En mi anterior colaboración contrasté la campaña de represión y calumnias que ha desatado López Obrador contra las organizaciones y, en concreto contra el Movimiento Antorchista Nacional, con los hechos que demuestran la corrupción que priva en su gobierno y en especial en su familia misma.
Pero como puede parecer que mi opinión se reduce a comparar simplistamente las calumnias que se han vertido contra los antorchistas con la demagogia de Obrador que ha quedado desnuda al exhibir la corrupción que priva en la 4T, hoy me permito profundizar en lo que al final de las cuentas debe preocuparnos a todos los mexicanos. Esto es, que ese discurso contra la corrupción ha sido usado como justificación para que se acepten políticas públicas de un gobierno que ha llevado a nuestro país a una crisis generalizada.
Por ejemplo, la sustitución del Seguro Popular por el INSABI, con ello, más de 15 millones de mexicanos han perdido los ínfimos servicios de salud con que contaban; la cancelación de proyectos como el aeropuerto de Texcoco y de la fábrica Constellation Brands, que provocó el retiro de cientos de miles de millones de dólares de capital extranjero y nacional e inhibió la inversión, por lo que la economía no sólo no crece, sino que no ha recuperado el nivel que tenía antes de la pandemia; o la reciente, la cancelación de las Escuelas de Tiempo Completo, hace unos días, ha provocado que más de 3.6 millones de niños hayan visto afectados su educación y la alimentación que recibían gracias a ese programa.
Pero no solo nos vemos afectados por estas cancelaciones, sino además, porque se están haciendo recortes importantes a rubros sensibles para todos los mexicanos, por ejemplo, en el 2021, se registró una reducción al gasto federalizado de los estados y municipios, de 115 mil millones de pesos, lo cual afecta principalmente a seguridad e infraestructura, llegando incluso a desaparecer programas como el Fondo de Protección Social en Salud, antes destinado al Seguro Popular y que en 2020, ejerció 72 mil millones de pesos.
El federalismo y la política de inversión pública van en reversa, porque el gobierno federal recentralizó el presupuesto transferido para infraestructura, pero no para gastarlo en los estados, sino en los proyectos insignia de la 4T y aunque en 2019 el presupuesto federal para obra pública aumentó en más de 80 000 mdp, la construcción pública ha decrecido, esto se explica porque el Ramo 23 que transfería recursos a los estados para infraestructura, ha disminuido. Según la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del INEGI, en 2019 la obra pública disminuyó en 23.4%, además, según la SHCP, el ramo 23 transferido a los estados disminuyó en 68% y quedó con una bolsa de 52 368 mdp, se utilizaron, pero se etiquetaron como subsidio a las tarifas eléctricas.
Esto se demuestra, por ejemplo, en el caso concreto de Oaxaca, en que el presidente ha presumido que se destinaron 12 mil millones de pesos para obras, pero este recurso va destinado al corredor Interoceánico, las carreteras al Istmo, la Costa y la ampliación de la vía la Ventosa-Acayucan o el rompeolas en Salinas del Marqués, mientras al presupuesto estatal, según declaraciones de las autoridades estatales, se les recortó 1500 millones de pesos el año pasado. Los efectos de estas medidas equivocadas, las vimos en el despido de más de 2100 trabajadores de salud en plena pandemia, por ejemplo.
Pero por si esto fuera poco, vemos que el gobierno de la 4T se ha caracterizado por la corrupción escandalosa en estas obras que se han asignado de manera directa, y que además, han disparado el sobre costo y no se han terminado correctamente como el aeropuerto de Santa Lucía, que a pesar de haberse inaugurado no está en condiciones de funcionar correctamente, pues las obras carreteras que se requieren para la conectividad, según especialistas, no estarán listas en este sexenio, o por ejemplo el cambio de ruta en el tren maya que ha costado… y que ha generado el peor ecocidio de que se tenga conocimiento en nuestro país o, por ejemplo, el que el presidente venga casi cada mes a supervisar las obras arriba mencionadas para supuestamente revisar sus avances y que estas no tengan más allá del 60%.
Esto da como resultado que los oaxaqueños no vean avances en el combate a sus carencias en obras y servicios, por ejemplo, en agua potable, pues según la Semarnat, en la entidad 408 mil 983 ciudadanos se abastecen de agua potable de una fuente que no es entubada (El Imparcial, marzo 25-22). que al conculcar el derecho constitucional a organizarse o agruparse para la defensa de sus legítimos intereses, millones de ciudadanos ahora sean carne de cañón de Morena que condiciona los apoyos que brinda a través de los llamados “Servidores de la Nación”, que no son otra cosa que activistas políticos
En conclusión, el resultado, de este tremendo error político que significó permitir que Obrador y su 4T llegaran al poder, nos está costando a los mexicanos que estemos sumidos en una crisis generalizada y que no haya indicios que nos digan que las cosas van a mejorar, porque por si esto no fuera suficiente, el gobierno de López obrador se consume día a día en luchas intestinas a todos los niveles de su movimiento, lo que nos dice que no habrá consenso, que no habrá una administración que dedique sus esfuerzos a corregir los graves problemas que nos agobian. Por lo tanto, para los mexicanos cada vez se hace imperativo entender el contexto en que nos debatimos, la gravedad de la ruta por la que vamos al precipicio social y económico.
La tarea es entender el problema de fondo, explicárselo a los sectores afectados y convencerlos de sumarse al surgimiento de una fuerza social cada vez más urgente para enderezar el camino de nuestra sociedad. Urge educar, concientizar y a organizar a los sectores relegados. Organizarse y luchar.
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