Nuevamente el gobierno de la Cuarta Transformación es noticia y uno esperaría que estas fueran buenas, que se anunciaran medidas económicas que rescataran al país de la crisis por la que atraviesa y que amenaza con agravarse por la pandemia del Covid-19; sin embargo, no es así. El dos de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto presidencial que extingue los fideicomisos sin estructura orgánica y establece la obligación de entregar los recursos que administran a la Tesorería de la Federación (TESOFE) a más tardar el 15 de abril.
¿Exactamente en qué consiste esta medida, cuánto dinero piensa recabar el ejecutivo federal y en qué lo piensa utilizar?
Primero, un fideicomiso es una institución creada por el gobierno para impulsar áreas de desarrollo prioritarias y de interés público; entidades a las que se le asignan recursos públicos y les delegan determinadas funciones, tales como la prevención de los desastres naturales, las pensiones de los trabajadores del estado, el otorgamiento de créditos para vivienda o para desarrollo rural, promoción de actividades educativas, culturales, estabilización financiera, infraestructura pública y prestaciones laborales, entre otras.
En 2018 existían 374 fideicomisos y administraban 835 mil 477 millones de pesos que representaban el 15.8 por ciento del presupuesto de egresos de la federación; de estos, 337 están considerados como entidades No Paraestatales, es decir, sin estructura orgánica y administraban 772 mil 63 millones de pesos; ahora se sabe que manejan un monto cercano a los 740 mil millones de pesos de 335 fideicomisos, que son a los que se refiere el decreto de López Obrador, exceptuando algunos referentes de salud y de pensiones de trabajadores.
La creación de los fideicomisos se fundamentó en la consecución de dos objetivos fundamentales; contar con un fondo de ahorro para atender casos de emergencia y segundo, utilizar los recursos únicamente para el fin esencial para el que fue creado el fideicomiso.
Por mencionar algunos de los más conocidos están el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), Fideicomiso Federal Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), Fideicomiso Federal Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FOREF), etcétera.
La justificación para la concentración de estos recursos según el gobierno federal es "retornar el camino de crecimiento con austeridad, sin corrupción, el cese al endeudamiento, la creación de empleos y el impulso al agro, la investigación, la ciencia y la educación". Esta argumentación del gobierno federal no convence a nadie, porque sus fundamentos son generalidades y el propio decreto no señala con precisión en qué se van a utilizar estos recursos y sí deja claro que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la responsable de administrarlos y gastarlos discrecionalmente.
Lo que afirmó el presidente de la república en su mañanera es que servirán para fortalecer los programas sociales, léase clientelares del gobierno; reactivar la economía con créditos; apuntalar a Pemex y pagar la deuda, en otras palabras, todo lo van a echar al pozo sin fondo del gasto corriente de sus fallidos programas sociales y megaproyectos desastrosos porque los ingresos de la federación disminuyeron por el desplome el precio del petróleo.
En pocas palabras, el gobierno federal está en bancarrota y está echando manotazos a los ahorros que dejaron las odiadas administraciones "neoliberales" pasadas; desmantelando los programas para atender casos de urgencia y dejando descobijados a los sectores más vulnerables, que por lo general son las víctimas de las grandes contingencias y desastres.
Se esperaría que su justificación principal sería atender la emergencia sanitaria por el Covid-19, pero nada de eso, es más ni anuncia recursos para fortalecer el sistema de salud ni medidas serias para apoyar a pequeñas y medianas empresas y menos para la población que carecerá de ingresos para afrontar la parálisis laboral por la pandemia.
Tanto despilfarro de recursos, tanta carencia de proyectos económicos que generen empleos y riqueza para atender las necesidades más ingentes de los mexicanos, demuestran cada vez con mayor claridad que la Cuarta Transformación es incapaz de dirigir al país. La inconformidad está penetrando en todos los sectores y ese pueblo que otra vez fue engañado por los demagogos morenistas; cobrará consciencia y comprenderá que la única salida que le queda es sumar sus fuerzas y organizarse para tomar el poder político de esta nación para enrumbar su futuro.
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