Como cada fin de año, los diputados en los Congresos locales aprueban los paquetes económicos de cada una de las entidades; en Sonora fue aprobado el 5 de diciembre, el monto económico 2025 que sumó 89 mil 198 millones de pesos enfocados a gastos salariales, sociales, técnicos, administrativos y una ínfima parte a infraestructura social.
En nuestro estado se hace poca infraestructura social y con dinero prestado; se nos hace creer que son grandes montos de dinero, pero ante el rezago histórico en que se encuentra nuestra entidad, son totalmente insuficientes.
Después de una larga jornada con poca discusión y análisis, los 33 diputados en pleno sometieron a votación para aprobar la propuesta de ingresos y egresos del presente año. El Proyecto de Presupuesto de Egresos está marcado por un incremento del 8 % respecto al año anterior y contempla la adquisición de deuda a largo plazo, por mil 500 millones de pesos y 3 mil 250 millones de pesos a corto plazo, destinadas a inversiones en infraestructura.
Estamos padeciendo los estragos de un estado decadente incapaz de atender y resolver las necesidades básicas de la inmensa mayoría de los ciudadanos que les permiten vivir de forma digna en el aspecto material y espiritual.
Las inmensas mayorías con sus impuestos directos e indirectos aportan el dinero que el gobierno administra para mantener de pie a un aparato de control que la clase explotadora utiliza para someter, controlar, educar, manipular y explotar a la clase trabajadora.
Hoy estamos siendo testigos de que el aparato estatal administrado por un gobierno que se dice de izquierda es incapaz de atender las necesidades básicas de su población.
De los 33 legisladores, estuvieron a favor 27 de Morena, PT, PES, Nueva Alianza, PVEM y los independientes. Por su parte, los seis representantes del PRI, PAN, PRD y MC se muestran en contra, al considerar que hay temas que no se abordan ni solventan correctamente; al final, la fuerza que tienen el partido oficial y sus aliados permitieron aprobar sin tanto aspaviento la propuesta del ejecutivo que envió.
Lo criticable es que los diputados que participaron en la aprobación de ese plan de ingresos y egresos, que son los representantes populares territoriales de los ciudadanos, no se hayan percatado del mínimo de obras y servicios que se ejecutarán para los ciudadanos de los diferentes pueblos y colonias.
Pareciera ostentoso el monto global destinado a infraestructura básica, pero en realidad es una mísera parte del gasto público global que no alcanzará para mucho. Urge una inversión fuerte para mantenimiento y nuevas construcciones; ahí está el gran rezago y mundo de carencias en que se encuentran sumergidas cientos de comunidades y colonias en todo el territorio estatal.
Ese gran reto está pendiente de resolverse, señores diputados. Necesitamos una legislación más efectiva y ejecutiva, que se centre en la recaudación e inversión del gasto público en los hechos y no solo en los discursos oficiales; así no se resolverá el rezago histórico que heredaron de los gobiernos anteriores.
Estamos empantanados en los mismos tiempos que tanto criticaron. Cuando el ciudadano humilde se acerca a solicitar obras y servicios, nos salen con la misma cantaleta de siempre: “no hay dinero”.
Por ello, todos los dictámenes que contemplaron, tanto las reformas y adiciones a la legislación fiscal estatal, como reformas al Código Fiscal del Estado, la Ley de Hacienda, la Ley de Control Vehicular y la Ley que Regula la Operación de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, todas estas modificaciones a las leyes secundarias son simples parches calientes que no resolverán de fondo la insuficiencia de recursos que el gobierno necesita para enfrentar el recurso público que se requiere para atender el mundo de necesidades sociales.
El incremento en el Impuesto por Remuneraciones al Trabajo Personal, el Impuesto sobre Nómina será igual al 3 %, es una carga más al salario raquítico que perciben los trabajadores del sector público, pero que tampoco resolverá de fondo el problema económico que es sistémico.
El paquete fiscal contempla 729 acciones de inversión en infraestructura para los 72 municipios, sumando un poco más de 2 mil 800 millones: Hermosillo recibirá 594 millones de pesos en obras estatales, incluyendo obras de agua potable y espacios deportivos.
Cajeme contará con 296 millones de pesos para infraestructura hidráulica y educativa. Navojoa y Guaymas recibirán recursos importantes para infraestructura urbana y apoyo social. Se incluyen rubros estratégicos:
Carreteras: 336 millones de pesos para rehabilitación de la red estatal
Urbanización y equipamiento: 265 millones de pesos
Recreación y deporte: 332 millones de pesos.
Se proyectan 183 obras hidráulicas, esenciales para atender la crisis de agua que afecta al estado.
En infraestructura educativa y vivienda son 242 acciones que están destinadas a la rehabilitación de escuelas y garantizar vivienda digna en comunidades marginadas.
Aquí se ve que la aplicación de los recursos del presente año es correcta, pero totalmente insuficiente; aquí faltó la voz de los diputados que se dicen legislar a favor de las necesidades del pueblo.
En nuestro estado se hace poca infraestructura social y con dinero prestado; se nos hace creer que son grandes montos de dinero, pero si se compara con los montos que se requieren para salir del gran rezago histórico en que se encuentra nuestra entidad, estos son totalmente insuficientes.
Se nos prometió en campaña que las cosas cambiarían radicalmente para bien de las mayorías y eso hasta ahora es tema pendiente; no vemos en los hechos ese gran cambio que se prometió.
Por ello, los sonorenses cada año deberíamos exigir a las autoridades estatales un mayor presupuesto para la infraestructura y los servicios básicos que vayan reduciendo el gran rezago y carencia en las comunidades y colonias.
Los montos que hoy se asignan a infraestructura son ínfimos e insuficientes; con esos montos invertidos necesitamos 50 años más para que en algunos lugares lleguen los servicios que ya llevan décadas esperando. En los hechos, cada vez hay menos recurso para obra pública.
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