La educación es un derecho fundamental, pero en México, miles de jóvenes de comunidades rurales y de bajos recursos enfrentan obstáculos económicos, geográficos y sociales para acceder a ella.
Las casas para estudiantes de escasos recursos son una alternativa vital: no sólo brindan techo y alimentación, sino que se convierten en espacios de formación integral, donde el estudio y la organización impulsan el desarrollo comunitario.
Mientras el gobierno federal recorta presupuestos educativos y prioriza programas asistencialistas, los estudiantes exigen lo básico: albergues dignos, comedores, bibliotecas e internet.
Lejos de proteger estos espacios, las autoridades frecuentemente los ven como amenazas o botines políticos. Un ejemplo es el violento desalojo del albergue “Dr. Juan Manuel Celis Ponce” en Miahuatlán, Oaxaca, ordenado por el presidente municipal morenista César Figueroa Jiménez.
El pasado 26 de abril, treinta policías irrumpieron sin orden judicial, desalojaron a estudiantes y familias, destruyeron pertenencias y montaron un escenario falso para justificar el despojo.
El inmueble, gestionado y construido por los jóvenes hace más de una década con recursos federales, fue arrebatado violando un contrato de comodato por 99 años. El alcalde, en lugar de apoyarlos, los difamó llamándolos “drogadictos y delincuentes”, sin presentar pruebas.
Este acto refleja un autoritarismo peligroso: gobiernos que actúan por encima de la ley, destruyendo lo que las comunidades han levantado con esfuerzo. Si hoy es Oaxaca, mañana puede ser cualquier otro estado.
La FNERRR y el Movimiento Antorchista no claudicaremos. Su lucha no es sólo por un edificio, sino por el futuro de la educación pública y por lo tanto exigimos:
Que nos regresen de forma inmediata el albergue “Juan Manuel Celis Ponce”.
Garantías del gobierno estatal y federal para dotar de recursos a estos espacios.
Los estudiantes de Oaxaca no están solos. En Guerrero, donde la deserción escolar en nivel medio superior alcanza el 14 % y el analfabetismo indígena es de los más altos del país, albergues como la “Ignacio Manuel Altamirano” (IMA) demuestran que, con organización, es posible ofrecer educación digna.
Mientras el gobierno federal recorta presupuestos educativos y prioriza programas asistencialistas, los estudiantes exigen lo básico: albergues dignos, comedores, bibliotecas e internet.
En Miahuatlán, donde el 55 % de las escuelas carece de agua potable y el 85 % no tiene internet, el albergue era un oasis. Arrebatarlo no es “recuperar un bien municipal”, sino negar el derecho a educarse.
A los estudiantes de Oaxaca les decimos: Guerrero está con ustedes. La IMA y todos los albergues organizados en la FNERRR Nacional saben que su lucha es justa
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