Como un solo hombre y al unísono, los antorchistas del seccional Zacatlán nos solidarizamos con nuestros compañeros de lucha de la capital poblana, Víctor López Juárez, y exigimos cárcel para quienes lo asesinaron. Un comerciante de la zona sur de la ciudad de Puebla, quien el domingo 8 de mayo, mientras trabajaba en su puesto ubicado en el tianguis de La Curva, fue agredido y asesinado por un grupo de 30 delincuentes de la conocida banda criminal Los fierreros.
Fue el domingo 8, alrededor del mediodía, cuando la banda criminal, conocida en la zona hasta por los policías, disputaban un partido de futbol y golpearon de un balonazo a una señora de la tercera edad; de inmediato los tianguistas acudieron a auxiliar a la afectada y solicitaron a la banda una disculpa, pero obtuvieron como respuesta insultos y burlas hacia la mujer, y como acto seguido, una agresión, con amas de metal en mano, a los tianguistas, que dejó como saldo a una persona fallecida y tres heridos de gravedad, que en estos momentos luchan por su vida en el hospital. Los hechos los narró Verónica Nophal Camacho, viuda de don Víctor en una entrevista para el noticiario de contigopuebla.mx.
El crimen se da en un contexto de alza a la violencia, en el que México se consolida como el epicentro mundial de la violencia urbana, de acuerdo con el “Ranking 2021 de las 50 ciudades más violentas del mundo”, realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., y que destacó que “es el país con el mayor número de ciudades violentas: 18 de 50”.
El estudio, publicado en marzo del presente año, reveló que “México ya lleva tres años como epicentro mundial de la violencia homicida urbana. No es una casualidad, sino el resultado de la política de “abrazos, no balazos”, practicada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, política que consiste en dejar a los grupos criminales en casi absoluta libertad de asesinar, desaparecer personas, extorsionar y robar”.
A nivel estatal, la situación es similar, los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2021 (ENSU) del INEGI, ubicaron a Puebla en la tasa de prevalencia delictiva en el séptimo lugar con 25.1 víctimas por cada 100 mil habitantes, superior a la media nacional (23.5), en delitos con portación de arma (de cualquier tipo) y donde la víctima estuvo presente ocupó en el tercer peldaño con 46.2 por ciento; además de que el estado, en las cifras negras, es el sexto lugar con 94.7 en porcentaje d delitos cometidos por los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación durante 2020.
La situación se ha visto reflejada en la percepción de inseguridad entre los poblanos, en especial entre los que viven en la capital: “De las 75 ciudades que monitorea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la capital poblana apareció entre las localidades donde la percepción de inseguridad aumentó -en el último trimestre- frente a septiembre de 2021”, nota de milenio.com (enero de 2022).
El alza a la violencia a nivel federal y estatal se da, precisamente, con la llegada de los gobiernos morenistas, que no han dado resultados en la materia ni aplicado medidas serias para el combate de la delincuencia, y que se han dibujado más nítidamente un escenario con altos niveles de impunidad en el país. “Un amplio informe de México Evalúa, que revisa la información oficial sobre el trabajo de las fiscalías y jueces en 2020, arroja un dato estremecedor: un 94,8% de los delitos no ve una salida. Ni una sentencia, pero tampoco un acuerdo entre las partes, ni reparación del daño, en muchos casos ni llegan a juicio y quedan varados en el archivo temporal… La impunidad crece con unas fiscalías asfixiadas por el número de carpetas y alimenta la seguridad de que matar, extorsionar, secuestrar o desaparecer en México sale prácticamente gratis”, La Jornada de Oriente, octubre de 2021.
Ahí está el caso de nuestro compañero, en el que la policía estatal estuvo cerca, no hizo nada y tampoco se ve acción por parte de la fiscalía, están los asesinatos que recientemente cometió la policía estatal y los pistoleros de los caciques contra tres pobladores de Coyomeapan, o la desaparición y homicidio de tres jóvenes de Misiones de San Francisco de la capital, que continúan impunes y en los que no se ve que el gobierno estatal haga algo.
Por ello, los antorchistas del estado, en un acto de solidaridad, realizamos una marcha de siete mil personas para exigir castigo para los asesinos de don Víctor, de los tres jóvenes, de los campesinos de Coyomeapan y de todas las víctimas de la inseguridad y de las malas políticas de gobiernos que no están interesados en garantizar la seguridad e integridad física de los mexicanos, menos en trabajar en un proyecto que verdaderamente ataque estos problemas, que no son más que la consecuencia de la terrible desigualdad que vive el país.
Los antorchistas del seccional Zacatlán nos sumamos al llamado de justicia para las víctimas, nos sumamos al llamado que recientemente hizo nuestro dirigente estatal, Juan Manuel Celis Aguirre, para que el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta y la Fiscalía General del Estado intervengan y detengan a los culpables de estos crímenes y paren la ola de violencia desatada en nuestro estado.
Desde la Sierra la Norte le decimos a nuestros compañeros de la capital poblana que no están solos, que aquí estamos prestos al llamado, para reforzar esta lucha, como un solo hombre y como un solo ideal, como dice nuestra consigna.
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