El sector salud en el estado de Guerrero, de por sí deficiente, continúa agravándose durante la administración federal, estatal y municipal, las tres de Morena, en detrimento de miles de familias humildes que requieren servicios para tratar sus diferentes padecimientos.
En esta ocasión abordamos el tema de los pacientes renales de la clínica del ISSSTE, en Chilpancingo, algunos en sillas de ruedas, que reciben servicios subrogados de hemodiálisis en clínicas particulares y que el jueves 31 de marzo protestaron por segundo día consecutivo tras anunciarles que se terminaron los contratos y no hay certeza de cómo y dónde les atenderán.
Pese a su delicado estado de salud, algunos pacientes y sus familiares, protestaron frente a la clínica del ISSSTE y cerraron todos los accesos, también bloquearon los dos carriles de la avenida Ruffo Figueroa para exigir se garantice la continuidad de sus tratamientos a más de 150 pacientes.
Una de las pacientes, Any Bustamante, informó que recibe atención en la clínica Chilpancingo, donde el informaron que el jueves 31 de marzo era la última sesión que realizarían porque se culmina el contrato con el ISSSTE y, con ello, la responsabilidad de tratarla, y que próximamente le indicarán a dónde será canaliza.
Pretenden enviarlos a una casa que están habilitando como clínica y que aún no cuenta con las medidas de higiene adecuadas para practicar hemodiálisis; y con justa razón, exigen que se garantice que las instalaciones donde los atenderán sean seguras, cuenten con la suficiente capacidad para atenderlos y que tengan el material desechable nuevo suficiente para los cambios de filtro entre paciente y paciente.
Los pacientes renales rechazaron que los directivos del ISSSTE pretendan ahorrar dinero a costa de la salud de más de 150 enfermos; lamentaron durante la movilización que los expongan y que el director de la clínica les haya expresado: “Cómo quiera ya se van a morir”.
La salud de los enfermos renales puede deteriorarse si no reciben la hemodiálisis correspondiente, cada tercer día. lamentablemente no cuentan con recursos económicos para solventar este gasto, pues cada hemodiálisis tiene un costo de mil 500 pesos, y en su mayoría, reciben tres por semana. Ante la incertidumbre, hacen un llamado a la Secretaría de Salud y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que sigan recibiendo atención en clínicas subrogadas.
Aun siendo derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tan sólo en Chilpancingo, más de 150 enfermos renales están en zozobra al desconocer cómo y dónde les aplicarán la próxima terapia, contradiciendo el artículo 4 constitucional, que dice: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, con el objetivo que todos los mexicanos, independientemente de su condición laboral o socioeconómica, tengan acceso a los servicios integrales de salud…en caso de las personas que no cuentan con servicio médico de ningún tipo, qué pasa.
Una de las respuestas la da Natividad Pérez, quien tuvo que vender la casa donde vivía con sus padres, para sufragar los gastos de la enfermedad renal contra la que lucharon durante casi tres años; al final su madre murió, ella y su padre rentan una pequeña vivienda y pretenden construir al menos dos cuartos en un terreno que adquirieron, en una de las colonias de la periferia de Chilpancingo, municipio gobernado por la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández Martínez, donde prácticamente todos los días hay protestas por falta de agua potable, falta de alumbrado público, pavimentaciones, inseguridad, etcétera.
Tras la protesta, la directora de la clínica del ISSSTE, Leticia Sánchez Flores renunció al cargo, pero la acusaron de llevarse el equipo de hemodiálisis para habilitar una clínica alterna; ante esta situación, es necesario que autoridades de los tres niveles atiendan este lamentable caso que pone en riesgo la vida de más de 150 personas, mientras, desde el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue informando que todo está bien y los que protestan son sólo opositores a su gobierno.
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