Aunque todos sabemos que las campañas electorales para renovar la presidencia de México en 2024, todavía legalmente no se deben llevar a cabo, y éstas ya se realizan sin el menor rubor por parte las llamadas “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los candidateables del partido Morena se promueven en las distintas entidades presentándose en eventos, mítines, medios de comunicación, etcétera. No sólo se realizan violando las normas en materia de campañas electorales, sino dilapidando recursos públicos.
Los casos más notorios son los de Claudia Sheinbaum (aún al momento de escribir estas líneas) jefa de Gobierno de la CDMX, y de Marcelo Ebrard que acaba de renunciar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero ¿de dónde salen los recursos para tales campañas de los que buscan tan afanosamente llegar a ocupar la presidencia de la República? Es un hecho que son, en su mayoría, recursos públicos, de todos nosotros como contribuyentes.
La cercanía de las elecciones para elegir presidente de la República y la gran cantidad de recursos que implicarán las campañas de los candidatos, sobre todo del partido en el poder, Morena, hizo que llamara mi atención una publicación del 7 de junio en el periódico San Luis Hoy: “SLP, entre los más afectados por recortes” y dice en la parte sustancial: “En el más reciente reporte de las participaciones entregadas a los estados, entre enero y abril, la entidad captó 8,260.9 millones de pesos. La baja fue de 677.3 millones de pesos. El año anterior, en el mismo periodo, la suma fue de 8,938.2 millones de pesos… Con ello, el estado presentó el quinto peor indicador”.
Lo que sí es un hecho es que el gobierno de la 4T quiere asegurar, a como dé lugar, la compra de votos a través de los apoyos monetarios directos y, sufragar, en lo oscuro, las campañas de sus candidatos en el 2024, por lo que, necesita echar mano de enormes recursos. He ahí una explicación de los recortes en el presupuesto a los estados.
Con las participaciones federales que llegan a los estados, en caso de que se hicieran buen uso de ellos, la situación de pobreza y marginación sería otra, sin embargo, la SEDESORE informa, que la entidad potosina ocupa el lugar octavo a nivel nacional por rezago social con una población total de más de 2 millones 800 mil personas y un lugar 16 por el nivel de pobreza que se presenta. En mismo San Luis Potosí, falta de medicamentos, clínicas y hospitales, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) más del 17 por ciento de potosinos no tiene afiliación a servicios de salud.
En vivienda, el mismo organismo informa que el 16.4 por ciento de las viviendas habitadas en el estado son rentadas, mientras que el 14.2 por ciento son prestadas y el 10.7 por ciento son propias pagándose. En cuanto a educación, el mismo organismo investigador informa que en 2020 San Luis Potosí, 5 de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir, el mayor porcentaje de población analfabeta se encuentra entre las personas de 75 años, con 30.6 por ciento, el 95 por ciento de las niñas y niños de 6 a 14 años asisten a la escuela.
En el tema del empleo, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), más de 1 millón 368 mil 793 potosinos, padecen hambre al no haber empleo formal que les garantice un ingreso. En cuento al agua, según cifras de la Conagua, en números absolutos, son 217 mil 162 los potosinos sin agua potable y 268 mil 047 personas que carecen de un sistema sanitario de descarga de agua.
Es una realidad que el dinero público en nuestro país no se utiliza por la 4T para resolver los problemas más urgentes y sentidos de la población humilde y trabajadora; se utiliza para seguir con sus obras faraónicas como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y para sus apoyos monetarios directos, es decir, para comprar votos, comprar la consciencia de la gente y, de esa manera, asegurar mantenerse en el poder por otros seis años.
Los estados deberían recibir más recursos de la federación y no recortes como sucede hoy en el caso de San Luis y otros estados. No estamos, de ninguna manera, en contra de los apoyos a los grupos vulnerables, estamos en contra de su uso electoral que se les da a los recursos públicos. Sexenios y sexenios han demostrado que este tipo de apoyos (con distintas denominaciones según la moda) no han acabado nunca con la pobreza, ya que sólo son un paliativo.
Los recursos públicos salen en su inmensa mayoría de los trabajadores, por ello, debe utilizarse para el desarrollo integral del país, a través de impulsar obras públicas en todos los pueblos y colonias marginados, construyendo carreteras, escuelas, hospitales. También deben servir como palanca poderosa para generar suficientes empleos bien remunerados para todos los mexicanos en edad de trabajar.
Todos los mexicanos debemos tomar consciencia de esto, y, de manera organizada, como un solo hombre, decidirnos a luchar por un México más justo, donde no haya pobreza ni desigualdad social.
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