• Cerca del 30 % del alumno abandona sus clases al carecer de recursos económicos para alquilar vivienda
Para millas de jóvenes provenientes de las comunidades más pobres de Oaxaca y de entidades vecinas, ingresar a la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM) representa la posibilidad de romper con generaciones de pobreza mediante la educación. Sin embargo, una vez superado el examen de admisión, aparece un obstáculo mucho más difícil de superar que cualquier prueba académica: conseguir un lugar donde vivir.
Mientras no existan políticas públicas que garanticen una vivienda digna para estudiantes de escasos recursos, cada semestre seguirá significando una lucha entre pagar la renta o abandonar la universidad.
La falta de albergues estudiantiles y el elevado costo de las rentas en Huajuapan de León han convertido el acceso a la vivienda en una barrera que amenaza con truncar el proyecto profesional de cientos de estudiantes foráneos. Lo que debería ser una etapa de formación termina convirtiéndose, para muchos, en una lucha cotidiana por sobrevivir.
Muchos sueños, pocas posibilidades.
Cada ciclo escolar, cientos de jóvenes llegan a Huajuapan procedentes de comunidades indígenas y rurales de la Mixteca oaxaqueña, así como de Puebla, Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México. Llegan con la esperanza de convertirse en ingenieros, médicos, administradores o investigadores. Muchos son los primeros de su familia en acceder a la educación superior.
La UTM alberga actualmente entre mil 900 y dos mil estudiantes. De acuerdo con estimaciones, entre el 85 y el 90 % proviene de otros municipios o estados. Es decir, alrededor de mil 700 alumnos necesitan alquilar un cuarto, una casa o un departamento para permanecer en la ciudad mientras cursan sus estudios.
Pero la oferta de vivienda no alcanza y, cuando existe, resulta inaccesible para familias campesinas, obreras o dedicadas al comercio informal, cuyos ingresos apenas permiten cubrir las necesidades básicas.
La educación pública ofrece un espacio en las aulas, pero deja sin respuesta una pregunta fundamental: ¿dónde vivirán quienes llegan desde comunidades ubicadas a varias horas de distancia?
Costo de renta, un obstáculo
Ricardo Ramírez, originario de Santa Lucía Monteverde, soñó desde la secundaria con estudiar ingeniería civil. Aprendió programación, fortaleció sus conocimientos en matemáticas y se preparó para presentar el examen de admisión. La UTM era la mejor opción, no sólo por su prestigio académico, sino porque se encontraba a unas cinco horas de su comunidad.
El mayor desafío, sin embargo, apareció después de haber sido aceptado.
Encontrar un lugar para vivir implicó enfrentar una realidad que pocas veces aparece en los discursos oficiales sobre educación superior. Rentar un cuarto cuesta entre mil 200 y 2 mil pesos mensuales, mientras que un departamento compartido puede superar los 4 mil 500 pesos. A ello se suman alimentación, transporte, materiales escolares, internet y servicios básicos.
Para una familia que vive del trabajo agrícola, estos gastos representan una carga económica difícil de sostener.
"Ser estudiante foráneo y de padres campesinos significa vivir en un esfuerzo permanente. Uno piensa que lo más difícil será dejar a la familia o aprobar el examen de admisión, pero el verdadero reto comienza cuando hay que pagar la renta para poder seguir estudiando. Muchas veces uno tiene que trabajar sólo para pagar el lugar donde apenas alcanza a dormir", relata Ricardo.
Su historia refleja la realidad de cientos de estudiantes que deben dividir su tiempo entre el estudio y empleos temporales, sacrificando horas de descanso y, en ocasiones, incluso su alimentación.
La consecuencia es silenciosa, pero constante.
El problema rara vez aparece en las estadísticas oficiales, pero sus consecuencias son visibles semestre tras semestre.
Algunos estudiantes reducen sus comidas diarias para ahorrar dinero. Otros viven hacinados en cuartos compartidos o trabajan jornadas completas mientras intentan cumplir con las exigencias académicas. Muchos terminan desertando.
Organizaciones estudiantiles estiman que cerca del 30% de los alumnos abandonan la universidad durante los primeros semestres por problemas económicos, entre ellos los elevados costos de vivienda. Aunque no existen cifras oficiales que documenten específicamente esta causa, los testimonios muestran una realidad que difícilmente puede ignorarse.
