Las autoridades deben apoyar el proyecto de albergues estudiantiles, no despojar a los jóvenes de escasos recursos, subraya la organización
Oaxaca, Oax. El Movimiento Antorchista de Oaxaca, en voz de César Hernández Olivera, presidente de la asociación civil “albergues estudiantiles Rufino Tamayo y Clara Córdova” y dirigente del antorchismo mixteco, se solidarizó y condenó el despojo a estudiantes del albergue estudiantil “Dr. Juan Manuel Celis Ponce”, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz; luego de que el 26 de abril, alrededor de las 5:30 de la tarde, policías municipales enviados por César Figueroa Jiménez, actual Presidente Municipal, dejó en el desamparo, y sin sus pertenencias, a jóvenes de escasos recursos que ahí habitaban.
De acuerdo con Hernández Olivera, dicha acción se da luego del acoso iniciado por el actual presidente municipal, desde que era candidato, y que actualmente, haciendo uso de su “poder político”, violentó el acuerdo sobre el albergue estudiantil “Dr. Juan Manuel Celis Ponce” a pesar de que dicho bien inmueble está en comodato por 99 años y tras haberse construido gracias a la lucha y gestión de la FNERRR y de Antorcha:
“Es inaceptable que tras un discurso impositivo, ahora el presidente municipal de Miahuatlán quiera ganarse elogios de los edificios cuando a él no le costó nada, pues dicho inmueble se logró gracias a la ardua lucha que emprendieron los jóvenes ante la federación con recurso del RG23”.
El presidente de la asociación, además, explicó que el alcalde morenista incurrió en actos violatorios de derechos, ya que la permanencia en el albergue era un compromiso de años, en el que se había dicho que se apoyaría a los jóvenes del albergue, dotando servicios de biblioteca, comedor y sala de cómputo.
Finalmente, César Hernández urgió la intervención del Gobierno del Estado, para que, primero, con base en derecho, se les restituya su albergue y, segundo, que los gobiernos de los tres niveles doten de subsidio al albergue para su comedor, así como los servicios de biblioteca, sala de cómputo, pago de los servicios de internet, luz eléctrica y demás, para que puedan realizar sus estudios, como un derecho humano consagrado en pactos internacionales. De lo contrario, dijo, se realizarán movilizaciones locales y nacionales, además de recurrir a instancias judiciales.
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