México enfrenta una de las peores crisis climáticas de su historia reciente. Las temperaturas extremas y la sequía prolongada afectan cada vez más regiones del país, dejando a su paso tierras áridas, presas vacías y una población vulnerable que paga el precio más alto: la gente pobre.
Mientras las olas de calor superan los 45 grados Celsius en estados como Sonora, Tabasco y Veracruz, miles de familias viven sin acceso a agua potable, en casas improvisadas que no ofrecen protección alguna contra las inclemencias del clima. Para quienes habitan en zonas marginadas, el calor no solo es incómodo: puede ser una sentencia de muerte.
La justicia climática implica reconocer que hay grupos sociales que sufren más los efectos del calentamiento global, y deben ser prioridad en las estrategias de adaptación.
Las viviendas construidas con lámina, cartón o madera ligera, frecuentes en comunidades urbanas periféricas y rurales, se convierten en hornos durante el día. A diferencia de los hogares con recursos para instalar aire acondicionado, ventiladores o incluso aislamientos térmicos, las familias pobres enfrentan el calor sin herramientas para combatirlo.
Los adultos mayores, los niños y las personas con enfermedades crónicas son los más expuestos a sufrir golpes de calor, deshidratación y complicaciones respiratorias.
El agua escasea, especialmente en el norte y centro del país. Según datos de la Conagua, más del 80 % del territorio nacional presenta algún grado de sequía. En colonias populares, la llegada del agua depende de pipas que no siempre alcanzan para todos, o de redes públicas colapsadas que funcionan solo unas horas al día.
En comunidades rurales, la falta de lluvias ha secado pozos y afectado gravemente la producción agrícola, dejando sin ingresos a muchas familias campesinas.
Los efectos del cambio climático no golpean por igual. Según organizaciones civiles como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), las poblaciones en situación de pobreza enfrentan mayores obstáculos para adaptarse a los cambios del entorno. No sólo por la falta de recursos, sino también por la ausencia de políticas públicas que atiendan con urgencia sus necesidades.
La justicia climática implica reconocer que hay grupos sociales que sufren más los efectos del calentamiento global, y deben ser prioridad en las estrategias de adaptación, señala Mariana Gutiérrez, investigadora ambiental. Sin embargo, en México aún persisten grandes brechas entre la planificación climática nacional y la realidad que viven millones de personas en las calles, en las periferias y en el campo.
En algunas ciudades, iniciativas comunitarias intentan paliar la situación: instalación de techos reflectantes, captación de agua pluvial y reforestación de zonas urbanas. Pero estas soluciones, muchas veces promovidas por ONG o colectivos vecinales, no son suficientes sin el respaldo gubernamental.
La crisis climática ya está aquí. Y aunque afecta a todos, lo hace con mayor crudeza a quienes menos tienen. Enfrentarla requiere no sólo reducir emisiones o cuidar los recursos naturales, sino también garantizar que nadie, por pobre que sea, tenga que sufrir o morir por no tener un techo digno o un vaso de agua.
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