¿Y ya podemos celebrar los sudcalifornianos que ya no hay corrupción en nuestro estado? ¿Sirvió de algo en ese sentido elegir a López Obrador, que tanto prometió acabar con ella, como presidente? ¿Ya podemos hacer trámites en todas nuestras oficinas públicas sin temor a que nos extorsionen?
Ya que se va, ¿podemos declarar derrotada a la corrupción? Los últimos datos del Inegi nos descubren que no, al contrario, subió a más del doble entre 2021 y 2023.
Ahora que AMLO se va, no tenemos nada que festejar en BCS, pues con él y sus cómplices fuimos de mal en peor.
Antes de ver los datos concretos del Inegi acerca de BCS, tome usted en cuenta que este tipo de instituciones trabajan solo con estadísticas oficiales que registran las denuncias ciudadanas, las que no fueron denunciadas ante autoridad no cuentan.
Y también considere usted que la encuesta Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad MCCI-Reforma 2022, señala que “aproximadamente dos de cada tres personas en México consideran que denunciar un acto de corrupción es inútil (65 % es inútil, 35 % sirve)”; además, se sabe que esta misma actitud de la población se mantiene ante las preguntas de todo tipo de cuestionarios, cosa que saben muy bien todos los encuestadores. O sea que los datos del Inegi hay que multiplicarlos cuando menos por tres, si queremos acercarnos a la realidad de la corrupción en BCS. Ahora sí, vamos a los datos.
Precisamente en la encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, publicada a finales de marzo de 2024, el Inegi refiere que, para BCS, “en el 2021 se registraron 5 mil 224 víctimas de la población que tuvo contacto con alguna persona servidora pública y experimentó al menos un acto de corrupción, mientras que para el 2023, ya en el Gobierno de Víctor Castro Cosío, se tuvo una incidencia de 10 mil 522 víctimas, significando un incremento del 101.4 por ciento más víctimas de la perversión del sistema de gobierno de la Cuarta Transformación local” (Zeta Tijuana, 9 de abril de 2024).
Por lo ya señalado en el segundo párrafo del presente, no es irresponsable afirmar que la incidencia real para 2023 anduvo en alrededor de 30 mil sudcalifornianos, víctimas de la corrupción. Es decir, que el incremento real desde 2021 debe andar alrededor del 500 %. Esto aceptando que los datos del Inegi no están maquillados a la baja.
Es decir, no hay ninguna transformación y sí una involución, vamos como el cangrejo, pues. Agregue usted que las víctimas comparten su frustrante experiencia con al menos entre cinco y diez personas cercanas, que se enteran de primera mano de las formas y métodos de la corrupción.
No es de extrañar, por tanto, que, junto con la experiencia de la corrupción creciente, la sociedad sudcaliforniana entera pierde confianza en sus autoridades y eso torpedea la débil democracia que tenemos.
Así que ahora que AMLO se va, no tenemos nada que festejar en ese sentido en BCS, pues con él y sus cómplices fuimos de mal en peor. Lo pésimo, al menos para la 4T, es que esta conclusión no es una calumnia, sino una realidad terca como las burras del rancho viejo.
Los escándalos de corrupción que aparecen en la prensa, referidos siempre a los políticos más importantes del momento, son la mínima cantidad. La mayor parte de los casos de corrupción gubernamental está en el trámite cotidiano ante oficinas públicas que tienen que realizar los trabajadores, los campesinos, los jornaleros, los pequeños propietarios y microempresarios.
Todo el mundo sabe y acepta que “si no se aceita la máquina, no funciona”. Y es una regla que la abundancia o escasez de corrupción en las capas más bajas de Gobierno de un país está determinada también por el nivel de corrupción de sus más altas jerarquías. Se requieren cómplices arriba, inevitablemente. Es, digámoslo así, otro tipo de cobro de piso que pide ilegalmente el funcionario mafioso y que oprime al ciudadano común y corriente.
La corrupción de los hijos de AMLO que ha denunciado Latinus, la de los funcionarios con montones de casotas, la del balasto en el tren maya, los sobreprecios del AIFA y Dos Bocas, la súper estafa maestra en Segalmex, la del NAIM, la de la gobernadora Delfina con los cobros de “cooperaciones” a sus trabajadores en Texcoco, los sobres amarillos de los hermanos del presidente, las fajos de billetes de Bejarano, señor de las ligas, los carruseles de funcionarios para hacer depósitos en la misma caja bancaria por horas, las denuncias en el libro El rey del ca$h, el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano y un sinfín de corruptelas que pululan en el ambiente noticioso sí son importantes, por supuesto.
En esta ocasión me quiero referir a la corrupción que no sale en los medios de comunicación y que es de la que la encuesta del Inegi habla: la que percibe usted diariamente, estimado lector, ya sea por cercanía a la víctima o por ser usted mismo el que sufrió la extorsión.
De aquella corrupción nos duele su existencia, nos indigna y deshonra. Esta otra corrupción nos oprime directamente, nos ahoga en la vida diaria, nos quita lo poco que tenemos. Pero las dos se condicionan mutuamente; la una es condición necesaria para que exista la otra, se requieren, la clase burguesa no puede continuar existiendo si su orden social no las contiene ambas como forma cotidiana de existencia de su Estado. Es este carácter rutinario de la corrupción el que nos estruja la existencia.
AMLO nunca tuvo razón y por eso nos deja peor que cuando entró: el origen de nuestros males no es la corrupción, sino la consecuencia; la consecuencia de un sistema de opresión llamado capitalismo. Y sólo hasta que desaparezca este se irá con él para siempre el recuerdo de esta amarga experiencia de pudrición del espíritu humano.
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