Como cada fin de año, los gobiernos se truenan la cabeza para el ajuste fiscal del gasto público del año siguiente. Una de las salidas más fáciles es recurrir al endeudamiento, solicitando al Congreso de la Unión la propuesta de autorización, aun sabiendo de las graves consecuencias que trae esto a largo plazo.
La 4T es buena para gastar, pero muy mala para recaudar y administrar, como se demuestra en los datos duros.
El 2025 no pudo ser la excepción: la autorización de una elevada deuda para el entrante gobierno federal forma parte de un plan para alcanzar ingresos totales por nueve billones 302 mil 015.8 millones de pesos para el gasto del presente año.
El dinero total que gastará el gobierno federal no se cubre con la recaudación de impuestos e ingresos varios que llegan a las arcas financieras federales, evidenciando una mala y estancada recaudación histórica, muy marcada en los últimos diez años.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido facultada para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025. El monto tope a financiar la deuda pública en 2025 será de 1.5 billones de pesos (3.8 % del PIB).
Si el año 2024 se cerró con una deuda de 17 billones 142 mil 168.4 millones de pesos, al sumar la autorización del endeudamiento del año 2025, el monto global estaría rebasando los 18.5 billones de deuda, heredándole a cada mexicano un monto de deuda individual de aproximadamente 142 mil 307 pesos, que debemos pagar durante las próximas cinco décadas.
Este aumento acelerado de casi seis billones de pesos en lo que va de los dos sexenios de la 4T es un síntoma peligroso que nos puede llevar a un desbarrancadero financiero, porque estamos manteniendo los programas sociales con dinero prestado y, a la larga, el costo será muy elevado, empezando por el pago de intereses. La 4T es buena para gastar, pero muy mala para recaudar y administrar, como se demuestra en los datos duros.
Se contempla un gasto total de 9.2 billones de pesos, de los cuales el 80 % ya está comprometido en pensiones, transferencias y pago de deuda, dejando sólo 1.7 % del PIB para políticas públicas que van en beneficio de los que menos tienen y que viven en zonas de pobreza y marginadas.
Con un incremento del 4.3 %, se destinarán 2.16 billones de pesos (6 % del PIB) a pensiones, lo que equivale a toda la recaudación de IEPS e IVA. El nuevo programa Pensión Mujeres Bienestar contará con 15 mil millones de pesos.
Las pensiones, la deuda y los programas sociales de transferencia monetaria directa (becas escolares, Jóvenes Construyendo el Futuro) se llevan el 80 % del presupuesto, dejando pocos recursos financieros para inversión en sectores vulnerables.
Los sectores clave como salud, educación, primera infancia y cuidados enfrentan recortes de entre 1.5 % y 10 % respecto a lo aprobado en 2024, lo que compromete la cobertura de servicios básicos.
Estas decisiones gubernamentales de embudo que se dicen “del pueblo” afectarán a las comunidades más vulnerables y el futuro económico del país. Las disminuciones en el presupuesto asignado a educación, salud, cultura, infraestructura, primera infancia y medioambiente profundizarán las desigualdades, frenarán el crecimiento y afectarán el desarrollo económico.
Urge rediseñar un sistema fiscal más justo, sostenible y capaz de equilibrar este gasto con otros derechos universales que en un gran sector de la población no se han materializado, pues sólo están en el papel archivado en los escritorios y cada época de elecciones los toman como carnada para embaucar a los electores, llevarlos a votar y así llegar al poder para seguir disfrutándolo y trabajando a favor de sus mezquinos, pero jugosos intereses.
Hay un recorte a la salud pública, asignando menos presupuesto para personas sin seguridad social, sabiendo que más de 33 millones de trabajadores están en el sector informal. El sector enfrentará un recorte de 113 mil 582.9 millones de pesos, 11 % en términos reales, respecto al monto aprobado para 2024, y se ubicaría en 2.54 puntos del PIB.
El gasto por persona con IMSS-Bienestar se reduciría en mil 400 pesos y pasaría de 5 mil 625 pesos en 2024 a 4 mil 225 pesos en 2025. En cambio, los montos para personas con IMSS o Issste tendrían aumentos y se ubicarían en 9 mil 635 pesos y 11 mil 531 pesos.
Este cambio se traduce en una mayor centralización de recursos para el IMSS y el Issste, dejando menos recursos públicos para atender a quienes no cuentan con ningún tipo de seguridad social porque trabajan en el empleo informal o pertenecen a un sector de la población que no puede ocupar un empleo formal.
Estas diferencias no sólo perpetúan y agudizan las brechas en la atención, sino que evidencian la necesidad de replantear la asignación de recursos para un sistema de salud universal y más equitativo, que tanto se ha prometido y ahí se ha quedado.
Que no nos extrañe que, en el año 2025, cuando vayamos a pedir atención médica a los hospitales públicos, no haya médicos, enfermeras, insumos, medicamentos ni espacios donde hospitalizarse.
El gasto de inversión pública proyectado es de 996 mil 914 millones de pesos, 14 % menos respecto a 2024. Este recorte significaría regresar a los niveles de inversión de 2020, que desde entonces ya eran muy bajos comparados con el mundo de necesidades que se tenían en el país.
Los sectores prioritarios incluyen hidrocarburos, electricidad, agua, transporte, educación y salud. La disminución del gasto de inversión pública prioritaria podría limitar el crecimiento económico y aumentar las brechas sociales.
Por ello, no habrá recursos para obra pública básica, que tanto se necesita en las zonas con rezago social histórico, para proyectos productivos y otras áreas sensibles que requieren inversión. Este ajuste financiero desigual en el presente año, como siempre ahorca al sector más rezagado, es el resultado de la ausencia de una visión científica de lo que la 4T quiere hacer con nuestro país.
Este será un año más de austeridad como resultado de una deficiente recaudación, errónea asignación y distribución de los ingresos y egresos del PEF 2025.
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