El pasado lunes 13 de los corrientes una comisión de ciudadanos guanajuatenses de distintos municipios del estado pertenecientes al Movimiento Antorchista nos dimos cita en Palacio de Gobierno, en busca de atención a una serie de peticiones que le planteamos al Secretario de Gobierno Lic.Luis Ernesto Ayala Torres, desde el mes de marzo de 2019, de las cuales hasta hoy día no hemos encontrado una respuesta puntual, sin embargo, el acuerdo alcanzado después de la manifestación, es que el gobierno del estado haría una revisión interna con las distintas dependencias a las que les corresponde resolver las diferentes peticiones y nos daría respuestas concretas conforme avanzara la revisión.
Las peticiones enarboladas por los antorchistas son demandas plenamente justificadas desde el punto de vista social, es decir, son necesidades reales y para nada absurdas o desproporcionadas con relación a la época y la situación económica del estado y del país.Nada de eso, se trata de lograr apoyo alimentario y la instalación de servicios y mejoras básicas elementales (terrenos comprados para vivienda, agua potable, drenajes, electrificaciones, rehabilitación de caminos rurales, etc.).Tampoco debe pensarse que se sigue una actitud de todo o nada, pues numerosos pueblos y colonias con problemas apremiantes han aceptado esperar las soluciones, en atención a otros, con problemas más apremiantes aún.
Veamos algunos ejemplos: ante la crisis de salud motivada por la pandemia del Covid-19, que en el estado ha golpeado muy fuerte siendo ya el sexto lugar a nivel nacional con 17,015 contagios y 1,007 decesos y como consecuencia de la misma se presenta una crisis económica que se refleja en la pérdida de empleos formales e informales, que en los primeros ya rebasan los 50 mil y los segundos se triplican, lo que significa un deterioro significativo en el ingreso de miles de familias, que ya llegó al grado de provocar hambre en los hogares que padecen esta calamidad y, por tanto, le estamos solicitando al gobierno del estado la instrumentación de un plan alimentario extraordinario, para paliar, la también extraordinaria situación que en el terreno de la alimentación, sufren los guanajuatenses más vulnerables.
Quinientas familias pobres de la colonia Manuel Serrano Vallejo, esperan desde hace 4 años que se cumpla el compromiso del entonces gobernador Lic.Miguel Márquez Márquez, refrendado por la actual administración, que consiste en la inversión de diez millones de pesos para servicios básicos y es hora en que por una cosa o por otra no se concreta el compromiso a pesar de que se cuenta ya con los proyectos ejecutivos de las obras de agua potable y drenaje sanitario validados por la Comisión Estatal de Aguas (CEA), recurso que puede ser aplicado ya sin ningún problema en cualquiera de las dos obras, pero que no se aplica, a pesar de haber sido refrendado el compromiso de solución desde hace más de un año, sin que haya una explicación válida, se retrasa su ejecución.
En los municipios de León, Celaya e Irapuato, hay cientos de familias de las más pobres que ahí habitan, que viven arrimados con algún familiar o pagando renta, esperando respuesta a la petición de que el gobierno del estado les de alguna alternativa de apoyo para poder comprar terrenos para vivienda a un precio accesible y en facilidades, pues será la única forma de poder tener un pedacito de patria, del que carecen hasta el momento por su precaria situación económica.
Guanajuato es un estado con una basta y moderna red carretera que se corresponde con el desarrollo industrial y económico que tiene, pero existe un gran contraste con el estado deplorable y prácticamente intransitable, en que se encuentran muchos caminos rurales de diferentes municipios que comunican a las comunidades con otras o con sus respectivas cabeceras municipales, que en algunos casos ha sido causa de que enfermos que requieren atención médica de urgencia, pongan en riesgo la vida, porque no pueden desplazarse con la rapidez que el caso amerita, pondré algunos ejemplos: en San Miguel de Allende, está el camino que conduce a la comunidad de Toriles y que comunica cuando menos a otras cuatro comunidades, además el que lleva a San Juan Juvenal y que comunica también a otras tres comunidades, así como el camino de acceso a la colonia Loma Blanca; en el municipio de Dolores Hidalgo, en situación similar están los caminos que conducen a las comunidades de Las Haciendas y Rio Azul los cuales también comunican a varias comunidades; en Valle de Santiago, los caminos a las comunidades Los Martínez y La Lagunilla; en Irapuato los que conducen a las comunidades Lo de Juárez y El Carrizalito; en Pénjamo los que llevan a las comunidades de Huandarillo al Carmen y el de La puerta del Rincón; en Salamanca, el que comunica a las comunidades San José de la Montaña a Cerro Gordo, entre otros.
Existe la urgente necesidad de que se terminen de pavimentar varios caminos también de distintos municipios, que fueron construidos en su primera etapa con recursos federales que los beneficiarios gestionaron de la mano del Movimiento Antorchista Nacional ante la administración federal pasada desde hace cuatro años y que corren el riesgo de ser dinero tirado a la basura, porque como todos sabemos sufren deterioros en las partes que quedaron inconclusos, es el caso del camino a San Marcos en Dolores Hidalgo y a Campuzano en Guanajuato Capital.
La necesidad urgente de varias obras de agua potable y drenaje, así como de electrificación, que tienen varias colonias y comunidades de diferentes municipios, requiere la intervención decidida e inaplazable del gobierno del estado.
Ante la imposibilidad de consignar todas las peticiones, porque el espacio se termina, no quiero dejar de insistir en el asunto que se refiere al asentamiento irregular Nuevo Pantoja, perteneciente a la cabecera municipal de San Miguel de Allende, aunque ya lo abordé detalladamente en una colaboración anterior, lo trato de nueva cuenta porque está en riesgo la libertad de once ciudadanos guanajuatenses, que fueron detenidos después de una manifestación y que hasta el momento no tienen certeza de su situación jurídica; a lo que se agrega la incertidumbre en que se encuentra el compañero Eduardo Palma Aguilar, quien se desempeñó durante diez años como elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno del estado y fue despedido como represalia por ser habitante del asentamiento en mención y hasta el momento no ha sido indemnizado conforme a la ley; así como la detención de dos vehículos que fueron encerrados en el corralón por el mismo problema y que ya llevan más de dos meses en esa situación y no se concreta la devolución a sus dueños, generando con esto una desestabilidad económica de sus propietarios, debido a que las unidades son una herramienta en el desempeño de su trabajo.
La atención de estos asuntos que repito- tienen muchos meses sin solución, ha sido encargada al jefe de asesores del Secretario de Gobierno, Lic.Alberto Cifuentes Negrete, pero, no obstante, su manifestación reiterada de voluntad política para resolverlos, estos problemas ciudadanos se encuentran empantanados.
¿Qué pasa con la atención a las demandas ciudadanas? ¿Existe un rechazo no declarado a los ciudadanos que se organizan? ¿Se trata de simple menosprecio a los problemas de los que menos tienen? Indudablemente que es difícil responder a estas interrogantes, por la sencilla razón de que no nos corresponde.Por lo pronto los antorchistas guanajuatenses esperaremos pacientemente hasta el 31 de los corrientes, para hacer una evaluación de las respuestas del gobierno del estado, que es justo decir, ya tenemos algunas pero, también hay que decirlo, son de las menos trascendentes, y en caso de que no haya avance sustancial, acudiremos nuevamente a Palacio de Gobierno el lunes 3 de agosto para solicitar la intervención del Lic.Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado, en la solución de los problemas que aquejan a sus gobernados e ir saliendo de dudas.
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