En marzo de 2024, Ceci Flores, una de las madres buscadoras más conocidas de México, acudió a las puertas de Palacio Nacional con una pala en mano. Su intención era entregarle simbólicamente esta herramienta al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para exigirle que el gobierno asumiera su responsabilidad de buscar a los desaparecidos. Ante esto, el mandatario respondió en su conferencia matutina: “Que me la deje aquí”, negándose a salir a recibirla.
¿Por qué los gobiernos del PRI, PAN y ahora Morena esperan hasta que la gente se harta y sale a la calle a protestar? ¿Por qué se desdeña la causa de las madres de desaparecidos o no localizados?
En contraste, un año antes, en julio de 2023, López Obrador recibió en la conferencia mañanera de Palacio Nacional a Estela de Carlotto, presidenta de la asociación argentina Abuelas de Plaza de Mayo. Colectivos de familiares de desaparecidos en México reprocharon fuertemente ese encuentro, señalando que el mandatario otorgaba audiencia y espacios a activistas de otros países mientras cerraba las puertas a las víctimas locales. Incluso las calificó como “politizadas”, vinculadas a intereses de “grupos opositores”, y afirmó que eran “campañas de desprestigio”, siendo “utilizadas por grupos conservadores”.
Ceci Flores localizó los restos de su hijo, Marco Antonio Sauceda Flores, el 24 de marzo de 2026, desaparecido desde 2019. El hallazgo ocurrió en un predio rural en el kilómetro 46 de la carretera 26, en Hermosillo, Sonora. Claro, sin ayuda del gobierno de “primero los pobres” ni de la “presidenta con M”.
Por eso empiezo preguntando: ¿por qué? ¿Por qué los gobiernos del PRI, PAN y ahora Morena esperan hasta que la gente se harta y sale a la calle a protestar? ¿Por qué se desdeña la causa de las madres de desaparecidos o no localizados? Mientras el gobierno de Estados Unidos apoya a sus campesinos, ¿por qué el Estado mexicano abandona a los suyos?
¿Por qué la gente que no tiene agua tiene que salir a obstruir la vía pública mientras el gobierno no hace su trabajo? ¿Por qué los maestros tienen que salir a las calles, con casas de campaña, para plantarse y ser escuchados? ¿Por qué Delfina Gómez, en realidad Horacio Duarte, decide ignorar al Movimiento Antorchista en el Estado de México y dejar a miles de mexicanos sin agua potable, alcantarillado y pavimentación, sólo por mencionar algunos?
¿Por qué? ¿Necedad? ¿Ignorancia? ¿Soberbia? ¿Insensibilidad? ¿Todas las anteriores?
Permítame acercar la lupa a un ejemplo de esta tragedia nacional que representa con claridad este fenómeno. En el oriente de Texcoco hay una colonia donde el agua no quita la sed: pesa. Se estanca. Huele. Se mete en las casas y obliga a sacar cubetas en la madrugada. Se llama Víctor Puebla y ahí viven más de seis mil personas que aprendieron a medir el tiempo por temporadas de lluvia y promesas incumplidas.
Cuando el cárcamo funciona, el agua baja. Cuando no, la colonia se transforma en laguna.
“Ya llevamos como un mes con esta agua… aquí estamos en el agua, expuestos a que nos enfermemos”, dice una vecina. No exagera. En otra calle, un joven lo resume sin rodeos: “Aquí hay niños, aquí hay adultos mayores… esto es un foco de infección”.
Los datos nacionales parecen optimistas. Según el Censo 2020 del Inegi, la mayoría de las viviendas en México cuenta con agua entubada. Pero esa cifra no garantiza continuidad ni calidad. Tener una conexión no significa que el agua llegue todos los días, ni que sea potable, ni que alcance.
En Víctor Puebla, el agua se compra. Un tinaco cuesta cien pesos. Puede parecer poco en una hoja de cálculo. No lo es cuando se vive al día. “No nos regalan ni el vaso de agua… el tinaco nos lo cobran en cien pesos”, dice otra habitante. Y en esa frase hay una fractura: el derecho humano al agua convertido en gasto doméstico.
La organización Oxfam México estima que cerca de 9.9 millones de personas en el país no tienen acceso adecuado al agua dentro de su vivienda. En América Latina, millones más carecen de saneamiento seguro. Las colonias periféricas, como esta, son las primeras en inundarse y las últimas en ser atendidas.
Hay vecinos que cooperan para comprar diésel y echar a andar el cárcamo, administrado por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), cuando el gobierno de Delfina Gómez no responde. “Hemos puesto de nuestro propio bolsillo para comprar el diésel del cárcamo”, reconoce un habitante. Es decir: el servicio público financiado por quienes menos tienen.
Las calles sin pavimentar multiplican el problema. En temporada de viento, polvo; en lluvias, barro. Reparaciones constantes, llantas dañadas, transporte más caro. La precariedad no llega sola: se encadena.
Durante años, los vecinos aseguran haber entregado solicitudes formales: agua potable, drenaje funcional, pavimentación. Tres exigencias elementales. Ninguna extraordinaria.
Esta situación no es un accidente administrativo. Es consecuencia de decisiones, prioridades y omisiones.
El pasado 14 de mayo, vecinos de la colonia Víctor Puebla salieron a cerrar la carretera México-Texcoco, Texcoco-Lechería, en protesta por la indiferencia del gobierno estatal. La movilización fue encabezada por la dirigente en la zona, Birzavid González, quien ha señalado que las familias no están pidiendo favores, sino el cumplimiento de obligaciones constitucionales.
Finalmente, después de varios meses de gestiones, movilizaciones y reuniones con autoridades estatales, habitantes de la colonia Ampliación Víctor Puebla acompañaron a personal de la CAEM en un recorrido técnico para revisar el proyecto correspondiente a la segunda etapa de construcción de atarjeas en la comunidad. Ya se dio un primer paso.
Pero lo que ocurre en esta colonia revela una desigualdad que no se resuelve con discursos. Si casi diez millones de personas en México enfrentan carencias similares, el problema no es local: es estructural.
Y lo estructural no se arregla con cubetas. En Víctor Puebla, la gente no pide privilegios. Pide que el drenaje drene. Que el agua llegue. Que las calles no se conviertan en canales. Pide que la palabra “servicio” recupere su sentido.
La pregunta ya no es si el problema existe. Está documentado, grabado y lo viven millones todos los días.
La pregunta es si las autoridades asumirán la responsabilidad o si el agua seguirá subiendo mientras las promesas flotan.
Porque cuando una comunidad entera debe organizarse para exigir lo mínimo, algo profundo está fallando. Y esa falla no es natural.
La pregunta de fondo persiste: ¿por qué el gobierno reacciona sólo cuando la presión social se vuelve visible en las calles? ¿Por qué?
0 Comentarios:
Dejar un Comentario