Hablamos del conjunto de programas y estrategias emitidos por la Administración Pública Federal orientadas a brindar acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), incluyendo internet de banda ancha para toda la población, haciendo especial énfasis en sus sectores más vulnerables, con el propósito de cerrar la brecha digital existente entre individuos, hogares, empresas y áreas geográficas de distinto nivel socioeconómico, respecto a sus oportunidades de acceso a las tecnologías referidas y el uso que hacen de éstas.
El artículo 6° establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. En el apartado B, en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, establece que: I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales; y II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.
Asimismo, en el artículo décimo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, establece que el Ejecutivo federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y Expediente Clínico Electrónico y desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es un órgano autónomo que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la Constitución. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución.
Por tanto, el IFT deberá establecer y aplicar las políticas de telecomunicaciones del gobierno federal y realizar las acciones tendientes a garantizar el acceso a internet de banda ancha y todas aquellas acciones necesarias para contribuir con los objetivos de la política de inclusión digital universal.
1. Transformación gubernamental. Es la construcción de una nueva relación entre la sociedad y el gobierno, basada en la experiencia de los ciudadanos como usuarios de los servicios públicos. Esta relación se construirá a partir del uso y adopción de las TIC en el gobierno de la República.
2.- Economía digital. Es aquella en la que la asimilación de tecnologías digitales en los procesos económicos estimula el aumento de la productividad y el desarrollo de nuevas empresas, productos y servicios digitales.
3.- Transformación educativa. Se refiere a la integración y aprovechamiento de las TIC en el proceso educativo para insertar al país en la sociedad de la información y el conocimiento.
El enfoque de las políticas públicas digitales en nuestro país, a mi juicio, debiera ser eminentemente social, es decir, encaminado preferentemente al beneficio de la población, permitiendo una mejor implementación de los servicios públicos, especialmente relacionados a la educación, la salud y la cultura
4.- Salud universal y educativa. Una política digital integral de salud implica aprovechar las oportunidades que brindan las TIC con dos prioridades: por una parte, aumentar la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud y, por otra, usar más eficientemente la infraestructura instalada y recursos destinados a la salud en el país.
5.- Innovación cívica y participación ciudadana. Se refiere al desarrollo de nuevos mecanismos para colaborar con la sociedad en la solución a retos de interés público, impulsando la participación de la ciudadanía en el desarrollo de políticas públicas.
Además, se debe entender:
1.- Conectividad. Se refiere al desarrollo de redes, al despliegue de una mejor infraestructura en el territorio nacional, a la ampliación de la capacidad de las redes existentes, y al desarrollo de competencia en el sector de las TIC para estimular la reducción de precios.
2.- Inclusión y habilidades digitales. Se relacionan con la necesidad de que todos los sectores sociales puedan aprovechar y utilizar las TIC de manera cotidiana, además de contar con el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Este habilitador promoverá el desarrollo equitativo de habilidades para operar tecnologías y servicios digitales, y la democratización del acceso a las TIC.
3.- Interoperabilidad e identidad digital. La interoperabilidad se refiere a la construcción de las bases para la interoperabilidad hacia adentro del gobierno para proveer mejores servicios públicos. Por otro lado, el desarrollo de la identidad digital será la llave de acceso de la población a los servicios públicos digitalizados.
4.- Marco jurídico. Se refiere a la armonización del marco jurídico con la finalidad de propiciar un entorno de certeza y confianza favorables para la adopción y fomento de las TIC, lo que implica el análisis del marco jurídico en torno a los diversos temas que contempla la Estrategia Digital Nacional.
5.- Datos abiertos. Se refiere al uso de información gubernamental en formatos abiertos, misma que servirá como infraestructura base para establecer mecanismos de co-creación de servicios públicos y así detonar un ecosistema de innovación colectiva alrededor de las grandes metas de desarrollo del país.
El enfoque de las políticas públicas digitales en nuestro país, a mi juicio, debiera ser eminentemente social, es decir, encaminado preferentemente al beneficio de la población, permitiendo una mejor implementación de los servicios públicos, especialmente relacionados a la educación, la salud y la cultura.
Por tanto, el gobierno federal, los estados y municipios, en permanente coordinación, debieran destinar los recursos necesarios para establecer verdaderas políticas públicas digitales que faciliten el acceso a los servicios administrativos y sociales.
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