Como sucede en cada desastre provocado por fenómenos naturales, los más afectados son siempre los pobres.
El reciente paso del huracán “Beryl”, que llegó a alcanzar la categoría 5 y que, al tocar tierra en Yucatán, se degradó a categoría 2, convirtiéndose en tormenta tropical, nos mostró nuevamente que, sin infraestructura adecuada en sus comunidades, sin recursos materiales o económicos para resguardar sus viviendas y pertenencias, y viviendo en zonas vulnerables propensas a inundaciones y encharcamientos, enfrentar los huracanes y otras catástrofes naturales se vuelve una tarea casi imposible.
En la actualidad, miles de familias yucatecas carecen de viviendas seguras y resistentes a los embates de la naturaleza. Las construcciones precarias, hechas con materiales de baja calidad, no pueden soportar la fuerza de los huracanes, dejando a las familias expuestas y sin un refugio seguro.
Por eso, sigue siendo fundamental que los funcionarios hagan valer el derecho de los mexicanos a una vivienda digna, situación que hasta el momento no se cumple.
Además, muchas personas en situación de pobreza viven en áreas irregulares a las que el gobierno deja sin servicios y sin protección alguna. La falta de planificación urbana y la construcción en zonas de riesgo aumentan significativamente su vulnerabilidad ante desastres naturales.
Aunque se habla de compras de pánico antes de un desastre, para los pobres esta opción no existe o es muy limitada. No tienen los recursos económicos necesarios para adquirir suministros de emergencia o alimentos de resguardo.
Además, muchos deben enfrentar la dificultad adicional de no contar con transporte para llegar a los supermercados. Pero, sobre todo, los recursos limitados de sus salarios o ingresos apenas les permiten cubrir sus necesidades básicas diarias, mucho menos adquirir reservas para situaciones de emergencia.
Enfrentar un desastre natural sin preparación ni recursos aumenta el riesgo de pérdida de vidas y propiedades.
Es crucial que las políticas del Gobierno de Yucatán consideren la implementación de programas de desarrollo social en las colonias marginadas de la capital y área metropolitana, así como programas que rescaten del abandono al campo yucateco en los municipios y comisarías del interior del estado, dotando de infraestructura necesaria para que las colonias y comisarías puedan progresar, mejorando sus condiciones de vida.
Una solución verdadera y duradera se encuentra en proporcionar mejores salarios a los trabajadores y apoyar al campo yucateco para que, con el trabajo de los campesinos, se generen recursos económicos que les permitan mejorar su nivel de vida.
Es fundamental dotar y mejorar la infraestructura para la salud, la educación y el bienestar en general en las colonias y comunidades marginadas, cumpliendo con el mandato de la constitución de dar vivienda digna a quienes todavía no la tienen.
Finalmente, cabe destacar la importancia de la información oportuna y la prevención por parte de protección civil con planes de emergencia que consideren estas realidades, así como la disponibilidad de recursos de emergencia y un plan de evacuación accesible para todos.
La protección contra desastres naturales es un derecho. Es imperativo que se tomen medidas concretas para asegurar que todos, independientemente de su situación económica, puedan protegerse adecuadamente ante fenómenos naturales.
Además de la prevención, es crucial la organización del pueblo pobre para que puedan enfrentar rápida y efectivamente estas y otras dificultades. La unidad y la colaboración comunitaria son fundamentales para superar cualquier adversidad.
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