Existe una notable contradicción entre quienes aseguran que el presidente Andrés Manuel López Obrador si está (¡por fin!) ayudando a los más pobres y el primerísimo en gritarlo en todos los foros que le otorga la presidencia de la república es él mismo, contra quienes aseguran que no es así, algunos hasta decimos (me incluyo) que es al contrario, que no solo no está ayudando a los pobres, sino que está quitándoles apoyos que ya tenían.
Pero la verdadera contradicción es la que existe entre el discurso del Ppresidente y sus apoyadores, por un lado, y la realidad por el otro. La pobreza se combate con acciones, no con discursos y la realidad tarde o temprano pasa factura, por mucho éxito que se tenga en la propaganda y la manipulación de la información. Esa discordancia entre lo que AMLO pregona y lo que hace es ya un hecho cierto y el contraste es impresionante, falta que se convierte en conciencia popular y se traduzca en acciones para corregir.
Por eso y para eso, debemos insistir en dar a conocer los verdaderos datos, los que demuestran la realidad, para que el pueblo la vea y entienda. El material es abundante y no hay para que abrumarnos, espacio y tiempo son infinitos, es necesario y posible ir por partes.
A finales de 2020, cuando la entonces recién ungida por las encuestas como candidata de Morena a la gubernatura de Campeche, Lic. Layda Sansores San Román, buscaba aliados, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) presentó un informe en el que destacaba que “Campeche, bajo la administración de los priístas Alejandro Moreno Cárdenas y Carlos Miguel Aysa González, está entre los siete estados del país con mayores rezagos habitacionales”. Es cierto, y no debemos dejar de decir que la pobreza y todas sus pústulas, entre ellas la carencia de vivienda digna, no son culpa de las actuales administraciones en ningún lado (ni en Campeche). Pero tampoco la es de las anteriores, no es una herencia del pasado neoliberal, es el sistema mismo que ni es del pasado ni se ha superado, por más que se “decrete” abolido o extinto de palabra, de modo que no es culpa de personajes en concreto, ni de partidos, sino del modelo económico que domina en nuestro país, que funciona intencionalmente para hacer pobres a las grandes masas trabajadoras para que la riqueza creada por estas se concentre en las manos de unos cuantos.
De lo que sí son culpables los gobernantes (anteriores y actuales) es de no cumplir lo que les ordena el Artículo 4to de nuestra Carta Magna: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Sí, los gobiernos están obligados a combatir la falta de vivienda con programas y apoyos para “alcanzar tal objetivo”. Pero no nos engañemos, lo que se ha logrado en apoyo de vivienda a las familias humildes que no tienen, ha sido fruto de la gestión y de la lucha de esas mismas familias. Como sea, lo que les podemos exigir y medir a los gobernantes es su comedimiento y su efectividad para contrarrestar la carencia de vivienda.
Este combate tiene varias formas, una de ellas, que sí ha servido para abatir el porcentaje de viviendas en situación de hacinamiento (aglomeración de personas en un espacio reducido o cuya superficie no es suficiente para albergar a todos los individuos de manera segura y confortable), son los programas de vivienda popular.
De acuerdo con el informe “Evolución de las carencias sociales 1990-2020” del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2010 el porcentaje de la población que presentó carencia en vivienda era de 11.7 y en 2015 se redujo a 9.4 por ciento, mientras que en 2020 fue de 8.3, es decir que la reducción en el penúltimo quinquenio fue de 2.3 y en el último de 1.1; este ya abarca 2 años de la cuarta transformación, pese a lo cual no hubo un incremento, como se pudiera esperar con base en el discurso de AMLO, en la efectividad para abatir la carencia de vivienda, sino una reducción mayor al 50 por ciento.
Pero eso no es todo, viendo el caso de Campeche tenemos que en 1990 el 41 por ciento de campechanos vivían en situación de hacinamiento y, con el trabajo de los “gobiernos de antes”, de redujo en 10 años a 33, ocho puntos porcentuales (pp). En 2010 descendió a 20 por ciento, es decir que se abatió este problema 13 pp, y de 2010 a 2015 se redujo a 18 por ciento, se abatió en 12 pp. En 2020, en cambio, este porcentaje es de 16 por ciento, por lo que en cinco años solamente se redujo en 2 pp. Es cierto, estamos hablando del período en que ciertamente administraron los dos últimos gobernadores priístas, pero también de los dos años del gobierno de AMLO en los que los programas federales de vivienda, que de por sí eran totalmente insuficientes, se vieron drásticamente reducidos, con el argumento del combate a la corrupción, de modo que el combate a la carencia de vivienda, que es lo que puede hacer el gobierno, se ha frenado con AMLO en el Gobierno Federal.
Y de esto pueden dar fe y testimonio los miles de campechanos, antorchistas o no, que sintieron en su propia situación el drástico viraje de la política de vivienda del Gobierno Federal que canceló estos programas, que se entregaban a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y urbano (Sedatu), y que se aplicaron en estos dos años prácticamente solo a través de los programas estatales. Esta situación se ha replicado en 2021, en donde se observan menos acciones de vivienda además de un mal manejo al entregarse solamente a los seguidores del partido en el poder, o condicionarlos a la militancia y el apoyo partidista, al modo como lo hace Claudia Sheinbaum la gobernadora morenista en CDMX con el agua potable. Y todo esto promete endurecerse en 2022, por lo que podemos ya deducir que estos porcentajes de carencia de vivienda no solo no van a disminuir, sino que se pueden incrementar con la 4T en los últimos tres años del gobierno de AMLO.
Y ni que decir de la política de regularización de la tenencia de la tierra en colonias irregulares, tarea que corresponde cabalmente al gobierno en sus tres niveles, con colonias que llevan décadas sin regularizarse y ahora hasta sufren el desalojo violento y la amenaza de un gobierno soberbio e insensible que no se preocupa en los hechos por los más pobres.
No, las transferencias de recursos en efectivo, por muy directos que sean y por mucho que se incrementen, no sirven para abatir los indicadores de pobreza, no combaten la pobreza de manera eficaz si no se complementan con acciones para abatir el rezago de vivienda, y el hacinamiento con programas de vivienda popular, si no se regularizan las colonias populares y se introducen los servicios básicos, que ya llevan 3 años durmiendo el sueño de los justos como nunca antes, y el pueblo lo sabe.
La verdadera contradicción está entre el discurso y las acciones del presidente y sus cómplices de Morena, aunque muchos crean que, lamentablemente, es menos perceptible para el pueblo. No es culpa de la gente, el pueblo creyó en el discurso que prometía justicia, y no podían adivinar que AMLO les mentía, aunque muchos se los advertimos con elementos y a tiempo; hoy, él y todos los que lo apoyan siguen mintiendo, y ellos son los verdaderos culpables, no el pueblo, de que la verdad siga en el pozo esperando a salir a la luz.
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