“Un hogar con escrituras y servicios, un privilegio al que no tienen acceso los olvidados de la CDMX” (Animal político, 22 mayo 2018). En el año 2016 en la Ciudad de México, sólo el 39% contaba con vivienda regular, vivienda con escrituras, es decir, el 61% habita en viviendas irregulares. No tener una vivienda regular implica no tener seguridad de acceso a servicios, por ejemplo, según el Inegi, el más alto porcentaje de habitantes de la Ciudad de México sin acceso al agua potable entubada en el hogar está en las viviendas sin escrituras. Este ya es un problema, pero no es todo.
Existe otro sector de la población que no cuenta con vivienda, formado en parte por el crecimiento natural de los pueblos originarios del sur y ¿cómo resuelven su problema? Muchas veces hacinados con varias familias en una misma casa. El proyecto de vivienda de interés social del Instituto de Vivienda (INVI) que debía ser la solución, resultó ser un proyecto para las clases medias, con empleo formal y sueldos de tres salarios mínimos; quedando en la indefensión, millones de familias que trabajan en la informalidad, éstos son arrojados y expulsados de las zonas urbanas, viéndose obligados a formar parte de los asentamientos irregulares. Aquí llegan a vivir los más pobres de la ciudad.
En estos asentamientos la brecha se acentúa aún más. Pues el gobierno de la CDMX, con el pretexto de que “son asentamientos irregulares” prohíbe la dotación de servicios en estos predios, condenando a las familias a vivir, incluso, sin los servicios básicos indispensables: agua potable, electrificación, drenaje, alumbrado público, entre otros. Por lo que la gente vive en condiciones muy insalubres.
Aunque la información disponible sobre el tema, en la CDMX, es extremadamente escasa, es posible aproximarse a ella. Según el extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) Simón Neuman, (centrourbano, 1 de nov 2013), estimó en 900 el número de asentamientos irregulares en nueve delegaciones: principalmente en Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac, Cuajimalpa; en menor medida en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón; con una población de alrededor de 2.5 millones de habitantes, y refirió que muchos de ellos están plenamente consolidados, con más de 20, 30, hasta 50 años. Para hacernos una idea de la dimensión del problema, en Tláhuac se estimaban entonces 93 asentamientos irregulares, actualmente las autoridades locales, reconocen 150, los asentamientos irregulares se calcula que es aproximadamente de 30%.
A los habitantes de estas zonas se les utiliza como botín político, a cambio de su voto se les ofrece el cambio del uso de suelo, pero desde 2017 que debería haberse instalado la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares, no se ha instalado; se les utiliza como carne de urna sobre todo para morena; se les niegan los servicios por “ilegales”, pero son legales cuando “se trata de votar”.
A la mitad de su mandato, Claudia Sheinbaum, no ha resuelto el tema de los asentamientos humanos, siendo que es un problema añejo. Pero además atropellando los derechos humanos de estos habitantes. Dos ejemplos: como ya lo hemos denunciado antes, en el predio Tempiluli, en Tláhuac, fueron desalojadas y destruidas, por disposiciones de la jefa de Gobierno, las casas de 300 familias, mismas que quedaron en la vil calle en plena época de pandemia, y ahora el compromiso de apoyo de renta mientras se otorga una vivienda, se les entrega incompleto y a cuenta gotas. El otro ejemplo, hace unos días se inundaron con aguas de drenaje, varias familias de otras colonias, debido a las fuertes lluvias, y a la fecha no se les ha prestado ayuda, las familias siguen viviendo entre el fango, no obstante, cuando se fue a solicitarla, fueron fuertemente reprimidos y golpeados por la policía por órdenes de la jefa de Gobierno.
Las familias de estos predios, además de sufrir en carne propia la falta de servicios y de apoyo por parte de las autoridades, tienen que soportar represión, golpes, humillaciones. Soportar calumnias de morenistas en las redes sociales, pues se les acusa de robarse las tierras, cuando con documentos en mano han demostrado que ellos las compraron a los ejidatarios, que a nadie le han robado tierra. Solo a un demente se le ocurre ofender a las víctimas y defender a los victimarios.
Tiene razón Antorcha al llamar al pueblo más desprotegido a unirse, organizarse y luchar para defender sus derechos, para ser tratados con justicia, con respeto, sin discriminación en su propia ciudad. A luchar en contra de la soberbia, del despotismo de las autoridades morenistas, que cada vez más, están demostrando que no les importa la gente, que lo que les importa es mantener el poder a costa de lo que sea. No dependamos más de un gobierno que al que no le importamos. ¡Vale!
0 Comentarios:
Dejar un Comentario