Estefanía y Jazmín, originarias de Pinotepa Nacional, cursaban ingeniería en alimentos. Durante varios meses intentaron sostener sus estudios limitando su alimentación a una comida diaria para poder pagar la renta.
La estrategia terminó afectando gravemente su salud. Las enfermedades gastrointestinales que desarrollaron, sumadas a la imposibilidad de costear atención médica, hicieron imposible continuar.
"Nuestros sueños y los de nuestros padres se vinieron abajo cuando enfermamos. Ya no podíamos pagar renta, médicos y gastos escolares al mismo tiempo. Los costos superaban los doce mil pesos mensuales. Al final tuvimos que abandonar la universidad", recuerda Jazmín.
Detrás de cada baja escolar existe una historia semejante: jóvenes con capacidad académica suficiente para concluir una carrera, pero expulsados ??por condiciones económicas que escapan a su voluntad.
El discurso gubernamental suele presentar el incremento de la matrícula universitaria como un indicador del avance educativo del país. Sin embargo, para miles de estudiantes provenientes de los sectores populares, ingresar a una universidad no garantiza poder concluir una carrera.
Mientras el Estado amplía la oferta educativa, traslada a las familias la responsabilidad de resolver necesidades elementales como alimentación, transporte y vivienda.
En ciudades universitarias como Huajuapan, el mercado inmobiliario ha encontrado en la población estudiantil una demanda constante, provocando rentas que resultan prohibitivas para quienes provienen de comunidades marginadas.
En los hechos, el acceso a la educación superior termina condicionado por la capacidad económica de cada familia.
La desigualdad social se reproduce así dentro de las propias universidades: mientras algunos estudiantes pueden concentrarse exclusivamente en su formación profesional, otros deben dedicar gran parte de su tiempo a conseguir recursos para subsistir.
Los albergues estudiantiles: una alternativa probada
Desde hace años, el Movimiento Antorchista ha sostenido que garantizar el derecho a la educación implica crear condiciones materiales para que los estudiantes permanezcan en las aulas.
Con ese objetivo impulsó la creación de casas del estudiante y albergues donde jóvenes de escasos recursos reciban alojamiento, alimentación, acceso a internet y espacios adecuados para el estudio.
Experiencias como las casas del estudiante "Rufino Tamayo" y "Clara Córdova", así como los albergues "Tlacaélel" y "Miguel Cruz", han permitido que decenas de estudiantes concluyan sus carreras pese a provenir de familias de bajos ingresos.
Para Antorcha, estos espacios no representan un acto asistencialista, sino una medida que busca reducir las barreras económicas que dificultan el acceso y la permanencia en la educación superior.
Una demanda que vuelve a tomar fuerza.
Ante el crecimiento de la matrícula universitaria en Huajuapan, la exigencia de construir un albergue estudiantil ha vuelto a colocarse sobre la mesa.
Para Salomón Paz Riaño, activista del Movimiento Antorchista en la región, el problema rebasa el ámbito universitario y refleja las profundas desigualdades económicas del país.
"La realidad contradice el discurso oficial que presenta a la educación como motor de movilidad social. Miles de jóvenes quieren estudiar, pero las condiciones materiales se los impiden. Mientras no existan políticas públicas que garanticen una vivienda digna para estudiantes de escasos recursos, cada semestre seguirá significando una lucha entre pagar la renta o abandonar la universidad", afirma.
El activista sostiene que la organización social resulta indispensable para impulsar soluciones inmediatas, como la creación de un albergue estudiantil en Huajuapan, al tiempo que plantea la necesidad de transformar las condiciones económicas que, desde su perspectiva, generan estas desigualdades.
El costo de no actuar
Cada semestre que inicia, cientos de jóvenes llegan a la Mixteca convencidos de que el esfuerzo y el estudio bastarán para cambiar su destino.
Sin embargo, para muchos, el fracaso académico no comienza en el salón de clases, sino cuando buscan un techo que puedan pagar.
Mientras las autoridades educativas y los distintos niveles de gobierno no incorporan la vivienda estudiantil como parte de una política integral de acceso a la educación superior, miles de jóvenes seguirán enfrentando la misma disyuntiva: destinar sus escasos recursos a una renta o renunciar al sueño de convertirse en profesionistas.
Porque, en la práctica, el derecho a la educación también depende de algo tan elemental como tener un lugar digno donde dormir.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario