El pasado jueves 12 del presente, inició una campaña nacional de denuncia contra una flagrante violación constitucional cometida en agravio de estudiantes oaxaqueños, organizados en la Federación de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), a quienes el presidente municipal de Miahuatlán despojó de su albergue estudiantil. Una injusticia que se suma a las que enfrentan ya, de por sí, miles de habitantes de la Sierra Sur, en el Estado de Oaxaca.
La existencia de un albergue estudiantil no constituye un lujo, sino una necesidad fundamental que determina si un joven puede o no acceder a la educación media superior y superior.
La Sierra Sur es una de las ocho regiones en que se divide esa entidad; está integrada por 70 municipios, distribuidos en 1 mil 381 localidades, de las cuales Miahuatlán de Porfirio Díaz es la cabecera de distrito. En un documento llamado Diagnóstico Plan de Desarrollo de la Sierra Sur, con datos del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), se menciona que el 95 % de estos municipios presentan grados de marginación muy alto. La educación es uno de los rubros más afectados.
Por ejemplo, de 61 mil 276 niños de entre seis y catorce años, 9 mil 136 no saben leer ni escribir, o sea, el 12.78 %; y de 222 mil 229 habitantes mayores de quince años, 40 mil 480 son analfabetos, es decir, 18.39 %, el porcentaje más alto en todo Oaxaca.
Esta región, caracterizada por una geografía accidentada y una población predominantemente rural e indígena, se sostiene principalmente de actividades como la agricultura de temporal, ganadería de traspatio y producción artesanal, incluyendo la de mezcal.
Tan grande es el atraso económico que Miahuatlán conserva aún el ancestral trueque ya superado por el comercio moderno. Es entendible, pues, que la mayoría de estas comunidades carezcan de instituciones de educación media superior y superior; esto obliga a los jóvenes a migrar hacia la cabecera distrital para continuar sus estudios, como una de las pocas vías disponibles para la movilidad social y el combate a la reproducción intergeneracional de la pobreza.
Las familias de las comunidades rurales realizan enormes esfuerzos económicos para enviar a sus hijos a estudiar a Miahuatlán, pues los costos de transporte, alimentación y hospedaje representan una carga económica significativa. En este contexto, la existencia de un albergue estudiantil no constituye un lujo, sino una necesidad fundamental que determina si un joven puede o no acceder a la educación media superior y superior.
Por ello, la creación del albergue estudiantil “Juan Manuel Celis Ponce”, gestionado por la FNERRR en 2013, representó un logro significativo para quienes deseaban estudiar. Pero el proceso no fue fácil: el inmueble no se construyó completo, fueron necesarias varias luchas para que cada etapa avanzara, de tal forma que este importante proyecto dejó de construirse en 2017, quedando inconcluso, sin instalación eléctrica adecuada y sin equipamiento de cuartos ni comedor, esto a pesar de múltiples gestiones estatales y municipales.
Sin embargo, a pesar de que no estaba en condiciones óptimas, ante la carencia de opciones, un número considerable de estudiantes habitaban en él, con todo y las dificultades que enfrentaban.
Pero, el 26 de abril de 2025, la administración municipal de César Figueroa violó no sólo el derecho a la educación de los fenerianos de la Sierra Sur, sino que atentó contra el “Estado de derecho” y a las instancias superiores, algo que lamentablemente se ha vuelto común en cada vez más gobernantes emanados de la 4T, pues sin orden judicial alguna y con un aparatoso operativo policial, invadió el albergue, aprovechando que los estudiantes estaban de vacaciones.
Días después, en un penoso montaje, presentó un video con imágenes del supuesto desorden en que se encontraba el inmueble que él alega es un bien municipal que ha recuperado para los miahuatecos.
En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, el edil incurrió en múltiples contradicciones que revelan la inconsistencia de su narrativa. Inicialmente negó que hubiera moradores en el albergue, para posteriormente acusar a los estudiantes de drogarse y hacer cosas ilícitas sin presentar evidencia alguna que sustente tales afirmaciones difamatorias.
