A dos años de que culmine el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se augura bienestar, caso contrario, se espera un terrible escenario económico, mismo que apenas despierta y exhibe sus secuelas. Una de ellas es el desempleo y con ello la informalidad en que han caído millones de mexicanos, que incluso acceden a ser empleados en condiciones precarias y sin salarios por ley, ya no se diga acceder al incremento del 20 por ciento que se anunció en fechas recientes.
Alguien por ahí escribió que “en cuestiones de informalidad, la tarea del gobierno será crear un ambiente propicio para la generación de propuestas y políticas que brinden alternativas efectivas ante este fenómeno y frenar este gran problema”.
Pero el gran problema del gobierno que ha dirigido, para bien o para mal, los destinos de México, el de la 4T, olvida algo que es indispensable, que, para abatir los índices de pobreza, marginación, desempleo y desigualdad social, es necesario generar las condiciones idóneas para que el mismo pueblo pueda generar su riqueza, sus ingresos para abastecerse y tener el nivel de vida que le otorgue su esfuerzo, su trabajo.
Pero no, por el contrario, el Gobierno federal no genera esas condiciones en el país y se enfrasca en un inútil e improductivo enfrentamiento con los grandes inversionistas, algunos de los cuales prefieren abandonar el país, retirar sus grandes inversiones y fortunas, que acceder al chantaje de aportar recursos para impulsar acciones de una administración que no tiene brújula, lesionando así a millones de mexicanos que han perdido sus fuentes de empleo.
En lugar de generar esas fuentes laborales, de impulsar la creación de industrias, de factorías, de pequeñas y pequeños negocios que puedan emplear a esas millones de manos que están inactivas, prefiere impulsar una política que no tiene fondo, de regalar dinero a lo bestia, que acabará tarde que temprano con las reservas monetarias del país hasta padecer las consecuencias, porque para volver a tener dinero, recursos, será necesario implementar impuestos, de lo que sea, de lo menos inimaginable, pero al final impuestos.
El fracaso de esa política de regalar dinero en lugar de dar las herramientas para que el mexicano produzca lo que necesita para sobrevivir, lleva al desempleo y, más aún, a que esas personas, que antes podían acceder a un ingreso fijo, hoy se dediquen a alguna actividad, legal o ilegal, de manera informal o clandestina.
Esa es una triste realidad que se padece en Quintana Roo, donde el 43.7 por ciento de los quintanarroenses que están en informalidad, según el informe más reciente de la asociación “México ¿Cómo vamos?” Según el informe, hasta septiembre del 2022, en el Caribe Mexicano estos trabajadores se dedicaron a diferentes sectores, como el comercio y la prestación de servicios, pero no están dados de alta ni cuentan con Seguro Social y por lo mismo no gozan de vacaciones ni reciben aguinaldo.
De las 934 mil 116 personas que se encuentran trabajando en Quintana Roo, de acuerdo con el informe, 408 mil 208 lo hacen en la informalidad.
Y es en Cancún donde 458 mil 14 personas tienen un trabajo, pero se asienta que el 38 por ciento de ellas labora en la informalidad, unos 174 mil 45 habitantes. Ellos no tienen acceso a las prestaciones de ley, algo que afecta su calidad de vida, en una ciudad donde se registran los precios más altos de gasolina y productos de la canasta básica y donde las jornadas laborales son más largas.
Pero son las mujeres las más afectadas por la informalidad en Quintana Roo, ya que la cifra del trabajo sin prestaciones aumentó en este sector de la población. “En el tercer trimestre del año pasado, 154 mil 100 mujeres en Quintana Roo se encontraron bajo esta modalidad laboral y para el mismo período de 2022, la cifra creció a 172 mil 570 mujeres”, confirman datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)”, continúa el informe.
El informe destaca que “aunque hay una oferta laboral amplia en el sector turístico en Cancún, tanto de hoteles como restaurantes, los bajos sueldos y largas jornadas de trabajo hacen que los cancunenses no se interesen en dichas plazas disponibles, pese a que se puede contar con las prestaciones marcadas por la ley, pues los propios habitantes han considerado que el trabajo en el sector turístico es muy matado”.
Por eso se complica aún más la labor del Gobierno Federal y del Estado, pues Quintana Roo, en las últimas décadas, depende casi al cien por ciento de los ingresos que le genera la actividad turística, lo que generó una severa crisis laboral ante el desplome que se vivió por la pandemia de la Covid-19, que hasta hoy no ha podido ser subsanada.
A nadie, menos al gobierno, le conviene la informalidad, pues se deja de generar ingresos, vía impuestos, que dejan de entrar a las arcas federales, estatales y municipales, y a los que viven en ella, pues dejan de obtener los beneficios que en dado momento las autoridades pueden autorizar para beneficio de los trabajadores.
Para poner un claro ejemplo sólo baste decir que millones de mexicanos que están laboralmente en la informalidad no gozarán del aumento del 20 por ciento decretado por el Gobierno Federal y por el contrario se tendrán que conformar con los míseros salarios o los pocos ingresos que les den o puedan obtener con la actividad, ilegal o clandestina, que puedan realizar.
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