En los últimos días de julio, las autoridades educativas, concretamente la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar, con el aval de la Secretaría de Educación Pública, emitieron una circular en la que “reiteran” de forma muy clara y precisa que “se deberá trabajar con grupos lo más grandes posible, llevando a cabo la compactación de grupos, hasta el máximo de 48 estudiantes, con la finalidad de evitar la generación de necesidades de plazas”.
Esta situación refleja el actuar de toda una administración, desde el más alto nivel, misma que se va replicando escalón a escalón. Este planteamiento, lejos de ser una solución a un problema, lo que realmente hace es generar más, llegando a afectar los propios estudiantes y docentes al poner en riesgo su seguridad e integridad.
Veamos. Las aulas en las que toman sus clases los alumnos, por ejemplo, los del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 110 “Prof. Luis Córdova Reyes”, ubicado en Tecomatlán, están diseñadas para un máximo de 30 estudiantes, es decir, considerando el espacio que ocupan los jóvenes y el mobiliario, así como los pasillos y accesos en caso de cualquier contingencia para que puedan desalojar el aula de forma oportuna y a la brevedad.
Otro aspecto fundamental es el clima característico de este municipio, el cual regularmente es superior a los 35º, llegando en ocasiones a superar los 40º, por tanto, amontonar a los jóvenes de forma inconsciente, como lo pretenden dichas autoridades educativas, puede resultar también en un problema de salud e higiene.
Ítem más. Los grupos, independientemente del nivel académico, deben estar conformados con el número de estudiantes que el docente a cargo pueda supervisar y atender satisfactoriamente, de lo contrario, la desatención podría terminar en una calidad del aprendizaje reducida por parte de los estudiantes.
Ante esta situación, los jóvenes organizados en la Federación de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” manifestaron pública y mediáticamente su inconformidad y desacuerdo con este tipo de decisiones de las autoridades educativas que atentan contra la educación, los ponen en peligro y agravan los problemas educativos, lejos de resolverlos.
Por su parte, los docentes de Antorcha Magisterial se sumaron a la denuncia de estos jóvenes, y reprobaron que la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, que encabeza Guillermo Antonio Solís Sánchez, niegue las condiciones necesarias para que los alumnos puedan tener un correcto aprendizaje dentro de las aulas porque comete una flagrante arbitrariedad al no tomar en cuenta las condiciones concretas de cada plantel educativo.
Si las autoridades ya detectaron que existe una gran demanda de estudiantes, ¿qué les impide crear las condiciones necesarias para atender dichas necesidades? ¿Por qué no se construyen las escuelas y aulas necesarias? ¿Por qué no se contrata a más docentes y se otorgan las plazas necesarias?
Esta situación pone de manifiesto el carácter negligente de la Secretaría de Educación Pública y de la actual administración del gobierno federal que encabeza el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, al pretender “solucionar” problemas de fondo con soluciones superficiales que, como reza el dicho popular, terminará saliendo más cara la sopa que las albóndigas. Al hacer un mal enfoque de un problema, en consecuencia, la solución será igualmente mal enfocada.
Si las autoridades ya detectaron que existe una gran demanda de estudiantes, ¿qué les impide crear las condiciones necesarias para atender dichas necesidades? ¿Por qué no se construyen las escuelas y aulas necesarias? ¿Por qué no se contrata a más docentes y se otorgan las plazas necesarias? La respuesta es sencilla: porque el gobierno federal no quiere invertir en la educación, prefiere derrochar estúpidamente el erario en campañas de promoción para sus cuadros y en transferencias monetarias directas, que invertirlo en una educación de calidad.
Tomemos como muestra de lo dicho lo que se destina a educación y ciencia en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En 2015 se destinó 3.85 por ciento con relación al Producto Interno Bruto (PIB), y desde entonces ha ido decreciendo, es decir, el actual gobierno no solo invierte poco, sino que cada vez lo hace menos; en el PEF 2023 se destinó a este rubro sólo 3 por ciento.
Esto hace que nuestro país sea el que tiene la tasa más baja de educación superior de todos los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); mientras los demás países de este organismo destinan 33 por ciento de sus presupuestos de investigación y desarrollo, el nuestro, apenas y otorga el 15 por ciento.
Otros datos alarmantes son que, entre 2019 y 2021, los estudiantes de educación básica perdieron 1.7 años de aprendizaje en promedio; la matrícula de nivel básico disminuyó alrededor de un millón de alumnos y sólo 68 por ciento de los egresados del nivel medio superior logra continuar sus estudios profesionales de nivel superior. A esto se suma que el salario real mensual de los docentes ha tenido una caída del 12 por ciento, 11 pesos por hora.
¿Esto qué quiere decir? Que al igual que muchas otras políticas aplicadas en la actual administración federal de Morena, la implementada en el sector educativo también ha resultado errónea.
Sólo podremos tener una educación de calidad para nuestros niños y jóvenes cuando se le destinen los recursos económicos, humanos y de infraestructura necesarios, de lo contrario, la pobreza franciscana y la austeridad republicana implementadas por Morena, sólo nos llevarán hacia el oscurantismo, eso lo deben tener claro la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar, pero sobre todo, los estudiantes, los padres de familia y los docentes.
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