instancias reguladoras en las decisiones del gobierno o, en el peor de los casos convertirla en una Dictadura.
Segundo. El presidente busca a toda costa tener el control económico, empezando por la desaparición de todas las dependencias “generadoras de corrupción”, avalado por la Política de Austeridad Nacional, para hacer uso de los recursos públicos a libre albedrío, asemejando con ello una economía estropeada, estancada, limitada y lo que es peor: sin crecimiento económico. Hay indicios también de influir negativamente en los sectores económico y empresarial, lo cuál es paradójicamente incongruente y contrapuesto a las fuerzas de la economía capitalista, la que hasta hoy es cobijada por el neoliberalismo mexicano y el imperialismo yanki.
Así, Morena y sus representantes buscan el control político del país. Hagamos conciencia de los hechos y analicemos las argucias que AMLO y su partido han implementado en detrimento de los intereses de los más vulnerables. Darle más poder a un gobierno simulador y demagogo por excelencia es muy peligroso, seríamos cómplices de la extinción de las garantías individuales, de la democracia constitucional, del estado de derecho y la soberanía nacional. ¡Nunca es tarde para reflexionar!
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