Organizaciones hídricas y especialistas han denunciado ante instancias federales la falta de regulación de los pozos clandestinos que existen en el estado, esto por la preocupación de la disposición del agua en Chihuahua, como en gran parte del país. La situación es crítica ya que el agua disponible se encuentra en sus niveles más bajos, las pocas precipitaciones y el consumo desmedido en el sector productivo han mantenido en niveles alarmantes la disponibilidad de agua, lo que se agrava aún más con la falta de regulación por parte de la Conagua.
La falta de regularización por parte de la dependencia federal es alarmante, ya que los más de 30 mil pozos que existen en el estado, el 100% no cuentan siquiera con un medidor que indique cuánta agua le están extrayendo, y si es la cantidad que previamente le autorizaron o es más de lo que indica su concesión.
De acuerdo a los propios estudios y registros de la Conagua, existen por lo menos 30 mil pozos con concesión, pero existen extraoficialmente cerca de 15 mil pozos más que se encuentran de forma ilegal extrayendo la poca agua que existe en el subsuelo y que aprovechan principalmente para la producción de nuez, alfalfa y algodón.
En la actualidad se ha detectado que los títulos de concesión de agua en el estado, son hasta vendidos en redes sociales, algunos propietarios comercializan o “fragmentan” sus títulos para entregar una parte a otro productor, quienes finalmente terminan tramitando un nuevo permiso y perforando una nueva zona, con previa autorización de la Conagua, a pesar de que la zona en la que se busca perforar, sea una zona conocida como en “veda”, que no permite una nueva extracción.
Actualmente existe una Ley de Aguas que se formó desde 1992 y que a la fecha no ha sido actualizada, a pesar de que la disponibilidad de agua, el cambio climático y todo lo que se ha generado en el entorno del agua, ha tenido una serie de modificaciones, como es la agresiva sequía que permea en todo el país.
Los expertos en la materia coinciden que es urgente que el Congreso nacional apruebe una nueva Ley General de Aguas, que se formó desde el año 2012, ya que la vigente permite a los concesionarios una serie de acciones y trámites que están impactando en la sobreexplotación de los acuíferos, pero también se recomienda fortalecer a la actual autoridad, que es la Comisión Nacional del Agua, en sus áreas técnica, jurídica, operativa y de supervisión, ya que su debilitamiento progresivo ha ocasionado que sea omisa para cumplir con lo que las leyes en la materia le mandatan.
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