No cabe duda que los últimos acontecimientos y manifestaciones que se han dado en el estado de Chiapas, vienen a evidenciar una vez más que el modelo económico y las políticas que imperan en el país, siguen hasta hoy lastimando a las clases más empobrecidas y a quienes al final de cuentas, se les acusa, señala y se llama a corregir, en asuntos que esencialmente no le corresponden, cuando siempre ha sido el pueblo quien en tiempo oportuno a exigir mejores condiciones de vida.
La entidad está de luto, está en duelo no solo por las pérdidas a causa de la covid-19, de los lamentables fallecimientos de enfermos por cáncer, por víctimas de desastres naturales, enfrentamientos ejidales, homicidios, asaltos, etc., y finalmente por feminicidios. Hace una semana, se dio a conocer la lamentable pérdida de la doctora Mariana de Lourdes Sánchez Dáva mujer de 24 años, recién egresada de medicina de una conocida universidad. Como lo ha declarado su madre, la joven hacía su servicio social en una clínica de Nueva Palestina en Ocosingo, lugar en el que pasó sus últimos días brindando ayuda a la población.
Los medios de comunicación han hablado mucho sobre este tema, centros universitarios, trabajadores del sector salud, organizaciones sociales y público en general; han pedido justicia ante la incompetencia de las autoridades municipales, locales y federales, sin que hasta el momento se encuentre una respuesta clara a lo que ha acontecido y sucede constantemente en este país. Servidores públicos, como la titular de la Segob, se limitan a recetarnos mensajes de aliento y de conciencia sobre el panorama al que se enfrentaran los médicos que realizan su servicio social, como si nosotros los pobres no lo conociéramos; se hace un llamado a la población sobre el trabajo de los pasantes de medicina que prestan sus servicios con remuneraciones mínimas (en el caso de Mariana, apoyo inexistente), pidiendo que se les brinde estancias lo más agradables y cómodas posibles, como si el problema fuese el acogimiento de las familias beneficiadas, y se deja a un lado que el problema de fondo no son los pobladores de la comunidad, si no la poca remuneración de recursos para el sector salud.
En este mismo contexto, doctores de hospitales públicos se han manifestado, pues éste no es un caso aislado, principalmente porque los hospitales no cuentan con equipos médicos que se demandan, materiales, medicinas, personal de salud suficiente, infraestructura digna, etc., que permita brindar este derecho a los chiapanecos. Es evidente que esto no solo se sufre en los hospitales de zonas urbanas, se agrava en pueblos y comunidades marginadas como la de Ocosingo. ¿De quién es la responsabilidad entonces? Si todos sabemos que los recursos para el sector salud los ejerce el Gobierno federal.
Morena no debe olvidar que se cumple un año más de que la Secretaría de Gobernación activara la Alerta de Violencia de Género contra niñas, adolescentes y mujeres en siete ciudades y los dieciséis municipios de la zona altos en el estado de Chiapas. Han transcurrido ya cuatro largos años, en los que a pesar de las acciones que se han implementado en lo que va de las dos administraciones, todavía existen barreras y obstáculos que impiden un abordaje integral y transformador o en algunos casos, se han implementado medidas parciales y desarticuladas que terminan impactando en la vida de las mujeres. Por ello, añado, para reflexión del gobierno, que de acuerdo con la estadística de octubre de 2020 en la página oficial de la Alerta alertadegenerochiapas.org.mx, los municipios con mayor incidencia fueron Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Villaflores, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Cintalapa, Palenque, Tuxtla Chico, Berriozábal, Huehuetán, Ocozocoautla, Ocosingo, Arriaga, Suchiate y Villa Comaltitlán. Y es que, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año pasado se denunciaron 460 violaciones sexuales en esa entidad. Una de ellas fue la que sufrió Mariana Sánchez.
Cada vez que, por alguna razón importante, se pone de moda hablar de la gran inseguridad que nos atosiga, se vuelven a escuchar las mismas explicaciones superficiales del fenómeno y las mismas recetas trazadas que han demostrado de sobra su ineficacia para acabar con la inseguridad y hacer justicia. Se sigue insistiendo en desaparecer los seguros médicos, la educación gratuita, servicios urbanos, combate a la pobreza, fondos para mejorar las condiciones de los hospitales, apoyo a quienes brindan servicio y arriesgan su vida para salvar las de los pueblos humildes y pobres a quienes se les ha dejado en el olvido. No hay que darnos esperanzas falsas, pues sabemos que las fallas sólo pueden ser corregidas por una intervención oportuna, bien estudiada y medida por parte de los gobiernos y de nadie más. Son ellos los que deben escuchar las demandas y exigencias allí donde está la falla y donde constantemente se pide auxilio.
Pero a nosotros, los antorchistas de este estado, nos preocupa, y mucho, la actitud omisa de los gobernantes ante grandes abusos y desgarradores crímenes por los cuales la gente sencilla, los pueblos pobres y abandonados lloran, claman al cielo y a sus gobernantes pidiendo protección y castigo para sus asesinos, mientras los aludidos voltean con indiferencia hacia otro lado. Señor gobernador del estado y señor presidente de México, ustedes tienen en sus manos la gran oportunidad de devolver la confianza y la esperanza a los pobres del estado, que llaman a su puerta pacíficamente demandando ¡seguridad y justicia! Están a tiempo de escucharlo, mañana puede ser demasiado tarde.
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