Chetumal, Quintana Roo.- A pesar de que los representantes de los medios de comunicación han denunciado agresión e intimidación por parte de funcionarios de la administración municipal de Benito Juárez (Cancún), la alcaldesa con licencia Mara Lezama Espinosa, no ha emprendido las acciones para garantizar la seguridad y muchos menos brinda atención a los periodistas que se atreven a denunciar malos manejos en los tres órdenes de gobierno, afirmó Juan Carlos Pool Contreras, vocero del Movimiento Antorchista de Quintana Roo.
En Quintana Roo hay retrocesos graves en la libertad de expresión, tanto de quienes opinan como de los escriben y de los medios de comunicación que son sometidos, de diversas maneras, por quienes hoy detentan el poder en el estado, pero especialmente por quienes han emanado de MORENA.
“Ahí están los datos donde Quintana Roo fue calificado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia como la tercera entidad con más violencia contra la libertad de expresión, la que inicia cuando funcionarios municipales niegan información que debiera ser pública y violentan el derecho de informar y ser informado.
En ese sentido y de acuerdo con el Informe de Libertad de Expresión en México 2020, elaborado por la asociación Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, Quintana Roo es la tercera entidad en la que más se violenta la libertad de expresión, la pluralidad en los medios de comunicación, la seguridad y la justicia.
Desafortunadamente –agregó--, el mal ejemplo de esa conducta inicia con la alcaldesa Mara Lezama Espinosa, quien de manera selectiva revela información que le conviene y cierra las puertas a quienes ejercen verdadero periodismo para que no trasciendan las irregularidades que cometen en perjuicio de la comunidad.
Cabe destacar que entre el 20 al 29 por ciento de los puestos de trabajo en los medios de comunicación fueron ocupados por mujeres, que en muchas ocasiones son sutilmente agredidas y hasta acosadas por los funcionarios.
“Sin seguridad ni justicia Quintana Roo no es un estado seguro ni proporciona justicia a los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que son violentados en el ejercicio de su profesión”.
El estado ocupa el penúltimo sitio en el ranking nacional en este indicador de seguridad y justicia para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, afirmó.
Nos preocupa que quienes son los conductos para informar y revelar cómo se desempeñan los gobiernos, la manera como aplican los recursos públicos y pueden denunciar sus irregularidades, estén enfrentando agresiones y violaciones a sus derechos humanos por parte de funcionarios de los tres órdenes de gobierno.
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