Cuando una reportera le cuestionó por qué no presentaba denuncia formal si tenía conocimiento de actividades ilícitas, Figueroa respondió que no tenía sentido, evidenciando que sus acusaciones carecían de fundamento.
Además, en dicha entrevista, aceptó que existe un comodato por 90 años en beneficio de los estudiantes que trajeron recursos extraordinarios para ese municipio con los cuales se construyó el albergue.
Las acciones autoritarias del presidente municipal Isidro César Figueroa Jiménez no constituyen casos aislados, sino que forman parte de un patrón de comportamiento problemático que ha sido documentado públicamente.
Diversos videos han circulado mostrando al funcionario manejando las patrullas municipales en estado de ebriedad y haciendo escándalos en espacios públicos, evidenciando el autoritarismo y la impunidad con que se maneja. Incluso su propia policía municipal se ha visto obligada a detenerlo por desorden público.
La combinación de problemas personales con el alcohol, conductas antisociales y el uso sistemático de la violencia institucional configura un perfil de funcionario público que representa un riesgo para la gobernabilidad democrática y el respeto a los derechos humanos en el municipio.
Por ello, nos atrevemos a decir que si, a pesar del autoritarismo, de la violación a la Constitución y del perfil inadecuado para estar al frente de un municipio tan importante como Miahuatlán, si a pesar de ello el gobierno estatal no sólo no interviene, sino que incluso no ofrece una alternativa de solución a estos estudiantes, lo menos que podemos decir es que hay complicidad para que los presidentes morenistas violen la ley.
Porque no se puede entender cómo, a pesar de que conforme al Código Penal del Estado de Oaxaca la ocupación del inmueble por parte del edil y de la policía municipal de Miahuatlán, sin mediar orden judicial, configura claramente el delito de despojo, el gobernador Salomón Jara no haya tomado cartas en el asunto.
Este patrón de comportamiento autoritario se enmarca en una tendencia nacional preocupante, de algunos funcionarios públicos que interpretan su investidura como una patente de corso para actuar al margen de la legalidad, justificando sus acciones en una supuesta representación de la voluntad popular que los exime del cumplimiento de procedimientos institucionales.
Pero la historia ha dado lecciones suficientes acerca del autoritarismo. La sociedad no acepta nunca que, aparte de que se cancelan sus derechos constitucionales, las autoridades recurran a la represión para contener su inconformidad, como es el caso de César Figueroa, que con una clara actitud gansteril intenta intimidar a estos jóvenes que luchan por educarse para traer progreso a sus familias y comunidades.
Por nuestra parte, como decía al principio, iniciamos una lucha nacional que podría escalar a buscar a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se haga justicia. Pero creemos que no es necesario, que lo que la FNERRR defiende es un derecho legítimo, no un capricho.
Además, la indiferencia gubernamental ante estos problemas no es saludable en este contexto de inconformidad creciente con el magisterio nacional y a la que se vienen sumando otros sectores de burócratas por el conflicto de las pensiones; además, con la radicalización de los colectivos de buscadores de familiares desaparecidos y el malestar social por la creciente violencia; y, con la embestida del imperialismo estadounidense que está deportando masivamente a nuestros compatriotas que laboran en ese país, impone aranceles a las exportaciones mexicanas y chantajea a la 4T con perseguir judicialmente a funcionarios y exfuncionarios morenistas para obtener ventajas económicas que alivien su crisis continua.
Y no es saludable para el país, porque esto podría desencadenar movimientos de masas nacionales que sumen a cientos de miles de miembros de otros sectores que ven su problemática agudizarse a límites insoportables, con desmedida celeridad.
Finalmente, envío un saludo cariñoso a mis compañeros estudiantes de Miahuatlán y de Oaxaca, diciéndoles que no están solos, que su lucha es compartida por todos aquellos que entendemos que la educación es un derecho fundamental que no puede ser sometido a los caprichos autoritarios de funcionarios que han perdido la perspectiva de su responsabilidad social. Sus compañeros de Guerrero estamos listos para dar la lucha contra las injusticias cometidas contra ustedes.
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